CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) descartó que integrantes de cuerpos de seguridad federal hubieran participado en el operativo realizado en Saltillo, Coahuila, donde el pasado 31 de julio cayó abatido un migrante centroamericano, frente a su hija de ocho años.
En un comunicado de prensa, la ONU-DH desestimó la versión inicial del director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl, quien sostuvo que la tragedia ocurrió durante un operativo para detener a migrantes, instrumentado por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y elementos de la Fiscalía General de Justicia de Coahuila.
De acuerdo con la representación de la ONU, el pasado viernes 2, personal de su oficina se trasladó a Saltillo para “documentar las circunstancias de la muerte del señor Marco Tulio Perdomo Guzmán, migrante de nacionalidad hondureña”, de quien en un principio la Casa del Migrante reservó su nombre y únicamente lo identificó como originario de El Salvador.
El organismo internacional precisó que recabó información de “diversas fuentes” para documentar el caso, y obtuvo testimonios de “las personas migrantes que se encontraban con el señor Perdomo Guzmán, otros testigos presenciales, defensores de derechos humanos que acompañaron a la víctima, la Policía Federal y autoridades estatales, incluyendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del estado de Coahuila”.
Tras señalar que su personal visitó el lugar de los hechos, la ONU-DH concluyó que la muerte del migrante hondureño “habría sido consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de personal de la Fiscalía General del estado de Coahuila, que realizaba un operativo” que “no tenía por objeto la realización del control migratorio y las personas migrantes no serían personas de interés en el mismo”.
Según la información recabada, “pudo comprobar que no hubo participación de autoridades federales en la zona durante el momento de los hechos”.
Y recomendó a las autoridades de Coahuila “conducir la investigación de conformidad con el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas”, ante los indicios de que el fallecimiento del migrante derivó del “uso de fuerza letal por parte de funcionarios públicos”.
Asimismo, recomendó que las indagatorias sean conducidas “a la luz de la nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, particularmente en lo referente a la aplicación de los principios de uso de la fuerza y planeación de operativos”.
La ONU-DH anunció que continuará con su labor de documentación en este caso “con miras a contribuir a los esfuerzos de las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que tuvo lugar la muerte del señor Perdomo Guzmán”.
La versión de la ONU-DH coincide con la que dio a conocer el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, el domingo 4, al notificar la detención del agente Juan Carlos “N”, quien formaba parte de la Agencia de Investigación Criminal y el 31 de julio participó “en un operativo relacionado con la localización de personas dedicadas a la venta narcóticos y en la que (…) no hubo participación de elementos de ninguna corporación federal”. El funcionario reconoció que el migrante hondureño era inocente.