El 22 de julio el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, se enteró de que había sido removido de su cargo cuando le presentaron a su remplazo. El motivo aparente es que se negó a aplicar algunas de las medidas de austeridad propuestas por el presidente López Obrador. En entrevista con Proceso, el extitular del organismo advierte que si bien el gobierno federal no ha atentado contra la integridad del Consejo, el jefe del Ejecutivo ha insinuado que podría hacerlo y pasar sus funciones al INEGI, lo que, advierte, “sería un error muy grave”. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En los últimos dos meses Gonzalo Hernández Licona se negó a aplicar algunas medidas de la “austeridad republicana” en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); por ejemplo, rechazó deshacerse de los 18 directores generales adjuntos y recortar 20% de la estructura del organismo autónomo, equivalente al despido de 64 personas. La tarde del pasado lunes 22 un grupo de funcionarios de la Secretaría de Bienestar, al frente de quienes iba el abogado general de la dependencia dirigida por María Luisa Albores González, llegó a la sede del Consejo; subió al octavo piso y le enseñó a Hernández Licona un oficio presidencial en el que se informaba del nombramiento del doctor José Nabor Cruz Marcelo como nuevo secretario ejecutivo del Coneval. “No renuncié. Me dieron el papel y me dijeron: ‘Oye, aquí está otro, maestro’; me dan la notificación de que hay alguien más en mi puesto, que fui remplazado”, recuerda Hernández en entrevista con Proceso. Si bien afirma que no tiene “ningún reclamo” respecto a su remplazo y que el Coneval “no se niega a la austeridad”, el ahora exfuncionario –quien encabezó el organismo autónomo desde su creación, en noviembre de 2005– insiste en que “si aplicamos la austeridad exactamente como dicen, el Coneval va a tener graves problemas de operación”. En entrevista con este semanario Hernández cuestiona algunas decisiones del gobierno en materia de política social –el recorte al programa de estancias infantiles, la aparente eliminación de Prospera y la abierta desconfianza hacia estructuras de la sociedad civil– que, sumadas a la austeridad, podrían afectar a los más vulnerables e ir contra la política de “primero los pobres”, impulsada desde el gobierno federal. Estima que el gobierno no sólo debe transferir recursos a los beneficiarios de los programas sociales, sino también invertir masivamente en salud y educación para garantizar un acceso efectivo a los derechos en esas materias; para ello se necesita una “política redistributiva más agresiva”, que pasaría por una mayor recaudación de impuestos a los más ricos, entre otros. Hernández considera que desaparecer el Coneval y encargar la medición de la pobreza al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del pasado jueves 25, “sería un error muy grave”, pero asegura que las declaraciones del mandatario no generaron pánico en la institución. (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2230, ya en circulación)