Los costos de administrar el caos

Andrés Manuel López Obrador, durante la ceremonia en la que se pronunció como Presidente Legítimo de México, en 2006. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2006, ante las dudas sobre los resultados de la elección presidencial, la revista Proceso intentó un ejercicio periodístico de transparencia para que la sociedad mexicana pudiera conocer qué pasó más allá de lo dicho por las autoridades electorales que le dieron el triunfo a Felipe Calderón a costa del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de la interferencia del entonces presidente Vicente Fox y de la cúpula empresarial.

La revista pretendió acceder a las boletas electorales para verificar que, en efecto, voto a voto, Calderón había ganado la presidencia de la República. Se trató de emular el ejercicio que había hecho en el año 2000 el diario The New York Times cuando el republicano George Bush ganó la presidencia de Estados Unidos al demócrata Al Gore.

El Times tuvo acceso al material electoral del estado de Florida, donde se decidió la elección, y confirmó que Gore había obtenido más votos, pero por el sistema de democracia indirecta de ese país, Bush junior ganó gracias a los votos de los colegios electorales.

En momentos en que López Obrador se declaraba “presidente legítimo” de México, la revista, apoyada en la Ley de Acceso a la Información le pidió las boletas al entonces Instituto Federal Electoral (IFE, ahora Instituto Nacional Electoral, INE).

Ante la negativa, se comenzó un litigio que se amplió cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también negó el acceso a las boletas. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por un solo voto, 6 contra 5, no se pudo materializar lo que Proceso en todo momento planteó como un ejercicio de acceso a la información y transparencia.

Felipe Calderón acusó al medio de querer provocar un caos y hasta de poner en riesgo la seguridad nacional. Eso fue lo que su gobierno argumentó cuando el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que Calderón había colocado a uno de los magistrados electorales que habían calificado su elección.

El organismo interamericano se negó finalmente a tomar el caso y Proceso lo llevó al Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde los gobiernos que lo integran tampoco quisieron tomarlo bajo el argumento de que las autoridades electorales habían hecho bien su trabajo.

Después de siete años, el litigio se cerró en definitiva en 2013, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Calderón cargó con ese intento de ejercicio periodístico y de transparencia durante todo su sexenio y que fue motivo de estudio sobre el acceso a la información y la transparencia en materia electoral.

La revista pagó las consecuencias de su propósito. En un claro castigo, “por portarse mal”, según la narrativa de moda, Calderón redujo prácticamente a cero la publicidad oficial hacia la revista. Pero no se quedó ahí. Emprendió una peligrosa medida que puso en un riesgo físico a la revista y sus periodistas.

A la mitad de su sexenio, cuando estaba en pleno la guerra que había declarado al narcotráfico, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el hombre de los montajes, preparó una escenografía en la que presentó a la revista como parte de la logística con la que operaba La Familia Michoacana, el grupo de narcotráfico que le infringió numerosas y graves bajas a la Policía Federal.

Durante dos días, el 29 y el 30 de julio de 2009, hace justo diez años, presentó a una de las tantas células que dijo desarticular de ese grupo delictivo. Mostró a sus integrantes junto con armas, aparatos de radiocomunicación, llaves de autos y otros elementos con los que se movían, entre ellos ejemplares de Proceso.

La revista se inconformó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por considerar que se trataba de un acto intimidatorio, violatorio de la libertad de prensa. El mensaje implícito para los enemigos de la Familia Michoacana, era que esta organización delictiva y en particular uno de sus jefes, Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta, era afecto a la revista.

La Secretaría de la Defensa Nacional replicó esa práctica y en un operativo en el que detuvo a un grupo que presentó como perteneciente a Los Zetas, en Veracruz, desplegó también ejemplares de la revista como parte de lo asegurado.

La CNDH se negó a considerar el acto del gobierno de Calderón como violatorio a la libertad de expresión y aseguró que lo que hizo García Luna fue un mero ejercicio de difusión.

Proceso quiso conocer los argumentos de la CNDH para llegar a esa conclusión. El organismo negó el expediente bajo el argumento de que el caso estaba bajo investigación por parte del ministerio público.

De nueva cuenta Proceso emprendió un juicio que después de varios años resolvió la Suprema Corte de Justicia al anular una porción de la ley de transparencia respecto al secreto que favorece a la autoridad ministerial en la investigación de los delitos.

Hace una década, esas batallas le venían bien al llamado presidente legítimo. Ahora, convertido en presidente constitucional, la revista pasó a ser un medio que “administra el conflicto, el caos, el amarillismo”. Algo parecido decía Calderón.

@jorgecarrascoa

 

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