La clase política peruana vive un terremoto. Las investigaciones del caso Odebrecht tienen en vilo a varios exmandatarios: uno está impedido de salir del país, otro está preso, uno más cumple arresto domiciliario y hay un caso más trágico, el de Alan García, que se suicidó antes de permitir ser aprehendido. Y más: la excandidata presidencial Keiko Fujimori cumple una pena de cárcel. Alegan que son víctimas de una persecución política, pero los fiscales refutan: son claras las pruebas de que aceptaron sobornos de la empresa brasileña para beneficiarla con contratos de obra. LIMA (Proceso.- El miércoles 24, cuando la Corte Suprema de Justicia citó a audiencia para que la defensa de Keiko Fujimori sustentara el pedido de suspensión de la pena de cárcel de 36 meses que cumple la excandidata presidencial, en las principales avenidas de esta capital aparecieron pancartas que afirman que la hija del expresidente Alberto Fujimori es víctima de persecución política. Para los peruanos no es nuevo este reclamo. Así como Keiko Fujimori, otros acusados de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht –como los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski– sostienen igualmente ser víctimas de una supuesta represión judicial. El mayor escándalo de corrupción en 198 años de historia republicana de Perú derivó en la detención de un exmandatario (Toledo), el arresto domiciliario de otro (Kuczynski), el impedimento de salida del país de un tercero (Humala) y el suicidio de uno más (Alan García); a ellos se suma Keiko Fujimori, excandidata presidencial ahora encarcelada. Todos dicen –y en el caso de Alan García sus partidarios insisten en lo mismo– que son objeto de persecución política del gobierno de Martín Vizcarra, pero esa versión no se sostiene. Caso antiguo El caso Lava Jato, que implica a los exgobernantes, no empezó en Perú, sino en Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016. En esa fecha y ante el Departamento de Justicia estadunidense, Odebrecht reveló que dio sobornos en 11 países para ganar contratos de obras públicas; en el caso peruano, desembolsó 29 millones de dólares en pagos ilegales. En ese momento no había nadie preso por el caso Lava Jato. De hecho, medio año antes, en junio de 2016, Kuczynski le había ganado las elecciones a Keiko Fujimori, cuyo partido, Fuerza Popular, conquistó la mayoría en el Congreso. Es decir, cuando estalló el escándalo de Odebrecht, la hija de Alberto Fujimori y su organización tenían poder. Pero la situación cambió radicalmente cuando el Ministerio Público formó el Equipo Especial Lava Jato, un conjunto?de fiscales especializados en corrupción de funcionarios y lavado de activos. Una de sus primeras acciones fue solicitar a Brasil la cooperación judicial, que comenzó con el interrogatorio al expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, quien confesó el pago de sobornos y el financiamiento de campañas presidenciales. Pero dejó que los detalles los relatara el exrepresentante de la constructora en el Perú, Jorge Barata. Los fiscales peruanos buscaban imitar a sus semejantes brasileños en la aplicación de las llamadas delaciones o confesiones de los imputados a cambio de reducción de pena, y las detenciones preventivas de los sospechosos para que no huyeran del país, entorpecieran la acción de la justicia o amenazaran a otros testigos. Barata fue uno de los primeros en negociar su declaración con el Equipo Especial Lava Jato, y admitió entregas de dinero a las campañas de Toledo, García, Humala, Kuczynski y Keiko Fujimori. Con el mismo mecanismo de cooperación judicial, Odebrecht además dio información sobre transferencias de su Departamento de Operaciones Estructuradas –la encargada de pagar sobornos– a cuentas fantasma, en paraísos fiscales, de exfuncionarios gubernamentales corruptos. Con estas delaciones el Equipo Especial Lava Jato pudo formalizar investigaciones contra los imputados y en algunos casos solicitar la detención preventiva. Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron los primeros en ir a la cárcel en detención preventiva, lo que en su momento fue celebrado por sus enemigos políticos, entre ellos Keiko Fujimori y García. Cuando le tocó el turno a Keiko Fujimori y se le aplicó la detención preventiva, Fuerza Popular denunció persecución política. García igualmente atribuyó la misma motivación a los fiscales que lo investigaban, por lo que pidió asilo político a Uruguay y se refugió en la casa del embajador uruguayo; pero luego, en lo que representó un baldazo de agua fría, el presidente Tabaré Vásquez le negó el requerimiento y afirmó que en Perú no se amedrentaba a nadie por sus ideas o convicciones políticas. Cuando un fiscal se presentó en su residencia el pasado 17 de abril para detenerlo, el dos veces expresidente se suicidó. Este evento sirvió para que los defensores de García y otros imputados le atribuyeran a los fiscales el uso excesivo de la figura de la detención preventiva. Detención preventiva El martes 9, el fiscal superior Martín Salas Zegarra, en representación de la fiscalía de la Nación y ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, defendió la detención preventiva. Con cifras en mano, Salas explica a Proceso que los fiscales han solicitado 35 prisiones preventivas por lavado de activos, de las cuales 18 fueron declaradas fundadas y 17 denegadas. Además, precisa, de los más de un centenar de investigados sólo 11 están en prisión. “¿Dónde está el uso abusivo de la detención preventiva? El supuesto abuso de los fiscales peruanos con los pedidos de prisión preventiva es parte de los argumentos falaces con los que la clase política corrupta, en actuación parcializada y respondiendo a sus propios intereses, pretende atentar contra el honor y la honra de los fiscales investigadores”, señala. Respecto a la supuesta intencionalidad política persecutoria, Salas –conocido por haber encarcelado a exfuncionarios públicos por delitos de corrupción–, puntualiza: “Los fiscales somos independientes y autónomos por mandato constitucional. No tenemos inclinación política alguna. La persecución que hacemos es contra la corrupción, caiga quien caiga”. Al momento de sustentar el pedido de cese de prisión de Keiko Fujimori el miércoles 24 ante la Corte Suprema, su abogada, Giuliana Loza, argumentó que Barata nunca dijo que le había entregado 1 millón de dólares a la excandidata presidencial. Pero sí se lo dio a quien fue jefe de campaña de la hija del exmandatario, Jaime Yoshiyama. Cuando los fiscales descubrieron que el sobrino de éste, Jorge Yoshiyama, había depositado dinero a nombre de falsos aportantes a la campaña de Keiko Fujimori, pidieron prisión preventiva para él, a menos que dijera quién le había dado los fondos. Éste al final delató a su tío, quien le había entregado 800 mil dólares en efectivo, que probablemente correspondan al millón de dólares que desembolsó Odebrecht­ para la entonces candidata. Y uno de los más destacados congresistas fujimoristas, Carlos Tubino, asegura que ningún centavo de Odebrecht financió las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y en 2016. “Barata entregó dinero a Fuerza Popular, pero no sindica a Keiko Fujimori como la receptora. No obstante, el fiscal pidió detención preventiva para ella por tres años, con lo que la sacó del proceso electoral de 2021. Como resultado, se ordenó la prisión preventiva de la presidenta del partido de oposición más importante del país, sin que haya sido señalada por el colaborador eficaz de Odebrecht. Si no es persecución política, ¿qué es?”, señala Tubino a Proceso. Algo similar ocurrió en el caso de García, quien hasta en su carta póstuma negó haber recibido sobornos de Odebrecht ni de nadie. Odebrecht admitió que en la Banca Privada de Andorra pagó sobornos a varios exfuncionarios del segundo gobierno de García (2006-2011), entre ellos a Miguel Atala, quien ocultaba el dinero en una cuenta a nombre de una empresa panameña manejada por su hijo, Samir Atala. Al negarse a declarar, la fiscalía logró el encarcelamiento de éste, por lo que su padre se vio forzado a confesar que la empresa brasileña le había entregado 1 millón 300 mil dólares para Alan García. Y quien le pidió participar como testaferro fue el secretario personal de García, Luis Nava. Como éste se negó a cooperar, la fiscalía consiguió que un juez ordenara su encarcelamiento y el de su hijo, José Antonio Nava, quien prestaba servicios privados a Odebrecht. Para no ir a prisión, José Antonio delató a su padre: dijo que Barata le pidió llevarle dinero a Luis Nava al Palacio de Gobierno, donde trabajaba como asistente de García. “Por supuesto que existió persecución contra Alan García y son muchas las evidencias”, manifiesta a Proceso el congresista aprista Mauricio Mulder, quien cuestiona al fiscal José Domingo Pérez, encargado del caso del exmandatario: “En primer lugar Pérez, por televisión, adelantó opinión contra García atribuyéndole hechos falsos. Pérez filtró a la prensa información el mismo día que Alan García llegó a Lima, el 16 de noviembre de 2018, para luego pedir que no saliera del país por supuesto peligro de fuga, no obstante que García nunca había faltado a una citación de las autoridades. Luego, cuando el expresidente solicitó asilo político a Uruguay, el gobierno de Martín Vizcarra cuestionó su decisión, interfiriendo en el proceso garantizado por la Constitución y las normas internacionales. Y el día que se ordenó la detención de García, se presentó un policía que no estaba autorizado para cumplir dicha medida judicial. El presidente Vizcarra y el Ministerio Público montaron un tinglado persecutorio contra Alan García.” “García se suicidó por dos razones principales: la primera, porque estaba acorralado por los indicios y evidencias que, sostenidos como medios de prueba en la etapa procesal, iban a constituir elementos de convicción de gran fuerza que lo conducirían inexorablemente a sufrir una prisión preventiva”, explica Antonio Maldonado, quien dirigió el equipo de procuradores que tuvo a su cargo la formulación de acusación contra los exfuncionarios del régimen de Fujimori imputados por homicidio, secuestro y corrupción: “La segunda razón tuvo que ver con su gran ego y su compleja personalidad, pues al final García se infligió, con su suicidio, una pena que ni el Estado tiene prevista para dichos crímenes o delitos, que es la pena de muerte. García se consideraba una persona intocable, que estaba por encima de la ley y creía que la justicia jamás lo alcanzaría.” El partido de García es conocido por su fuerte presencia en el sistema fiscal y judicial, y por haber torcido investigaciones y procesos judiciales, así que cuando reventó el Caso Lava Jato dichos contactos pretendieron desactivar la acción de las autoridades. Lo mismo intentaron Keiko Fujimori y sus partidarios para librarla de la acción de la justicia que se interpuso en su objetivo de presentarse por tercera vez como candidata en 2021. Sin embargo, el 7 de julio de 2018, el portal de investigación periodística IDL-Reporteros difundió escuchas telefónicas a autoridades judiciales, fiscales, congresistas, empresarios y operadores políticos, que dejaban en evidencia un impresionante tráfico de influencias en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Las grabaciones correspondían a una indagación fiscal a una organización criminal compuesta por extorsionadores y sicarios del narcotráfico, quienes contaban con un equipo de abogados que pagaban sobornos a las autoridades para conseguir la excarcelación o exculpación de los implicados. La fiscalía contra el crimen organizado al ordenar el espionaje telefónico judicial a los criminales y a sus abogados, encontró a autoridades judiciales y fiscales que mantenían vínculos ilegales, así que inició otro caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto. El seguimiento a estas personas expuso una trama criminal que alcanzó entre otras autoridades al juez supremo César Hinostroza, quien al momento de la difusión de sus diálogos tenía a su cargo resolver el pedido de Keiko Fujimori para salir de prisión. En los audios un operador político fujimorista llamó a Hinostroza para coordinar un encuentro con la “Señora K”. Estas evidencias sirvieron a los fiscales para sustentar el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Pero cuando ocurrió la detención sus seguidores denunciaron persecución política. Al respecto, el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, rechaza una motivación política de las autoridades. “Este es un caso que tiene una dimensión regional, que involucra a distintos sujetos políticos y privados de diversos países, y que ha empezado a resolverse a la delación por parte de personas que estuvieron involucradas en el despliegue criminal de la trama. Para que el gobierno de Martín Vizcarra pudiera usar el caso como un arma política tendría que estar en dominio de todo, incluyendo de los sujetos que han confesado los delitos, lo que es prácticamente imposible. Muchos de los que denuncian la supuesta manipulación de jueces y fiscales son precisamente los que infiltraron las instituciones del sistema de justicia. Hoy los fiscales actúan correctamente”, indica a este semanario. Este reportaje se publicó el 28 de julio de 2019 en la edición 2230 de la revista Proceso.