TOLUCA, Edomex. (apro). - Tras advertir que su desempeño no ha sido eficaz, el Congreso mexiquense solicitó a la secretaria de Seguridad Estatal, Maribel Cervantes, un informe sobre los resultados de su estrategia para atender la violencia y la delincuencia en el Estado de México. El punto de acuerdo fue promovido por el diputado morenista Julio Hernández y avalado por unanimidad, de tal manera que la funcionaria estatal debe detallar las decisiones y acciones concretas para combatir el incremento de la violencia e inseguridad en la entidad. A nombre del grupo parlamentario de Morena, el legislador indicó que Beatriz García Licona, síndico de Jilotepec asesinada este miércoles, es sólo una de los habitantes de la entidad que “han pagado con su vida la ineficiencia y falta de competencia del gobierno mexiquense para garantizar seguridad a ciudadanas y ciudadanos”. El legislador acusó que la seguridad no se está proporcionando con eficiencia y eficacia, pues el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en delitos del fuero común, con 28 mil 855 denuncias, y también es el primer lugar en homicidios dolosos de mujeres de 18 años en adelante, conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En abril de 2019, la entidad ocupó el primer lugar de víctimas en delitos de alto impacto (extorsión, trata de personas, robo con violencia, robo de vehículos, robo a casa-habitación y violación a mujeres); el segundo lugar en secuestro, homicidio doloso y feminicidio; y el tercero en robo a negocios y a transeúnte. Entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, dijo Hernández Ramírez, hubo un incremento sustancial de secuestros en tres entidades: Veracruz, Estado de México y Ciudad de México; en seis meses, se reportaron 971 casos a nivel nacional, de los cuales, 172 tuvieron lugar en territorio mexiquense. “Que nuestro Estado ocupe el segundo lugar nacional en secuestros, es prueba contundente de las fallas en la estrategia de seguridad del gobierno mexiquense”, dijo. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) documentó que en 2018 en el Estado de México no fueron localizadas 3 mil 890 personas, cantidad superada únicamente por Tamaulipas con 5 mil 990. A nivel municipal, refirió, Naucalpan, Ecatepec, Ixtapaluca, Cuautitlán y Nezahualcóyotl son los de mayor incidencia delictiva. En éstos mismos, junto a Chimalhuacán y Toluca, se concentró el mayor número de mujeres y niñas desaparecidas en 2018. “Es claro que las instituciones de seguridad estatal y municipal han errado en el plan de prevención, reducción y contención de la inseguridad y violencia”, dijo. “Como integrantes de la Legislatura, tenemos la obligación y la facultad para exigir a la Secretaría de Seguridad del Estado de México que lleve a cabo planes, programas, estrategias, acciones que mejoren las condiciones de prevención, investigación y castigo del delito. El problema no se resuelve exclusivamente desplegando policías”, dijo. En el área de seguridad, advirtió, “se necesitan personas verdaderamente comprometidas con las labores institucionales de seguridad, pero especialmente con el bienestar de la comunidad mexiquense… Pedimos resultados contundentes, inmediatos, que incidan directamente en la disminución de los indicadores delictivos del Estado y que ayuden a prevenir la actividad delictiva”. En otro punto del orden del día, el morenista Benigno Martínez exigió a la Fiscalía mexiquense una investigación ágil y eficaz sobre el asesinato del síndico de Jilotepec, y al Gobierno estatal garantizar la seguridad de los mexiquenses y acabar con la impunidad. La verde ecologista María Luisa Mendoza precisó que la exigencia no implica colores, sino la necesidad de garantizar seguridad a la sociedad. Por su parte, el panista José Antonio García indicó que no se puede usar la tribuna para polarizar, pues la seguridad pública es responsabilidad de los gobiernos de todos los partidos en todo al país, al aludir a las 19 ejecuciones de las últimas horas en Uruapan, Michoacán.