ENSENADA, B.C. (apro).- El presidente de la Confederación Nacional de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther; el exrector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Juan Manuel Ocegueda Hernández, y el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, entre otros funcionarios, deben ser investigados para conocer su grado de participación en la instauración de la peor crisis financiera que enfrenta la institución académica en su historia de 62 años. Así lo exigieron en rueda de prensa estudiantes con matrícula y alumnos rechazados para ingresar en este ciclo escolar a la UABC, quienes precisaron que el gobierno del estado adeuda a la casa de estudios mil 52 millones de pesos, y recalcaron que los señalados son protegidos por los diputados de la XXII Legislatura que termina su periodo el próximo miércoles 31. Lo anterior, porque los congresistas se negaron a investigar cómo es que la deuda del gobierno con la UABC creció cinco veces en sólo nueve meses, lo que retrasó la publicación de la convocatoria para estudiantes de nuevo ingreso, dejó fuera a casi 13 mil estudiantes que presentaron examen de ingreso, y afectó los programas de Becas, Movilidad Estudiantil y Académica, Presencia Cultural, Apoyos de Investigación y Apoyo a Proyectos y Servicio Social. Los denunciantes anunciaron que el próximo 1 de agosto, cuando los 25 nuevos diputados tomen protesta como integrantes de la XXIII Legislatura, entregarán un escrito –como lo hicieron en marzo con los congresistas salientes-- donde exigirán que se llame a comparecer a los que “con sus acciones o indolencia” permitieron el débito histórico a la universidad. Y mencionan que el primero que tiene que explicar su participación en el crecimiento desmedido de la deuda es el presidente nacional de la Coparmex y presidente del Patronato Universitario, Gustavo de Hoyos Walther. De acuerdo con Sebastián Pérez, estudiante de séptimo semestre en la Facultad de Ciencias Políticas de la UABC, De Hoyos tenía la obligación de vigilar que se diera una correcta administración de las finanzas universitarias, ya que ocupa la más alta responsabilidad del Patronato Universitario hasta el año 2020. Consideró que el empresario no ha cumplido con esa obligación, porque conocía muy bien cómo crecía la deuda y no atendió adecuadamente la crisis, lo que además originó un incremento en los costos de inscripción para los estudiantes en casi todas las facultades. Pérez explicó que entre las principales atribuciones del Patronato están el manejo de los recursos ordinarios y extraordinarios de la UABC, el inventario y catálogo de bienes del patrimonio universitario, formular y presentar el proyecto anual de presupuesto, y vigilar el correcto ejercicio del presupuesto y los fondos extraordinarios de la institución educativa. De Hoyos Walther, empresario mexicalense nacido en Nuevo León, asumió la presidencia del Patronato en 2015 y la dejará en 2020. Con él, otros empresarios como José Ramiro Cárdenas Tejeda, del Grupo Inmobiliario Express; Adrián Olea Mendívil, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, y Marco Antonio Esponda Guerrero, vicepresidente de Administración de Hisense, coloso multinacional chino de productos electrodomésticos, forman parte del patronato de la única universidad pública en Baja California. Carlos Zayas, alumno de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, reveló que también solicitarán la comparecencia del secretario de Planeación y Finanzas Bladimiro Hernández Díaz, así como del secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, y del gobernador Francisco Vega.

“Todos están involucrados en el aumento de la deuda y, por consecuencia, en el flagrante prejuicio al patrimonio universitario”, destacaron en el documento leído por el alumno José Juan Pillado, miembro del Consejo Técnico de la misma facultad.

De acuerdo con Sebastián Pérez, en la lista de personajes que deben rendir cuentas es posible incluir al exrector Juan Manuel Ocegueda Hernández, quien –dijo-- dejó que la deuda pasara de 200 millones a más de 650 millones en el periodo octubre-diciembre de 2018. El pasado 13 marzo, el actual rector de la UABC, Daniel Octavio Valdez Delgadillo, anunció la firma de un plan de liquidación del débito que el gobierno estatal tiene con la institución educativa. El aviso llegó en el momento justo en que se gestaba un movimiento estudiantil de protesta por los hechos que afectan a una institución que tiene más de 64 mil estudiantes matriculados y ofrece 133 programas de licenciatura. Semanas después –el 13 de junio-- el mismo rector anunció que, “gracias al apoyo del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez”, para gestionar ante la federación recursos extraordinarios con los cuales saldar la mega deuda, la UABC no disminuiría su matrícula y aceptaría en nuevo ingreso a 22 mil 180 aspirantes de un total de 35 mil 500, es decir, sólo quedarían fuera de la universidad alrededor de 13 mil jóvenes. Pero cuatro meses antes --el 26 de febrero--, de acuerdo con un boletín de prensa de la oficina de comunicación del entonces precandidato morenista Jaime Bonilla, “con una rápida y efectiva intervención” telefónica al oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Héctor Garza González, esa institución “transferiría de inmediato” 954 millones de pesos a la UABC, cantidad que representaba el 50% del débito, y se señaló que “en un par de semanas más” se depositaría la otra mitad. Hasta las 12 horas de este jueves 25, el débito a la universidad creció a mil 52 millones 367 mil pesos, y ninguno de los apoyos que el rector Octavio Valdez firmó o acordó con Francisco Vega y Jaime Bonilla se cumplió.