SAN PEDRO SULA (apro).-- Con escepticismo, enojo o simplemente indiferencia han reaccionado diferentes sectores en Honduras ante el anuncio de que se podrían crear 20 mil empleos mediante la inversión de 30 millones de dólares aportados por el gobierno mexicano a través del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. El gobierno de México destinará recursos del Fondo Yucatán para instrumentar los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y otros para el desarrollo social en el país centroamericano. Reunidos en Minatitlán, Veracruz, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; y el de México, Andrés Manuel López Obrador, firmaron una carta de intenciones donde se comprometieron a ejecutar iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo, contrarrestar las causas que generan la pobreza y lograr una mayor integración social y bienestar para los habitantes de ambos países. Sin embargo, el anuncio de generar empleo en Honduras como un mecanismo para frenar la migración masiva no ha evidenciado muchas reacciones de esperanza. Quizás esto se deba a que no es una promesa nueva. Por ejemplo, cuando asumió su segundo polémico mandato, Hernández en su discurso prometió la creación de 600 mil empleos, y 18 meses después de esas declaraciones los hondureños no ven las fuentes de empleo. En ese contexto, han habido más críticas que elogios ante el anuncio. El expresidente Manuel Zelaya Rosales, líder de la oposición política, a través de su cuenta de Twitter envió un mensaje en el que etiquetó al presidente mexicano, diciendo que “pactar con el dictador que nos impone Estados Unidos y su cruel modelo neoliberal es un respaldo a la injerencia de @realDonaldTrump. Juan Pablo II abrazó a Pinochet y después la iglesia lo canonizó, pero Trump no es la iglesia, es un racista que niega derechos a migrantes”. Antes había tuiteado: “El avión de lujo de ‘JOH’ (Juan Orlando Hernández) en un país tan pobre, vale más que lo que anunciaron en México para la salvación de Honduras”. Esto en alusión a que el presidente hondureño y su comitiva viajó en su propio avión, que al momento de su adquisición el gobierno dijo que era una donación de Taiwán pero que según versiones de prensa -que nunca fueron desmentidas-, costó a las finanzas públicas 13 millones de dólares. Otro político de oposición, Enrique Reina, quien fue representante de la Organización de Estados Americanos en Bolivia, enfatizó los “contrastes: en avión presidencial de un pueblo en extrema pobreza a solicitar recursos y en clase turista a darle ayuda a Honduras”. Junto a su frase posteó fotos de Hernández bajándose del lujoso jet Embraer Legacy y a López Obrador viajando en vuelos comerciales. El diputado Luis Rolando Redondo, también de oposición, fue más duro en sus críticas al apuntar: “Que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se haya sentado con el usurpador de la presidencia de Honduras sabiendo que es quien todo mundo sabe, solo refleja la grandeza del problema de la migración, el cual en gran medida es provocada por los cachurecos y su corrupción y narcoactividades”. Cachurecos les llaman en Honduras a los afines al Partido Nacional, de Hernández. Más adelante señaló que “la migración se resuelve con no reconocer ni permitir que estén en el poder los corruptos y corruptores, de lo contrario todo lo que se haga de nada servirá, solo evolucionará la forma de migrar, pero el problema se ataca de raíz y es levantando muros contra los corruptos, criminales que se apoderan e imponen en el poder para robar”. Incluso, organizaciones que en el pasado han sido moderadas con el gobierno, como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), esta vez se han llamado al silencio. Tampoco la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), una de las más antiguas e influyentes de Honduras, se ha pronunciado sobre el acuerdo firmado. Y es que están conscientes que la economía marcha mal y que la creación de empleo no está resultando fácil. “La situación económica no es alentadora. El crecimiento económico de este año será de 3.3% según lo proyectado por el Banco Central y según los análisis de nuestros asesores  estamos en proceso de recesión, ellos se basan en que la tasa de crecimiento del PIB ha estado disminuyendo, de 4.8% en el 2017 pasó a 3.7% en el 2018 y la proyección del Banco Central para el 2019 es de 3.3%; eso indica que habrá menor crecimiento económico”, señaló el presidente de la CCIC, Jorge Faraj. Además, reconoce que “muchos compatriotas se están yendo porque no tienen un trabajo, hay otros que tienen un trabajo, pero con la devaluación de la moneda se ha reducido el poder adquisitivo del hondureño, el dinero rinde menos”. Y es claro que no perciben que el gobierno esté haciendo lo suficiente para remediar el problema, “porque la prioridad del gobierno ha sido recaudar impuestos y estos recursos no han sido usados de forma eficiente ni transparente y las políticas públicas implementadas han traído más pobreza”. El expresidente del Colegio de Economistas y actual vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH, pública) lo enfatiza de la siguiente manera: “Hace apenas cinco o seis años la Población Económicamente Activa era de 3.7 millones de personas y la población con problemas de empleo era del 30 o 35 por ciento, pero del 2014 para acá (cuando comenzó el gobierno de Hernández), ese porcentaje se ha duplicado a un 60 por ciento de la población con problemas de empleo. Evidentemente eso se debe a problemas de gobernanza”. Entonces lo de los 600 mil empleos hasta ahora es poco menos que una utopía en un país que expulsa entre 300 y 400 personas cada día. Además, la firma de la carta de intenciones se dio en un momento de diversas críticas luego que Facebook anunciara que había cancelado 294 cuentas falsas, de las cuales 181 eran patrocinadas por el gobierno de Honduras para hablar bien de su gestión. Además, de mil 509 páginas falsas eliminadas, mil 488 eran para lo mismo. El mismo reporte establece que el gobierno de Honduras habría pagado 23 mil dólares por esa publicidad en redes sociales, por encima de los 18 mil dólares pagados por entidades de Tailandia, 400 dólares por Ucrania y 100 dólares por Rusia. Por otro lado, tampoco ha despertado mucho optimismo el anuncio de que Guatemala llegó a un acuerdo con el gobierno de Trump para convertirse en un “país seguro”, lo que implica que los migrantes deben solicitar asilo allí y no en la frontera estadunidense.