CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Ante denuncias de organizaciones sociales por actos de hostigamiento e intimidación a casas de migrantes por parte de efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a favor de albergues en Sonora y Coahuila.

En un comunicado la CNDH informó que las medidas cautelares se emitieron a favor de los albergues Exodus Came, en Agua Prieta, Sonora, y Casa del Migrante, en Saltillo, Coahuila, luego de que personal de las corporaciones señaladas acudieran a las instalaciones “para realizar revisiones del estatus migratorio” de las personas alojadas en esos lugares y pedir información sobre ellas.

El organismo condenó “el hostigamiento, amenazas y presiones que dicho personal del servicio público federal realizó contra la labor que las personas defensoras realizan en favor de las personas en contexto de migración y las instalaciones de los albergues habilitados por la sociedad civil”.

De acuerdo con la CNDH, el 28 de junio la directora del Exodus Came denunció que afuera del inmueble se encontraban tres vehículos y 20 elementos identificados como Guardia Nacional, “quienes intentaron ingresar al albergue, además de solicitar información sobre las personas que ahí se encontraban”.

En el caso de la Casa del Migrante en Saltillo, administrada por la organización civil “Frontera con Justicia”, el organismo fue notificado que integrantes de la Policía Federal acudieron a “revisar el estatus migratorio de las personas alojadas allí”, en tanto que “el encargado del albergue fue amenazado y advertido” por los agentes federales de que “posteriormente acudirían con representación del Instituto Nacional de Migración (INM) para acordonar el lugar”.

El organismo añadió que el jueves 24, visitadores adjuntos acudieron al albergue, donde su director, Alberto Xicoténcatl, informó que “a las 11:15 horas del 23 de julio pasado se realizó un operativo policial afuera de las instalaciones, con presencia de elementos y unidades del Ejército Mexicano y de Policía Municipal de Saltillo, quienes perseguían y trataban de detener a tres personas extranjeras que se alojaban allí y que momentos antes habían salido de las instalaciones”.

Al exigir a autoridades de los tres niveles de gobierno respeto a la Ley de Migración, la CNDH citó en su comunicado el artículo 76 de dicha legislación, que instruye que el personal del INM “no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a migrantes”.

Tras reconocer “la relevancia y trascendencia social” de los defensores de migrantes, la CNDH condenó “que su trabajo sea obstaculizado mediante la estigmatización y el descrédito, que afectan de manera profunda y sensible a quienes ejercen esa actividad, y les coloca en situación de mayor vulnerabilidad”.

Apuntó que “cualquier acto de hostigamiento, amenaza o presión hacia la labor que realizan los albergues, sus integrantes o directivos debe reprocharse en un momento tan sensible y complejo como el que atraviesa el país en materia migratoria, ya que dichas instalaciones se han constituido en espacio de alojamiento y generosidad hacia las personas y familias, niñas, niños y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad y han dado respuesta alternativa y humanitaria en México”.

El organismo llamó a los tres niveles de gobierno a reconocer “la labor altruista que realizan los albergues, espacios producto de la sociedad civil, sobre todo porque prestan servicios y atención que legalmente corresponden a las autoridades gubernamentales”.

Tras indicar que observará el cumplimiento de las medidas cautelares, la CNDH concluyó recordando que la migración es un derecho humano, “y si bien todo país tiene potestad de implementar un margo legal para regularla, dicha normatividad debe preservar la integridad de las personas, proveerles trato digno, evitar criminalización y, sobre todo, manifestarles sus derechos y otorgarles acceso a un proceso de regularización migratoria”.