VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El gobernador Adán Augusto López Hernández reveló este martes que se investigan anomalías en el gobierno del perredista Arturo Núñez, por aproximadamente 700 millones de pesos. Comentó que en un primer caso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el sector Salud por más de 200 millones de pesos, correspondiente a 2018, último año del sexenio nuñista. En otro caso se investiga el destino de entre 300 y 400 millones de pesos producto de la venta de un terreno del gobierno del estado en la zona de Tabasco 2000, en esta capital. Además, se busca esclarecer el paradero de 125 millones de pesos, remanente de un préstamo de 700 millones solicitado por Núñez en 2017 para la Secretaría de Seguridad Pública (SS) y la Fiscalía General del estado (FGE), pero que ante la crisis hospitalaria de fin de sexenio se quiso reorientar al sector Salud. Al final no se pudo porque originalmente estaba aprobado por el Congreso para infraestructura y no para gasto corriente. De gira por diversos centros hospitalarios de esta ciudad, el mandatario morenista dijo que en lo referente a recursos federales del sector Salud, la ASF detectó irregularidades “por más de 200 millones de pesos. Se está documentando y seguramente procederán las instancias federales”. López Hernández no abundó al respecto, pero trascendió que se trata de presuntos desvíos por 216 millones 774 mil 500 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de los que en 2018 Tabasco recibió de la federación más de dos mil 539 millones de pesos. La ASF encontró que 90 millones de pesos se transfirieron a cuentas bancarias para programas diferentes a los establecidos en el fondo, mientras otros 83 millones 978 mil pesos fueron a recursos no comprometidos. Además, no se halló documentación para justificar gastos por 19 millones 490 mil pesos, ni se encontraron en centros de trabajo supuestos servidores públicos que cobraron 11 millones 788 mil pesos. También deben aclararse 10 millones 922 mil pesos en pagos, sin que existan contratos. La ASF observó que el gobierno nuñista no disponía de un adecuado sistema de control interno que le permitiera identificar y atender el cumplimiento de los objetivos del programa, su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. En cuanto al terreno, dijo que instancias de su gobierno investigan “qué pasó con los 300 o 400 millones de pesos” de la venta de un predio de 36 mil 726.80 metros cuadrados, ubicado atrás del Centro de Convenciones de Villahermosa, en el centro urbanístico Tabasco 2000, que era propiedad del estado desde 1987. Para su venta, el gobierno nuñista solicitó autorización del Congreso en diciembre de 2015 y tres semanas después se le aprobó enajenarlo. Sobre los 120 millones de pesos, remanente del empréstito de 700 millones para la SSP y FGE, aprobado por el Congreso en febrero de 2017, el gobernador Adán Augusto dijo que se investiga su paradero, y si finalmente se utilizó en pagos de nómina del sector Salud, recalcó, constituye una irregularidad porque estaba etiquetado para infraestructura.