Las guerras silenciosas del Sahel

Presencia-militar.Foto: Irene Savio Presencia-militar.Foto: Irene Savio

<em>Níger, el país convertido por Europa en un receptor de refugiados que buscan asilo en el Viejo Continente, no está en la mejor posición del mundo. Además del azote que representa el cambio climático, la región (especialmente por sus vecinos, como Malí, Nigeria, Libia o Burkina Faso) padece una serie de conflictos armados, impulsados unos por el fundamentalismo islámico, y otros por las luchas tribales. Tan grave es la crisis humanitaria y bélica que Estados Unidos y algunos gobiernos europeos han incrementado ahí su presencia militar, como pudo constatar la enviada de Proceso.</em>

NIAMEY (Proceso).- Desde lo alto de los hoteles del centro de Niamey, la capital de Níger, se ve la ciudad con su flaco río como si fuera un Nacimiento. Allí abajo, sin agua potable y cortes de electricidad constantes, aplastada por un calor sofocante, la gente pasea indiferente entre soldados armados con ametralladoras y policías que simulan puestos de control. “Mejor no ponerlos nerviosos. Esto es el Sahel, tierra de miseria e inseguridad”, dice el taxista Hamidai,­ con mirada entristecida.

En su oficina en el centro de la ciudad, Mouslim Sini Mohamed también se debate entre la rabia y la resignación.

Rabia porque su país, Níger, rico en recursos minerales, es uno de los más pobres en el mundo, ahora también víctima de los devastadores efectos de la crisis climática. Y resignación por la peligrosidad de sus vecinos. “De los 5 mil 800 kilómetros de fronteras del país -dice este operador humanitario de la ONG World Vision, con el dedo sobre el mapa- sólo 200 no suponen un riesgo: los del confín con el diminuto estado de Benín”.

En el norte, Níger padece la amenaza de un guerra total en Libia, país que antaño era considerado una especie de El Dorado económico de África. En el sur y sureste, en las fronteras con Nigeria y Chad, persiste la violencia de las bandas del grupo yihadista Boko Haram, que ha infectado desde tiempo el lago Chad y en los últimos cuatro años, también la región nigerina de Diffa.

Allí ya hay 104 mil desplazados registrados por el gobierno y en los primeros meses del año la lucha se ha recrudecido. Sólo en marzo fueron asesinadas 90 personas, según registró la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Y en abril se produjo un ataque kamikaze contra soldados nigerinos, mientras un combe-bomba estalló contra un centro de Médicos Sin Fronteras en la comuna Maine-­Soroa,­ fronteriza con Nigeria. Como resultado se produjo en Diffa lo que los organismos humanitarios llaman de “secondary movement”, es decir el desplazamiento de casi 20 mil personas ya desplazadas.

Al Qaeda en el Magreb Islámico, en cambio, asecha en el desierto de la vecina Argelia, país que además desde 2016 está llevando adelante una política de expulsiones forzosas de subsaharianos, algunos de los cuales estaban afincados en ese país desde hacía tiempo y que, a su regreso, engruesan las filas del desempleo, como han denunciado organizaciones como Human Rights Watch.

Mientras, los ataques interétnicos y yihadistas en Malí se han extendido desde 2016 a Burkina Faso y a las regiones nigerinas de Tillabéri y Tahoua, donde el estado de emergencia sigue vigente desde 2017 tras que quemaran escuelas y secuestraran a civiles. Tanto así que, según los últimos datos de la ONU, unos 5.1 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en las regiones de Burkina Faso, Malí y Tahoua y Tillabéri. “No podemos enfatizar lo suficiente la urgencia de la situación. El futuro de toda una generación está en juego”, explicó recientemente Metsi Makhetha, coordinadora residente de la ONU para Burkina Faso.

Opera en la zona también el Estado Islámico del Gran Sahara, un grupo extremista cercano al Estado Islámico y que en los primeros meses de este año retomó sus actividades en el oeste de Níger e incluso robó vehículos de organizaciones humanitarias para ejecutar ataques terroristas. Uno de esos fue perpetrado el pasado 13 de mayo contra la prisión de Koutoukale, a 35 kilómetros de Niamey y donde hay combatientes yihadistas encarcelados, según el centro de investigación Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

“La situación en Tillabéri ha escalado tanto que ya ni podemos acercarnos a las aldeas para prestar ayuda. Sólo permanecemos en la carretera principal y nunca vamos acompañados por operadores europeos. Es demasiado riesgoso”, se aflige Mohamed. “Por ejemplo, mi ayudante, que es francesa, no puede ir. El peligro es que la secuestren”, añade.

En septiembre pasado un misionero italiano fue secuestrado cerca de la frontera con Burkina Faso y, un año antes, la misma suerte le tocó a la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez Argoti. De igual manera, un empleado de la ONG alemana Help fue secuestrado en abril del año pasado en Ayerou, cerca de la frontera con Malí, confirmó la misma organización.

El propio Malí, donde Francia mantiene una misión militar contra el terrorismo desde 2013, no tiene paz. En marzo, cazadores dozos, de la etnia dogón, atacaron una aldea de la etnia peul, dejando un balance de más de 150 muertos.

A comienzos de junio otro ataque terminó con el asesinato de 35 personas, entre ellos 24 menores de edad, en una localidad de mayoría dogón, Sobane, confirmó el gobierno maliense. Los enfrentamientos entre los dos grupos se han intensificado a causa de la creciente hostilidad contra jóvenes peul, a los que los dozos acusan de estar vinculados con los grupos yihadistas.

Con esto como punto de partida, en marzo una misión del Consejo de Seguridad de la ONU visitó Malí y Burkina Faso, para analizar una situación que ya ha provocado la muerte de casi 5 mil personas y más de mil 200 eventos violentos entre noviembre de 2018 y el pasado marzo, un incremento respectivamente de 46% y 31% comparado con el mismo periodo el año anterior, según registros de la red ACLED. Más de 2 mil 100 fallecidos resultaron ser civiles, precisó la misma fuente.

En mayo, además, también se produjo el desplazamiento al sur de Níger de mil 500 personas provenientes de los estados de Zamfara y Sokoto, del norte de Nigeria, donde además no hay presencia de agencias humanitarias. Las causas, sin embargo, no estarían vinculadas a Boko Haram y remitirían a tensiones entre dos etnias que habitan en esa zona. Estas son el pueblo hausa, el principal grupo étnico de África Occidental y que básicamente son granjeros, y los pastores de la etnia fulanis, que son nómadas.

<strong>Cambio climático</strong>

Situación vinculada es la de la inestabilidad sociopolítica creada por la crisis climática. De acuerdo con la ONU, cerca de 80% de las tierras cultivables del Sahel están deterioradas y la temperatura está aumentado 1.5 veces más rápido que el promedio mundial, en una zona donde la agricultura es el medio de subsistencia de 50 millones de personas.

“En el Sahel lidiamos con economías que no son lo suficientemente fuertes, no tienen resistencia al cambio climático. (…) No hay reservas de alimentos y cualquier año de sequía es un año de recesión. Cuando no llueve, no hay agricultura ni comida”, dice al respecto Ibrahim Thiaw, enviado de la ONU para combatir la desertificación en el Sahel.

Morussa Effilai, periodista de un canal de televisión de la ciudad de Agadez, se toquetea el típico turbante de los tuareg antes de responder cuál es el reclamo que más se debate en las comunidades. “El agua es uno de los mayores problemas. La gente se pelea por el agua”, afirma.

“El cambio climático nos está afectando mucho. Por eso es necesario que trabajemos con nuestros socios europeos para encontrar una solución”, se queja Sadou Soloke, gobernador de la región de Agadez. “Hay zonas en el interior del país donde la presencia del Estado (central) es muy, muy escasa”, continúa. “Tenemos problemas. Pero la gente de aquí quiere vivir en paz, tener acceso a educación, agua potable y salud “, matiza Oumarou Ibrahim Oumarou, el sultán de Agadez.

<strong>Militares extranjeros</strong>

La presencia militar de las potencias occidentales en Níger es un reflejo de la difícil situación que atraviesa una región que los gobiernos europeos y Estados Unidos ven como estratégica, por su posición geográfica y su posible impacto migratorio sobre Europa, pero también por sus riquezas: uranio, petróleo y oro.

En la actualidad los países que mantienen contingentes oficiales en el país son Alemania, Italia, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, antiguo poder colonial de la nación y todavía principal actor en la región. Los dos primeros, en cambio, han ampliado sus contingentes en los últimos dos años; Berlín incluso abrió un nuevo campamento militar y la canciller Ángela Merkel visitó la zona a comienzos de mayo.

Washington, por su parte, había logrado mantener su presencia en sordina hasta que, en octubre de 2017, cuatro soldados estadunidenses fueron asesinados en una emboscada en la frontera entre Níger y Malí por un grupo vinculado al Estado Islámico.

Desde entonces ya no se esconden. Los aviones militares estadunidenses incluso pueden verse despegar de los aeropuertos civiles de Niamey y Agadez, desde donde parten también los vuelos humanitarios y de las ONG, y los mineros que van hacia la región de Agadez.

Incluso desde el año pasado las fuerzas estadunidenses han obtenido la autorización del gobierno nigerino para el uso de drones armados, en la lucha contra los yihadistas.
La incógnita es si ahora que el presidente Donald Trump ha emprendido una política de retiro de las tropas de varios lugares del mundo, los contingentes de este país se mantendrán en la región. “Lo que hacemos aquí es brindarles apoyo y formación militar para tareas de combate contra el terrorismo”, cuenta un soldado estadunidense en un café de Niamey.

Aunque también en los otros países del Sahel hay una presencia mixta de fuerzas nacionales, multilaterales, regionales e internacionales. En febrero de 2017 se creó incluso la Fuerza Conjunta del G5 Sahel, un grupo compuesto por Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger, integrado por los ejércitos de esos países para frenar el yihadismo que azota en la zona y que ha sido financiado por Francia, la Unión Europea, la ONU y Estados Unidos.

Otro ejemplo es la Minusca, la misión de paz de la ONU en Malí, país donde España mantiene a más de 250 efectivos (que sufrieron un ataque en febrero, sin heridos), integrantes de la misión de Entrenamiento de la Unión Europea (UE), que también ofrece asesoramiento a Mauritania, Burkina Faso y Chad.

La UE también tiene la misión Sahel-Níger contra el terrorismo, algo que, junto, los críticos consideran que equivale a una militarización occidental del Sahel.

“Estamos muy preocupados por la situación en Níger y en todo el Sahel”, dice Alessandra Morelli, la representante local del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR).

El número de personas que Morelli debe atender sólo en Níger llega a más de 380 mil individuos, entre desplazados internos, solicitantes de asilo y refugiados con el estatus otorgado.

Las cifras de la ayuda tampoco empujan al optimismo en 2019: de los 76 millones de dólares requeridos por el ACNUR para hacer frente a las crisis en Níger, en los primeros cinco meses del año sólo han llegado poco más de 32 millones, apenas 43% de lo necesario. Peor es la situación en otros países de la región. Malí obtuvo sólo 38%, Burkina Faso 27% y Chad apenas­ 9%.

<strong>Este reportaje se publicó el 16 de junio de 2019 en la edición 2224 de la revista Proceso</strong>

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