LOS ÁNGELES.­– Más de un año después de que el presidente Donald Trump pusiera fin oficialmente a las separaciones familiares de migrantes en la frontera sur, las autoridades migratorias continúan separando a las familias de forma rutinaria por razones menores, como un padre que no cambia el pañal de un bebé o tiene una citación de tráfico por conducir sin licencia, según nuevos documentos presentados el martes en un tribunal federal. Más de 900 niños han sido separados de un adulto, generalmente uno de sus padres, con quienes llegaron a la frontera sur desde junio de 2018, según el recuento proporcionado por el Departamento de Justicia a la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU). “La administración (de Trump) todavía está recurriendo a la separación familiar bajo el pretexto de que están protegiendo a los niños de sus propios padres, a pesar de que el historial criminal que están citando es incorrecto o sorprendentemente menor”, dijo Lee Gelernt, del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “Esto sólo está eludiendo la orden de la corte”. Los nuevos datos se presentaron ante la jueza Dana M. Sabraw en San Diego, California, como parte de la supervisión continua del tribunal sobre el tema de la separación familiar. En su moción del martes, el grupo de derechos civiles pidió a la jueza que aclarara un conjunto de estándares para tales separaciones, para garantizar que los niños sean separados de sus padres sólo cuando haya evidencia de que el padre es un peligro genuino para el niño o que no es apto para brindarle atención. Las separaciones familiares comenzaron a ocurrir en grandes cantidades en la primavera de 2018 bajo la política de “tolerancia cero” del gobierno de Trump, que exigía que casi todos los adultos que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos se enfrentan a un proceso penal. Los niños que los acompañaban fueron colocados en refugios u hogares temporales. Las familias migrantes a menudo terminaron separadas por cientos o miles de kilómetros de distancia durante semanas o más. Después de que Trump puso fin a esa política y la jueza Sabraw emitió una orden para reunificar a todas las familias separadas, los casos de separaciones cayeron precipitadamente. Pero recientemente han estado subiendo rápidamente, dijo Gelernt, con un total de 911 separaciones en un año. Las últimas separaciones se deben principalmente a crímenes cometidos por los padres, según los nuevos documentos, pero los abogados de ACLU argumentan que muchas de las violaciones son tan leves como las multas de tránsito. “En este momento, el gobierno puede separar (a las familias) en función de cualquier historial criminal, independientemente de la gravedad, y en función de criterios subjetivos”, dijo Gelernt. “Queremos que sólo se separen en circunstancias específicas”. Las separaciones fueron fundamentales para los primeros esfuerzos del gobierno de Donald Trump para disuadir a las familias migrantes de intentar ingresar a Estados Unidos después de viajar por tierra a través de México. Las llegadas de familias disminuyeron mientras la política estaba en vigencia, y aumentaron de nuevo sustancialmente durante el otoño y la primavera.