VILLAHERMOSA, Tab. (proceso.com.mx).- El gobierno morenista de Tabasco, a través de su mayoría en el Congreso del Estado, endurece penas carcelarias para quienes cometan delitos contra la libertad de tránsito, calificada por el PRI como “Ley Antimarchas”. El viernes, la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, con mayoría de votos de Morena, aprobó reformas al Código Penal del Estado para aumentar hasta 13 años las penas carcelarias contra quienes cometan delitos contra la libertad de tránsito, así como de oposición a que se ejecute trabajos y obras públicas e interrumpir o dificultar el servicio público de comunicación. La iniciativa la envió el gobernador Adán Augusto López Hernández y el dictamen aprobado será bajado al pleno el próximo lunes 29, donde Morena tiene amplia mayoría. La diputada morenista, Julia del Carmen Pardo, presidencia de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, justificó que se trata de “meter orden” porque diversos sindicatos pelean contratos y cierran accesos a sitios donde se realizarán obras, principalmente relacionadas con la industria petrolera. Y es que ante el nuevo “boom” petrolero, se han reactivado las protestas y bloqueos de campesinos a instalaciones de Pemex por supuestos daños ambientales, así como de líderes sindicales que exigen empleos para sus agremiados. Ante ello, el jueves 25, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, se reunió en la 30 Zona Militar de Villahermosa con el general Pedro Escalera Cobián y representantes de la V Zona Naval, de la Guardia Nacional y del gobierno del estado para analizar estrategias y apoyos para mantener libres los accesos a instalaciones petroleras. El encuentro fue privado, pero trascendió que el director de Pemex expuso su preocupación por los bloqueos que, dijo, impactan de manera negativa en las metas de producción establecidas por el gobierno federal. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ofreció redoblar su apoyo pero, aclaró, sin provocar confrontaciones sociales en las zonas conflictivas, mediante métodos disuasivos para desactivar los bloqueos a pozos e instalaciones petroleras. El diputado local priista, Gerald Washington, exigió que Pemex cumpla y pague las afectaciones causadas por derrames de hidrocarburos. Informó que en Huimanguillo- su municipio natal- existen 20 bloqueos porque la empresa SENEGAS, que trabaja para Pemex, no quiere pagar afectaciones y los campesinos inconformes no son atendidos por Pemex ni por la Secretaría de Energía (Sener). En reunión con diputados locales, las doctoras e investigadoras de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-México, miembro del Conacyt), Marcela Torres Wong y Giselle Zarenberg, revelaron que Tabasco ocupa primer lugar nacional en derrame de hidrocarburos con 64 casos y hay muy poca posibilidad de tramitar estos conflictos vía poder judicial. Citaron como ejemplo el caso del incendio del pozo petrolero Terra 123, ocurrido en octubre de 2013, que provocó afectaciones a más de 40 mil habitantes sin que recibieran indemnizaciones. Manifestaron que, a diferencia de otros estados donde las comunidades siguen procesos de amparos, en Tabasco es muy débil la vía judicial para reclamar indemnizaciones por daños de hidrocarburos y por ello se recurre a las movilizaciones y bloqueos de instalaciones. Mayores castigos De aprobarse en el pleno la “Ley Antimarchas”, a cualquier persona que impida total o parcialmente libre tránsito de personas se impondrán prisión de uno a cinco años, y la penalidad se incrementará el doble cuando se haga acompañar de menores de edad. Por oposición a la ejecución de trabajos y obras públicas, se aplicará prisión de 6 a 13 años y por interrupción o dificultad del servicio público de comunicación, de seis meses a cuatro años. Para quienes obstaculicen vías de comunicación, secuestren o retengan un transporte público, se harán acreedores de uno a 8 años de cárcel. Y si el delito es cometido por un ex o servidor público, así como por ex o miembros de corporación policiaca, adicionalmente se le inhabilitará de 5 a 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión. La bancada del PR, a través de la diputada Ingrid Rosas Pantoja, alertó que las reformas al Código Penal de Tabasco no solo es para tratar de frenar bloqueos a instalaciones petroleras, sino también para inhibir el derecho ciudadano de manifestarse en contra del gobierno federal, estatal o municipal o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas. Dijo que al gobierno morenista de Tabasco no le ha bastado la 'Ley del Garrote' aplicada recientemente a madres y estudiantes que exigían espacios en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), las cuales fueron reprimidas por policías antimotines tras bloquear la avenida Universidad el pasado 8 de julio. “Ahora quieren volver delincuente a cualquiera que se atreva a reclamar un derecho o exigir un servicio, creando una Ley Antimarchas", protestó. Es sorprendente ver, añadió, que quienes antes bloqueaban pozos petroleros, tomaban instalaciones públicas, cerraban carreteras, calles y avenidas, “hoy que son gobierno quieren prohibir esos actos”. Dijo estar segura que el presidente Andrés Manuel López Obrador, “desconoce este atropello que se quiere hacer”, porque no lo permitiría, “ya que él siempre reclamó el derecho a manifestarse libremente y lo usó constantemente hasta antes de acceder a la Presidencia de la República”. “Fue el principal orquestador de marchas, plantones, éxodos, bloqueo de calles, tomas de plazas públicas, tanto en el estado, como en la Ciudad de México, reclamando supuestos fraudes electorales, actos de corrupción e indemnizaciones por daños causados por Pemex”, remató.