TOLUCA, Edomex. (apro).- Por mayoría de votos, la Legislatura local solicitó al gobernador Alfredo del Mazo un informe sobre la compra del sistema de barrera móvil para la gestión del tráfico en el Circuito Exterior Mexiquense, a fin de verificar que no haya sido un “soborno” de Aleatica S.A.B. de C.V. para obtener la concesión del Viaducto Bicentenario. El punto de acuerdo además pide al fiscal Alejandro Gómez iniciar de inmediato una investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, relacionados con la compra de este sistema, el destino que el Gobierno del Estado de México le ha dado y el quebranto generado al erario estatal. El punto de acuerdo, promovido por el diputado morenista Faustino de la Cruz, fue avalado de urgente y obvia resolución por 56 votos. En contra, sufragaron 14 legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista (PVEM). De la Cruz Pérez recordó que en 2009 Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México, suscribió con Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., subsidiaria de Aleatica, el acuerdo 01/2009 relativo al título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense para adquirir maquinaria especializada para la gestión del tráfico hasta por 500 millones de pesos; y realizar obras adicionales hasta por 350 millones de pesos, a cambio del reconocimiento de esas cantidades como inversión de Aleatica, recuperable con cargo al Circuito Exterior Mexiquense y a la ampliación de la vigencia de la concesión. “La operadora pagó al fabricante norteamericano aproximadamente 250 millones de pesos en 2009. No obstante, el gobierno estatal permitió que Aleatica registrara la compra del sistema como ´inversión´ en el Circuito Exterior por un monto de 485.4 millones de pesos. “Este sobreprecio injustificado podría constituir el pago de un soborno por la adjudicación del Viaducto Bicentenario en favor de Aleatica, pagado por conducto de una sociedad en la que participa como accionista y administrador una persona con vínculos muy estrechos de amistad y parentesco religioso con el entonces gobernador Enrique Peña, cuyo costo es ilegalmente transferido a los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense a través del incremento de tarifas y la ampliación de plazo de la vigencia de la concesión”, acusó. El morenista denunció que “las máquinas no han operado y permanecen abandonadas debajo de un puente en el Circuito Exterior Mexiquense y la Avenida Central, muy cerca de la caseta de cobro auxiliar A5, echándose a perder inútil e irremediablemente, mientras Aleatica recupera el costo con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, junto con un rendimiento de 10% anual adicional a la inflación”. Conforme al punto de acuerdo, Del Mazo Maza debe remitir al Poder Legislativo, a la brevedad, por escrito y de forma detallada, “el fundamento jurídico y las razones por las que el Gobierno del Estado de México autorizó la compra del sistema de barrera móvil con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, cuya operación en esa autopista no era ni es necesaria”. También debe responder cómo, cuándo y dónde el Gobierno estatal ha utilizado el sistema; y explicar las razones por las que se adjudicó la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del Viaducto Bicentenario en favor de Aleatica, “a pesar de que al menos existía una propuesta de otro participante notoria y considerablemente mejor y más conveniente para el Estado de México”. Además, se le requirió precisar el monto registrado como inversión de Concesionaria Mexiquense en el Circuito Exterior, derivado de la compra del sistema de barrea móvil, y el monto de rendimiento que ha generado la inversión a Concesionara Mexiquense al 31 de diciembre de 2018. De igual manera, debe indicar si el sistema de barrera móvil fue adquirido con recursos propios de Aleatica y no de Concesionaria Mexiquense, o con recursos derivados de financiamientos. Además deberá explicar las razones por las que el gobierno estatal no ha iniciado la investigación por esta compra “con un sobreprecio injustificado, a pesar de que ese sistema no era necesario ni en el Circuito ni el Viaducto”. También tendrá que detallar los beneficios concretos y cuantificables que obtuvieron la entidad y los usuarios del Circuito con la compra del sistema. Adicionalmente, “se exhorta al fiscal Alejandro Gómez para que investigue los hechos probablemente constitutivos de delito, relacionados con la compra del sistema, el destino que el gobierno del Estado le dió y el quebranto generado a la hacienda pública estatal derivado de lo anterior”. Por su parte, el priista Juan Jaffet Millán justificó que el punto de acuerdo debió dirigirse al secretario de Comunicaciones, no el gobernador; y acusó que el Poder Legislativo realizó juicios de valor al afirmar que la compra era innecesaria, que hay un supuesto quebranto, que hay hechos probablemente constitutivos de delito y probable quebranto patrimonial, lo que, en todo caso, debe ser calificado por las instancias competentes. “La Legislatura no debe invadir las esferas de actuación, hay que respetar la autonomía de la Fiscalía, no podemos exhortar que inicie una investigación porque no existe ningún acto jurídico que haya dado inicio al debido proceso”.