CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá desecharon las controversias constitucionales contra la llamada “Ley Bonilla” que promovieron los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana, Baja California, por “notoria y manifiesta improcedencia”.

Ambos ministros integrantes de la Comisión de Receso de la SCJN, al analizar las acciones de inconstitucionalidad 269/2019 y 271/2019, consideraron su improcedencia por haber sido promovidas en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso.

“Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda promovida en vía de controversia constitucional por el municipio de Mexicali, Baja California”, señalaron en la resolución 269/2019. Criterio que también fue aplicado en el expediente 271/2019 presentado por la alcaldía de Tijuana.

El pasado lunes, Gustavo Sánchez, alcalde panista de Mexicali, acudió ante la SCJN a presentar una controversia con la que buscó impugnar el proceso legislativo que avaló la ampliación del mandato para el gobernador electo, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

Específicamente, la modificación a la reforma del Octavo Transitorio Constitucional, avalado la noche de ayer en una sesión del congreso local, con el fin de ampliar el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla.

“El día de hoy estamos compareciendo como gobierno municipal de Mexicali para presentar ante la Corte la controversia constitucional en contra de esta aberrante reforma que se hizo en contra de la Constitución Política de Baja California”, dijo a su salida en donde exhibió el acta con la que busca darle sustento a la controversia.

Tras desechar la acción de inconstitucionalidad, Esquivel Mossa y González Alcántara consideraron que lo “anterior, no prejuzga la admisibilidad de medios de impugnación diversos, o eventuales”. Por lo que, en un futuro, ya que haya sido publicado el decreto que avale la reforma a la constitución bajacaliforniana, podrán presentar dicho recurso.

La noche de ayer, durante la sesión extraordinaria que llevó a cabo a puerta cerrada en el Palacio Municipal de Rosarito, el Congreso de Baja California aprobó la declaratoria de procedencia del decreto que deroga el artículo 8 transitorio de la Constitución del estado para aumentar el plazo de la gubernatura.

Ante ello, señaló que el Congreso enviará el decreto para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, acción que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid ha dicho que no hará, por lo que en un plazo máximo de 35 días la reforma se publicará por orden directa del presidente del Congreso en funciones que corresponderá a la XXIII Legislatura.