CUERNAVACA, Mor. (apro).- Teresa Castellanos y Jaime Domínguez, opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM), fueron citados a comparecer ante el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a una nueva demanda por daño moral que presentó la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La denuncia de la empresa productiva del Estado en contra de los activistas se interpuso después de que el pasado 10 de abril, en el marco del Congreso Nacional Indígena en Amilcingo y Anenecuilco, los participantes protestaron en las instalaciones de la termoeléctrica de ciclo combinado en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla. En esa ocasión, los opositores --provenientes de distintas partes del país-- realizaron pintas en las instalaciones señaladas, lo que la CFE tomó como base para presentar la demanda por daño moral, dado que –subrayó– los manifestantes “espantaron a los trabajadores”, y exigió el pago de 69 mil pesos. En entrevista, Jaime Domínguez dijo que detrás de esa nueva denuncia está la férrea oposición al PIM, ya que en los últimos meses han conseguido detener de manera legal el funcionamiento del gasoducto y de la propia central eléctrica. Por su lado, Teresa Castellanos aseguró que ni ella ni Domínguez participaron en la protesta. “Nosotros no pintamos”, afirmó. “En el fondo, ella y yo somos los más visibles, por eso nos acusan, pero no existen pruebas del supuesto daño moral, por lo menos nosotros dos no estuvimos en esa protesta. No tienen cómo demostrarlo”, secundó su compañero. “Les pregunté cuántas cubetas de pintura necesitan para reparar el daño que dicen que causamos. Nos dijeron que teníamos que pagar 69 mil pesos. ¡No! Nosotros no vamos a pagar eso, están mal. Eso no cuesta pintar las paredes de la termoeléctrica. Así que tuvimos una discusión muy fuerte”, soltó Domínguez. Añadió: “Ahorita lo que quieren ellos es echar a funcionar la termoeléctrica. Por eso quieren amedrentarnos, acusándonos de cualquier delito. Ellos dicen que nosotros somos los líderes. Nosotros no somos los líderes. Somos muchos los que no queremos la termo”. Luego cuestionó: “Ellos quieren que les paguemos el daño moral. Nosotros les preguntamos: ¿y todo el daño que ha hecho la CFE a las comunidades, a los pueblos? ¿Cómo nos van a resarcir el daño a la gente que han detenido por oponerse? ¿A la gente que han torturado? ¿Cómo nos van a reponer a nuestro hermano Samir?”. Finalmente, ambos activistas coincidieron en que el gobierno federal los está “criminalizando” para que acepten el funcionamiento de la termoeléctrica, así como el gasoducto, uno de cuyos tramos --en los límites entre Morelos y Puebla-- ha sido legalmente suspendido, hasta que se repongan los mecanismos de consulta entre las comunidades. Samir Flores Cervantes, uno de los principales opositores al PIM, fue asesinado el pasado 20 de febrero, días antes de que se llevara a cabo una consulta para decidir sobre el funcionamiento de la termoeléctrica. Hasta el momento no ha habido avances en las investigaciones.