Ancira acusa persecución política de AMLO y se niega a ser extraditado

Alonso Ancira. Foto: Miguel Ángel Reyna Alonso Ancira. Foto: Miguel Ángel Reyna

MADRID (apro).— En su comparecencia ante la Audiencia Nacional, el empresario Alonso Ancira se negó nuevamente a ser extraditado a México, y dijo ser objeto de una “persecución política”.

Asimismo, el llamado “rey del acero” dijo que si al gobierno de Andrés Manuel López Obrador esta en contra de la operación de compraventa de las plantas de fertilizantes (a Pemex), pues “que me las devuelvan”.

“Que me las devuelvan. Si el señor (López Obrador) está en contra, que me las devuelvan. Esta es una transacción en donde participaron bancos internacionales, valuadores internacionales, no crea que están comprando naranjas, participaron yo diría que decenas de gentes, esto está comprobado y todo; (si) el señor dice que valían 50 y yo tengo (documentos) que dicen que valía 600 y que me pagaron 270. ¿No las quiere? Que me las devuelva y que me dé tiempo para pagarle lo que dice que le metió”, dijo a una pregunta expresa en una breve comparecencia ante corresponsales mexicanos a su salida de la audiencia judicial.

Al negarse a la extradición en la audiencia a la que fue convocado hoy por el juez de instrucción 1, Santiago Pedraz, el siguiente paso es que el caso se eleva a una vista de extradición en fecha aún por definir ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, un tribunal compuesto por tres magistrados, el cual resolverá si se cumplen los requisitos para su entrega a México, explicaron fuentes jurídicas.

Ancira fue detenido el 28 de mayo en el aeropuerto de Palma de Mallorca, antes de abordar un avión que lo llevaría presuntamente a Canadá. En la primera audiencia se negó a ser extraditado.

En la denuncia de la fiscalía mexicana contra los investigados (Ancira y Emilio Lozoya) asegura que se produjeron “una serie de delitos” que ocasionaron “un grave daño patrimonial” a Pemex.

En ese momento, por orden del juez Pedraz, Ancira entró a prisión por existir una ficha roja con fines de extradición emitida por Interpol a petición de México.

Sin embargo, un mes después, el magistrado dictó que podía ser el proceso en libertad, pagando una fianza de un millón de euros, con la disposición que no puede abandonar el territorio español y debe comparecer ante un juzgado cada dos días.

Al salir de la cita con el juez Pedraz, Ancira, acompañado de su abogado, dijo, “seguiremos el proceso aquí (en España), confío en la justicia española”, pero alegó que no podía comentar más para no entorpecer el proceso.

Daño colateral

Explicó sus dichos ante el juez, que no quiere ser extraditado a México, “porque la acusación que tengo no tiene fines jurídicos, es un fin político, y cuando entra la política por la puerta, la justicia sale por la ventana”.

–¿Por qué considera que es una vendetta política de López Obrador?

–Es que está persiguiendo gente y a veces hace pagar a gente… nos salpica, fuimos producto de un daño colateral. Está bien, está persiguiendo a gente que puede tener problemas con la justicia, (porque) no fue claro o transparente, pero yo, por ejemplo, no entiendo por qué atacó a mi empresa, le ha causado un daño a miles de trabajadores, está poniendo en riesgo las fuentes de trabajo, no lo sé.

Y aludió a nuevas informaciones sobre el caso. “Porque como el señor (López Obrador) cree que tiene la verdad absoluta… digo, no tiene toda la verdad”.

El empresario del acero alegó que las acusaciones de México en su contra “no son graves, tan es así que en el juzgado en México se dijo que la fianza era de 232 dólares. Aquí el juzgado ha sido mucho más cauto, (le impuso) una fianza que tardé tres días en ponerla de un millón de euros”.

Al ser cuestionado sobre la polémica compraventa de las plantas de fertilizantes por México, Ancira dijo, pues “que me las devuelvan”.

La denuncia presentada por la Fiscalía mexicana el pasado 5 de marzo, atribuye un supuesto sobreprecio en la venta de las plantas de fertilizantes chatarra a Pemex en 2013, cuando ésta era dirigida por Emilio Lozoya, lo que causó un “grave daño patrimonial a esa empresa”.

Según las investigaciones, con el dinero obtenido ilícitamente de esta compraventa el exdirector de Pemex se compró un costoso bien inmueble.

 

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