<em>Venezuela cuenta con la central hidroeléctrica ­Simón Bolívar, alguna vez considerada la tercera mayor del mundo, y la termoeléctrica Planta Centro, la más ­grande de América Latina, entre otras muchas fuentes de generación de electricidad. Pese a ello, los apagones se han hecho cada vez mayores y más frecuentes en el país (la semana pasada la nación entera quedó a oscuras varias horas). Y pese a que el gobierno de Maduro habla de sabotaje y ataques cibernéticos de Estados Unidos, expertos consultados por este semanario revelan que todo tiene origen en una administración corrupta e ineficiente.</em> CARACAS (Proceso).- Desde el pasado 7 de marzo el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que los recurrentes cortes de energía eléctrica en el país tienen varias causas: desde “ataques electromagnéticos y cibernéticos” dirigidos por Estados Unidos hasta un atentado a una instalación eléctrica, perpetrado por la “oposición golpista” que, a su juicio, busca derrocarlo. Pero los apagones no son algo nuevo en Venezuela, aunque sí han sido más frecuentes y prolongados este año. La semana pasada quedó de nuevo a oscuras por un apagón nacional de varias horas que afectó a las 24 entidades del país petrolero. Tampoco son nuevas las “causas” que esgrime Maduro para justificar las fallas eléctricas masivas. “Sabotajes” y animales, como roedores y lagartijas, también han formado parte de su repertorio para explicar la crisis eléctrica en Venezuela. Pero expertos en la materia señalan que las fallas son consecuencia de una administración corrupta e ineficiente, que se traduce en la falta de mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Las imágenes que el régimen de Maduro enseña de las instalaciones eléctricas las muestran casi en ruinas. En especial las centrales termoeléctricas que otrora formaban el sistema de respaldo en caso de una avería en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como el Guri, del sureño estado de Bolívar, que suministra 60% de la energía del país y que fue considerada la tercera más importante del mundo. Las termoeléctricas operan a 10% de su capacidad, según cifras de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, cuyo presidente, Winston Cabas, fue blanco de amenazas y persecución por sus declaraciones sobre la crisis eléctrica, al punto de que la semana pasada su hijo fue detenido –sin fincarle cargos– y prontamente liberado. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, responsabilizó a Cabas por el apagón del lunes 22, que dejó a oscuras al país casi ocho horas. En su programa radial Cabello pidió que se abriera una investigación contra el ingeniero por “aparentar ser vidente”, y es que Cabas aseguró en una entrevista en TV Venezuela que el régimen de Maduro no ha hecho “absolutamente nada” para remediar la crisis eléctrica y afirmó que no se tienen los recursos suficientes para superarla. Cabas explica a Proceso que en Venezuela hay entre 16 mil y 17 mil megavatios instalados de energía hidroeléctrica y una cifra similar de fuente termoeléctrica, para un total de unos 34 mil 800 megavatios en el Sistema Interconectado Nacional. De esa cantidad, asegura, “sólo tenemos disponibles entre 12 mil y 13 mil megavatios”. La energía generada por fuentes hidroeléctricas en el sur de Venezuela es transmitida hacia el resto del país por una de las pocas redes existentes en el mundo capaz de operar a un nivel de extra alta tensión: tres líneas de 765 kilovoltios, que recorren 2 mil 300 kilómetros. Venezuela tiene más de 20 centrales de generación termoeléctrica, incluyendo Planta Centro, en el estado de Carabobo, la más grande de América Latina. Y pese a toda esta infraestructura, desde 2009 Venezuela comenzó a sufrir importantes problemas en el suministro de energía. <strong>El fantasma del sabotaje</strong> La versión del gobierno de Maduro apunta al sabotaje. Así lo dijeron el pasado 7 de marzo el entonces ministro de Energía, Luis Motta Domínguez (posteriormente destituido) y el de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Expertos en el tema eléctrico consideran que la crisis es causada por varios factores. El ingeniero electromecánico Juan Carlos Rodríguez, presidente de la firma JCR Ingenieros y experto en energía de respaldo, afirma que hace una década el gobierno del fallecido Hugo Chávez comenzó a “apagar el país”: siderurgia, empresas básicas y cementeras de alto consumo eléctrico, restringió horarios y pidió a hoteles y centros comerciales generar su propia energía, buscando acercar la demanda a la oferta. Esta estrategia apuntó a una reducción del consumo, pero no hay evidencia de inversión, pese a millonarios presupuesto gubernamentales destinados a atender la crisis eléctrica. En 2010 Chávez destinó 5 mil millones de dólares para atender lo que su gobierno decretó como “emergencia eléctrica”. Con ello podía saltarse mecanismos de control, transparencia y licitación para atender la crisis. “La corrupción y obras no terminadas disminuyeron la generación termoeléctrica. El resultado fue el blackout total (de marzo de 2019). Prácticamente ninguna de las plantas del país funcionó. Las perspectivas para el sector no son las mejores”, dice Rodríguez a la corresponsal, y critica que un país petrolero y con recursos energéticos tenga apagado todo el parque ­termoeléctrico. “A través de la emergencia eléctrica, aprovecharon para beneficiar a allegados al gobierno y comprar plantas termoeléctricas usadas”, explica Cabas y señala que el decreto sólo favoreció la corrupción. Un ejemplo es la central de Tocoma, iniciada hace más de una década y cuyo costo subió de 3 mil millones a unos 9 mil 365 millones de dólares para 2015, según el gobierno. Hasta ahora no ha aportado ni uno sólo de los 2 mil 100 megavatios prometidos. Rodríguez explica que “parte de la energía de Caracas se recuperó con los sistemas de 400 kilovatios, pero éste, y los de 200 kilovatios no tienen capacidad de soportar la demanda de la ciudad”, por ello ocurrió el más reciente apagón. “La disponibilidad de electricidad es de un tercio de la capacidad instalada”, señala Rodríguez basándose en un informe del Grupo Ricardo Zuloaga de finales de 2018, que explica la situación del proceso de transmisión, generación y distribución eléctrica en el país. El ingeniero refiere que la forma de atender la crisis ha generado sobrecarga del sistema eléctrico. “Al parar las líneas de alta tensión (de 765 kilovoltios y 400 kilovoltios), no hay otro lado de dónde traer la electricidad, se sobreexplota el sistema y con cualquier falla de un cable, un aislador o un problema ambiental, el sistema se colapsa”. <strong>Sanciones y desinversión</strong> Un factor adicional que expone Rodríguez son las sanciones de Estados Unidos y países de la Unión Europea contra la gestión de Maduro. “Hay que comprar repuestos en países que lo desconocen como presidente legítimo. Estados Unidos, Francia, Alemania o Japón, por ejemplo. ¿Cómo reparas sin repuestos ni asesoramiento de los fabricantes de esa tecnología?”. Ernesto González, sindicalista de la Corporación Eléctrica Nacional en el central estado de Carabobo, declara a Proceso que “98% de los transformadores del sistema eléctrico nacional” cumplieron su vida útil o se deterioraron por la falta de mantenimiento adecuado y las empresas capaces de reponerlas están en países no dispuestos a ayudar a Maduro. Ambos coinciden en que esta modernización de equipos debió hacerse hace una década, cuando no había sanciones. González explica que fabricar un repuesto de esos puede tardar hasta un año, sólo en elaboración, además del tiempo requerido para las pruebas. A esto se suman las limitaciones de personal y unidades para atender las fallas que tiene la empresa eléctrica nacional. Según González, la capacidad de respuesta a las contingencias es prácticamente nula. Cabas indica que la crisis en Venezuela ocasionó la emigración de 60% del personal calificado que el país tenía en el sector; unas 17 mil personas. Para paliar la reciente crisis eléctrica se puso en marcha un racionamiento eléctrico que busca –según voceros del gobierno– recuperar la carga del sistema eléctrico tras los varios apagones que han dejado sin el servicio a casi todo el país varios días. El plan prevé cortes de tres horas diarias, pero los usuarios han reportado hasta 10 días con servicio intermitente. Sin embargo la medida sólo contribuirá al deterioro de la infraestructura de distribución, porque “no está diseñada para apagar y prender”, advierte Rodríguez. “El apagón del 7 de marzo dejó al descubierto la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional y su dependencia casi exclusiva de la cuenca del río Caroní para llevar electricidad a más de 70% del país”, indica. Los expertos coinciden en que si no son atendidas adecuada y oportunamente las causas, la situación, además de agravarse, se convertiría en un problema estructural cada vez más difícil de subsanar. Para Rodríguez es imperativo aplicar un plan de cuatro fases. En primer lugar, enfrentar la emergencia en un lapso no mayor a seis meses, periodo en el que “deberíamos atender las consecuencias de no tener suficiente energía y, además, racionarla”. Luego vendría la contingencia, que “es un periodo un poco más largo, pudiera ser un año, que permita tener las condiciones mínimas para entrar en una etapa posterior de estabilización. Yo no la veo en menos de tres años, porque hay que hacer algunas inversiones cuantiosas para la procura de equipos y repuestos para poner a punto las maquinarias y dar paso a una posible normalización, que sería entre tres y 10 años”. En tanto, para Cabas no hay manera de que el gobierno de Maduro pueda organizar un programa viable para la recuperación del sistema, mientras sólo se tomen medidas improvisadas y provisionales “para dar la impresión de que está haciendo algo”. Mientras tanto, desde marzo Maduro ha destituido a dos ministros de Energía. Igor Gavidia sustituyó a Motta Domínguez; menos de dos meses después Gavidia fue reemplazado por Freddy Brito. En ese lapso han ocurrido cinco grandes apagones nacionales y decenas de cortes parciales. <strong>Este reportaje se publicó el 28 de julio de 2019 en la edición 2230 de la revista Proceso</strong>