Fiscalía desecha denuncia por cremación de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle

La ceremonia en la que se despidió a Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso. Foto: Eduardo Miranda La ceremonia en la que se despidió a Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso. Foto: Eduardo Miranda La ceremonia en la que se despidió a Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso. Foto: Eduardo Miranda La ceremonia en la que se despidió a Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso. Foto: Eduardo Miranda

PUEBLA, Pue. (apro).– La Fiscalía General de Puebla desechó investigar si se cometió el delito de desaparición de pruebas, por cremar los cuerpos de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y del senador Rafael Moreno Valle, a las pocas horas de haber ocurrido el percance aéreo en el que perdieron la vida.

En respuesta a una denuncia presentada por los ciudadanos Guillermo Medina Álvarez y Nils Juan Skoglund Benito, la agente del Ministerio Público adscrita a Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción, Silvia Emilia Marrufo, decretó el no ejercicio de la acción penal persecutoria.

En el resolutivo, la agente señala que no se cuenta con datos de prueba para tener demostrado que se cometió un delito en los hechos denunciados.

Peralta Merino relata que la notificación fue expuesta a los dos denunciantes de manera personal el pasado martes, sin que se les permitiera la presencia de abogado y sin que se les dejara tomar nota de los fundamentos argumentados por la Fiscalía.

Explica el abogado que uno de los argumentos que expuso la agente del Ministerio Público es que a los denunciantes no les constaba que la cremación hubiera ocurrido, lo cual pone en entredicho los propios hechos que hasta ahora son públicos.

El 4 de enero, ambos ciudadanos, representados por el abogado Alberto Peralta Merino, acudieron ante la Fiscalía para presentar una denuncia contra quien resulte responsable por el delito que se señala en el Artículo 421, fracción XXXIV, del Código Penal del Estado de Puebla.

Este apartado se refiere a los delitos que afectan la procuración y administración de la justicia, entre los cuales se encuentra el “alterar, destruir, perder o perturbar ilícitamente el lugar de los hechos, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o los instrumentos, objetos o productos del delito”.

 

Necropsia inusualmente rápida

De acuerdo a los denunciantes, este delito se configuró al momento que se procedió a cremar los cuerpos de Alonso Hidalgo y Moreno Valle, a menos de 24 horas de que se desplomara el helicóptero en el que viajaban.

En entrevista, el abogado Peralta Merino recuerda que ese día, de manera inusual, las necropsias a los cuerpos de los dos políticos poblanos, al del asistente de Moreno Valle y de los dos pilotos, fueron realizadas en un lapso de menos de 12 horas.

Luego de este procedimiento, los cuerpos fueron llevados a una funeraria, donde fueron incinerados.

La cronología del percance señala que la caída del helicóptero ocurrió alrededor de las 14:40 horas del 24 de diciembre y los cuerpos llegaron al Servicio Médico Forense (Semefo) a las 22:00 horas de ese mismo día.

Poco después de las 9:00 horas del día 25 salieron de ese lugar para llevarlos a la Funeraria Valle de los Ángeles, y para las 13:00 horas se inició el procedimiento de cremación.

A las 16 horas, las urnas con las cenizas de la mandataria, el senador, el asistente de éste y los dos pilotos que tripulaban la aeronave llegaron a la Plaza de la Victoria, donde se les hizo un homenaje póstumo.

El abogado asegura que el funcionario que autorizó que los cuerpos fueran incinerados cometió un delito, ya que con esto pudieron desaparecer elementos que podrían ahora ser necesarios en la investigación sobre la muerte de las cinco personas que viajaban en la aeronave.

Este hecho, sostiene, tiene mayor relevancia si las autoridades y expertos que están a cargo del peritaje sobre la aeronave confirman que no había desperfecto alguno en el helicóptero Agusta.

“Los cuerpos no debieron ser cremados, debieron conservarse por si era necesario ahondar en las investigaciones, pero principalmente porque son vestigios de un hecho que aún está bajo investigación y que podría ser delictuoso”, explica.

Peralta reitera que el o los funcionarios de la Fiscalía que autorizaron la incineración de los cuerpos cometieron el delito de desaparición de pruebas.

Aclara que, aunque los familiares de las víctimas hubieran pedido este procedimiento, la autoridad estaba obligada a negar la cremación, pues con ello desaparecieron los restos de las cinco personas que viajaban en la nave que forman parte de una averiguación en trámite.

Peralta Merino señala que estos días presentará una impugnación al resolutivo del no ejercicio decretado por la Fiscalía.

Los ciudadanos denunciantes señalan que, además, esta premura por cremar los restos de los dos políticos ha sido uno de los factores que ha abonado a la creencia entre la mayoría de los poblanos, de que tanto Moreno Valle como Alonso Hidalgo siguen vivos.

Indicaron que la conservación de los cuerpos era importante, pues a siete meses de la caída del helicóptero no se han descartado que el percance se haya tratado de un atentado.

“Qué tal si fueron envenenados o si les dieron un somnífero, si en el transcurso de las investigaciones surgen elementos para sustentar esa hipótesis, ¿cómo podrían ahora hacer las pruebas procedentes a los cuerpos, si ya no existen?”, expresó uno de los demandantes.

 

Fiscal defiende la decisión

Al ser cuestionado sobre esta denuncia, el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, aseguró que la decisión sobre cremación fue tomada por los familiares, luego de que el MP cumplió con los requisitos previos, como lo es la identificación y la necropsia, antes de proceder a la entrega de los cuerpos.

“Está más que probado que las decisiones que tomó el agente del Ministerio Público están totalmente sustentadas. Hubo los elementos para que se tomará esa decisión: la identificación y la práctica de la necropsia”, sostuvo el fiscal.

Cabe recordar que las necropsias de las cinco víctimas fueron clasificadas en reserva por un periodo de cinco años.

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