TOLUCA, Edomex. (apro).- La Alerta por Violencia de Género (AVG) decretada el 30 de julio de 2015 en 11 municipios del Estado de México no ha disminuido la cifra de feminicidios y a cuatro años prevalecen impunidad, corrupción, los presupuestos son insuficientes y las medidas cortas, coincidieron activistas y políticos. Para solicitar la declaratoria, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó, de enero de 2005 al 2010, 922 asesinatos de mujeres por razones de género en la entidad; es decir, 153 al año, en promedio. Sólo en los primeros seis meses de 2019, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 222 mujeres asesinadas en el Estado de México: 42 crímenes tipificados como feminicidios y 180 como homicidios dolosos. La mayor incidencia se reporta en Ixtapaluca, Toluca, Tultitlán, Almoloya de Juárez, Chalco, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec. María de la Luz Estrada, fundadora y coordinadora del OCNF, destacó que hay otros municipios donde el fenómeno es grave, como Tecámac y Texcoco, pero la estadística no los reporta. Para evaluar las 18 medidas de seguridad y 50 acciones obligadas por la AVG, el organismo elaboró un dictamen ciudadano, y encontró que prevalece la negativa de la autoridad para admitir que el problema es sistémico, no aislado, y requiere políticas integrales y coordinadas; tampoco hay mecanismo de seguimiento. Además, las medidas implementadas son cortas, lejanas y pequeñas para la dimensión del problema, hay resistencia para proporcionar la atención adecuada, los esfuerzos que se habían hecho se abandonaron con el cambio de gobiernos estatal y municipales, y la Ley de Servidores Públicos no sanciona omisiones y negligencias. “La ley no está hecha para proteger ni garantizar derechos humanos, sino impunidad y corrupción”, indicó. Para que la alerta arroje resultados positivos, expuso, “necesitamos compromisos reales de las autoridades y no dejarla a la voluntad política”. Xipatl Contreras, consultora para la elaboración del dictamen ciudadano, destacó los feminicidios deben considerarse crimen de lesa humanidad, pues tan sólo en el Estado de México siete de cada 10 mujeres han padecido violencia de género. Recordó que en octubre de 2018, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) reportó como cumplida sólo una de las 18 medidas obligadas por la alerta, seis no presentaban ningún avance y 11 estaban parcialmente cumplidas. No obstante, desde su punto de vista la medición carecía de metodología y por eso fue necesario elaborar un dictamen para detectar, con puntualidad, avances y fallas, de tal manera que estas alturas es posible determinar que las autoridades aún desconocen el nivel del problema, las campañas realizadas no fueron efectivas, falta prevención y las acciones son aisladas. Además, destacó la necesidad de realizar monitoreo gubernamental y externo, seguimiento y evaluación, y generar indicadores de proceso y resultados. Por su parte, la exdiputada local Ana Yurixi Leyva, promotora de la tipificación del delito de feminicidio en la entidad, advirtió que para erradicar la pandemia que estos crímenes representan, se requiere presupuesto y voluntad política. “A cuatro años es nula o escasa la eficiencia (de la AVG), y sigue en aumento la violencia de género”, lamentó. El recurso público federal asignado en 2019, dijo, es el más bajo en los últimos años para las mujeres, mientras los grupos indígenas contarán con el doble y los jóvenes tendrán cinco veces más, aunado a la discrecionalidad, poca transparencia y falta de evaluación con que se ejerce. En cuanto a la voluntad política, pidió que funcionarios y servidores públicos comiencen por eliminar su discurso en el sentido de que las mujeres exageramos cuando hablamos de un estado de emergencia, y citó una declaración esgrimida por el senador Eruviel Ávila cuando era gobernador: “En el Estado de México hay cosas más graves que atender que los feminicidios”. Por separado, Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura mexiquense, destacó la necesidad de ampliar a otras demarcaciones la AVG, pues en su concepción normal quedó rebasada y municipios no considerados tienen una mayor incidencia en la actualidad. Además, admitió, debe proceder la solicitud de segunda alerta de género, ahora por desaparición de mujeres y niñas.