CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y los “Servidores de la Nación”, al considerar que violan la normatividad electoral con actos de “promoción personalizada”. De acuerdo con el PRD, López Obrador comete un “daño a la vida democrática” al destinar alrededor de 3 mil 500 millones de pesos anuales a la nómina y gastos de operación del Coordinador General, Delegados Estatales, Coordinadores Regionales y la estructura diseñada para operar los recursos públicos del programa para el desarrollo, informó dicho instituto político en un comunicado. Esta promoción personalizada consistiría, de acuerdo con el PRD, en señalar que los recursos van de parte del Presidente de la República y no aclarar que son parte de los programas sociales que el gobierno federal tiene la obligación de otorgar a la ciudadanía. “A todas luces es un despilfarro ilegal e inconstitucional al hacer uso indebido del dinero público destinado a los programas de asistencia social”, señaló el PRD. De acuerdo con los cálculos perredistas, dicho gasto equivale a un año del Fondo Nacional de Desastres naturales, o a 10 veces el presupuesto destinado para los refugios de las mujeres víctimas de la violencia. Este año, refirió el PRD, los “Servidores de la Nación” repartirán 190 mil millones de pesos, mientras que el costo de su estructura operativa ascenderá a 3 mil 500 millones. “Los famosos súper delegados son la construcción de los próximos gobernadores a partir del dinero público, el tiempo nos está dando la razón”, señaló el perredista Ángel Ávila. Refirió que en todo el país existen 300 distritos federales y 266 responsables por ciudad encargados de la distribución de tarjetas, de los que casi dos tercios están representados por excandidatos o miembros de Morena, secretarios de organización de comités municipales o dirigentes estatales. Camerino Márquez, representante perredista ante el INE expuso que el gobierno tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del estado de derecho de forma imparcial y no utilizar los recursos públicos como dádivas o prebendas.