MADRID (apro).— La Fiscalía Anticorrupción española solicitó este miércoles la imputación de la entidad financiera BBVA como persona jurídica, por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares al haber encargado labores de espionaje al polémico comisario de la Policía Nacional, Juan Manuel Villarejo, hoy en retiro y en prisión.

De acuerdo a la acusación, el BBVA, entonces dirigido por Francisco González, contrató en 2004 a Villarejo para espiar y hacer seguimientos de los directivos de la constructora Sacyr, que pretendía tomar en forma hostil el control accionarial del banco, y de funcionarios del gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Villarejo, entonces en activo como comisario de la Policía Nacional, fue contratado a través de su empresa Cenyt, mediante la cual pagaba dádivas a algunos directivos del banco para ser contratado, según Anticorrupción.

Las actividades ilícitas de Villarejo y que hoy tienen en el ojo del huracán a la segunda institución bancaria por volumen de negocios, se deriva de la documentación incautada en los cateos practicados en noviembre de 2017 con el estallido de la Operación Tándem –contra Villarejo— y de la información que el banco ha entregado a requerimiento de la Audiencia Nacional.

La investigación acredita la contratación de Cenyt y los pagos presuntamente ilícitos por las actividades de seguimiento de los directivos de Sacyr. También se espió a Miguel Sebastián, jefe de la Oficina Económica de la presidencia en el gobierno de Zapatero, porque el gobierno no frenó el movimiento de Sacyr dentro del banco. El espionaje incluyó intervenir sus comunicaciones y su historial bancario y crediticio, incluso, existen grabaciones que aluden a informes de la vida de personal de alguno de los espiados.

Las pesquisas han acreditado hasta ahora que Villarejo espió no solo a estos directivos, sino a todos los críticos al presidente del banco, Francisco González, quien tuvo absoluto conocimiento de la contratación del excomisario para realizar esas labores ilícitas.

Los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa consideran que la maniobra implicó una “reiterada injerencia en los derechos fundamentales” de las personas implicadas “mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria”.

BBVA en México es el banco número uno (con activos por 2,137,068 millones de pesos, según la CNBV) y su filial en este país representa casi la mitad de su negocio global.