CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), pidió a las respectivas autoridades investigar “exhaustivamente y a la brevedad” los homicidios de tres periodistas –dos en Guerrero y uno en Veracruz-- y el ataque a las instalaciones de un periódico en Chihuahua, perpetrados la semana pasada. Poner fin a la impunidad “será la mejor medida de prevención de agresiones y de protección de quienes se dedican al ejercicio de la actividad periodística”, sostuvo. Jarab precisó que en las investigaciones de los hechos violentos “deberán agotarse todas las líneas de investigación, incluida la actividad periodística, y tomar en cuenta las amenazas y ataques previos que se habían producido e incluso denunciado”. Y lamentó que la situación de periodistas y defensores de derechos humanos en México sigue siendo “muy preocupante”. En un comunicado, la ONU-DH condenó los homicidios de los periodistas Rogelio Barragán y Edgar Alberto Nava López, quienes ejercían para medios locales de Guerrero, así como de Jorge Celestino Ruiz Vázquez, en el estado de Veracruz. El cuerpo de Barragán, colaborador del portal “Guerrero al Instante”, fue localizado sin vida el 30 de julio en el municipio de Zacatepec, Morelos. Nava López, director del medio digital “La Verdad de Zihuatanejo”, asesinado el 2 de agosto, había recibido amenazas por su labor periodística, aunque recientemente se desempeñaba como funcionario municipal. El crimen ocurrió en Zihuatanejo. El mismo 2 de agosto, en Actopan, Veracruz se reportó el homicidio de Ruiz Vázquez, colaborador del periódico “El Gráfico” de Xalapa. El periodista contaba con medidas de protección por parte de autoridades estatales, luego de haber recibido ataques y amenazas en su contra, mismas que fueron denunciadas ante la Fiscalía General del estado. Luego de detallar que en lo que va de 2019 se han registrado 10 asesinatos de periodistas, cifra muy cercana a la reportada en todo 2018 (12 homicidios de comunicadores y uno denunciado como desaparecido), la ONU-DH resaltó que a esos crímenes se suma el ataque a las instalaciones de “El Monitor de Parral”, ocurrido el 31 de julio en Chihuahua. La representación diplomática alertó que, en el último caso, si bien no hubo vidas que lamentar, los colaboradores del medio estuvieron en riesgo, por lo que “el medio anunció su intención de dejar de publicar información relacionada con temáticas como seguridad o crimen, lo cual demuestra el efecto que este tipo de agresiones tiene sobre la libertad de expresión y sobre el derecho de la sociedad a acceder a la información”. El representante de ONU-DH reconoció que en el actual gobierno hay “esfuerzos de fortalecimiento del Mecanismo de Protección” para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que contó con el respaldo de la oficina de la ONU, con un diagnóstico, pero –subrayó-- “otras acciones son igualmente necesarias, fundamentalmente en el ámbito de la lucha contra la impunidad”. Finalmente, Jan Jarab llamó a las autoridades a “adoptar las medidas de protección y atención necesarias en cada caso”, y expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares y colegas de los periodistas asesinados la semana pasada.   “Pasos decisivos”, exige la CIDH A la condena de ONU-DH se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió “pasos decisivos” para enfrentar “la crisis de seguridad contra periodistas que se extiende durante años”, misma que –sostuvo-- “requiere que se adopte una modalidad específica de reconocimiento, atención y respuesta”. A través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH consideró que los 10 homicidios de periodistas ocurridos en lo que va de este año están dirigidos “a silenciar a quienes son más indispensables para dar a conocer la situación de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad de algunos estados de México”. Asimismo, vio con preocupación “el incremento de ataques contra las empresas de medios de comunicación, lo que evidencia que la crisis de violencia contra periodistas en México persiste”. Tras manifestar su indignación por los asesinatos de los tres periodistas en Guerrero y Veracruz, y el ataque al periódico de Chihuahua, ocurridos la semana pasada, la CIDH alentó al Estado mexicano a “adoptar pasos decisivos para reforzar el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, e incrementar de modo urgente la coordinación con los estados para tal fin”. Para la Relatoría del organismo también es indispensable “dotar de recursos y dar prioridad a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)”, en apego a las recomendaciones que hizo el organismo en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México 2018, resultado de la visita conjunta de las relatorías sobre Libertad de Expresión de la CIDH y la ONU. “Nos alarma la cantidad de casos que parecen exacerbar la violencia contra la prensa en México”, manifestó el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, tras lo cual urgió a “revisar e implementar cambios en las políticas de prevención y protección, así como en los entes que deben investigar estos crímenes”. La Relatoría Especial de la CIDH se sumó a la exigencia de la ONU-DH para que el Estado mexicano “investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes, establezca sus móviles y determine la relación que pudieran tener con la actividad periodística”. Insistió en que la FEADLE “debe contar con recursos, adoptar reglas claras para atraer los casos en los Estados con recurrencia de estos crímenes y lograr una mayor coordinación con las autoridades locales”.