CAMPECHE (apro).- Fustigado por los “inflados” costos que presentó al Congreso, el gobierno del estado abortó su intención de volver a arrendar vehículos policiales -estrategia que desde marzo pasado mermó el parque vehicular policiaco-, y en su lugar anunció la compra de un centenar de unidades. Hace unos días, el gobernador Carlos Miguel Aysa González turnó al Congreso una polémica iniciativa de decreto para adicionar a la Ley de Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal recursos hasta por 88.3 millones de pesos para celebrar un nuevo contrato de arrendamiento de 47 vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE). No obstante, la iniciativa fue retirada por el promovente y dada de baja en el inventario de asuntos legislativos. La crítica estalló porque en 2016, el ahora exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas rentó 80 vehículos por un costo de 85 millones 95 mil pesos. El contrato venció en marzo, por lo que al no haberse renovado, la empresa arrendadora se llevó sus patrullas, lo que impactó la vigilancia, pues al haber optado por este esquema, el parque vehicular del estado quedó drásticamente disminuido. En la iniciativa que el Ejecutivo retiró se planteó la renta de 47 vehículos, es decir, 33 menos de los que se alquilaron en 2016, pero con un costo 76.6 por ciento más elevado que en el contrato anterior. Además de dar marcha atrás a la estrategia de rentar los vehículos policiacos, el gobierno del estado salió al pasado de las críticas anunciando que este año comprará cien nuevas patrullas para la SSP y la FGE con una inversión de 43 millones de pesos que serán aportados de manera bipartita con el gobierno federal. Según el secretario de Seguridad Pública, Jorge de Jesús Argáez Uribe, dijo que actualmente la dependencia a su cargo tiene en funcionamiento 220 unidades en todo el estado y ya iniciaron las gestiones para la compra de 65 camionetas, 18 motocicletas y nueve vehículos tipo sedán para ambas instituciones.