<em>Miles de ciudadanos centroamericanos cruzan regularmente el territorio mexicano con el deseo de llegar a Estados Unidos, donde esperan obtener un buen nivel de vida. Y lo que expulsa a esos migrantes de sus países de origen suele ser lo mismo: la pobreza extrema a la que fueron arrastrados y la violencia. Honduras es un ejemplo de ello.</em> SAN PEDRO SULA, Honduras (Proceso).- En octubre de 2018, poco después de que miles de hondureños salieran en grupo hacia Estados Unidos, Axel Benjamín Benítez decidió que ya tenía suficiente de vivir sin esperanza y se fue de esta ciudad. Alcanzó a la caravana en Guatemala y, gracias a su juventud, la rebasó y llegó solo a Tapachula. Luego atravesó el territorio mexicano y llegó a Tijuana. “Estuve bastante tiempo allí. Esperé mi número en la garita, crucé de manera legal, entre comillas. Estuve 10 días en las famosas hieleras. De ahí me trasladaron a un centro de detención en Arizona”, refiere el joven de 23 años, que para entonces había iniciado los trámites de asilo. Estuvo preso seis días en Arizona antes de ser trasladado a Misisipi, donde le hicieron una “prueba de miedo” (aquella en la que se determina si el sujeto tiene un temor razonable de que su vida corra peligro en su país), que salió positiva. Todo apuntaba a que lo dejarían en libertad bajo palabra, pero al día siguiente de conocerse los resultados de la prueba, un agente le comunicó que su proceso había “declinado”. Lo llevaron al condado de Stewart, Georgia, donde un juez ordenó su deportación inmediata. El pasado abril fue devuelto a Honduras. Las razones para irse, dice él, fueron muchas. Se graduó de secundaria en 2016 y desde entonces hasta su salida del país, dos años después, nunca consiguió trabajo estable. Además había sido dirigente estudiantil y en 2018 se reunió con otros compañeros de lucha social en Tegucigalpa para preparar acciones a fin de demandar mejoras en salud, educación y empleo. Al salir de la reunión fueron fotografiados por sujetos que los observaban desde una camioneta. El 30 de agosto de 2018 y tras participar en una manifestación, dos de esos jóvenes (Mario Enrique Suárez Gómez, de 19 años, y Gerson Daniel Meza, de 18) fueron sacados de sus casas por hombres con uniformes de policías y luego aparecieron muertos. Desde entonces su mente estuvo enfocada en irse del país. Y es que a criterio de representantes de organizaciones de derechos humanos, a las tradicionales razones para emigrar –pobreza y violencia– se suman las acciones ejecutadas por el gobierno para mantener la estabilidad, consideradas “represivas” por sus opositores. Mercedes Pérez, directora de la Unidad de Apoyo al Migrante de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), reconoce: “Es penoso, pero tenemos que hacer el llamado al Estado, porque también los ciudadanos son víctimas del mismo Estado a través de la policía, de sus fuerzas militares que están persiguiendo a jóvenes estudiantes, porque se considera un delito protestar y exigir derechos. De esos casos hay muchas personas que se están yendo del país por temor a ser judicializados y hasta masacrados”. <strong>Sin certeza electoral</strong> Érika Guevara Rojas, directora para América de Amnistía Internacional, visitó Honduras a principios de julio; emitió un comunicado donde puntualizó que “el mensaje del presidente Juan Orlando Hernández es muy claro: gritar fuera JOH y exigir un cambio puede pagarse muy caro. Al menos seis personas han fallecido en el contexto de protestas y decenas han resultado heridas”, entre abril y junio de este año. Y es que la inestabilidad política comenzó desde el mismo día de las elecciones, el 29 de noviembre de 2017, cuando Hernández se reeligió aunque en clara violación a la Constitución. Los primeros resultados favorecían al opositor Salvador Nasralla, pero el Tribunal Supremo Electoral, dominado por el partido de gobierno, se tardó 21 días en hacer una declaratoria oficial y dar como ganador a Hernández. Entre tanto hubo maniobras que llevaron a la OEA a proponer nuevas elecciones, ante “la imposibilidad de dar certeza a los resultados electorales”, según palabras del mismo secretario general, Luis Almagro. Ante la negativa del gobierno hubo una serie de protestas en todo el país durante varias semanas; algunas pacíficas, otras violentas, que incluyeron el saqueo de negocios y una declaratoria de toque de queda. Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, 30 personas fueron ejecutadas, 232 heridas, mil 85 detenidas y 72 fueron víctimas de tratos inhumanos entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017. También contabilizó 126 manifestaciones reprimidas, 15 allanamientos y 12 ataques a medios de comunicación, así como el uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes. Un informe de marzo de 2018 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró la muerte de un policía y de 22 civiles; 16 de ellos, abatidos por fuerzas de seguridad. Desde entonces los alzamientos, protestas, saqueos, actos vandálicos y paros en la actividad económica a causa de tomas de calles y carreteras se han venido realizando cada cierto tiempo en todo el país, y generan pérdidas económicas millonarias. Los ejemplos de daños económicos se han manifestado en todos los niveles. En junio la Standard Fruit Company –establecida en Honduras hace 100 años y ahora propiedad de la Dole Food Company– amenazó con suspender los contratos a sus trabajadores luego de que sujetos desconocidos quemaran 62 cabezales y contenedores con fruta mientras esperaban a que se disolviera una toma de carretera de varios días. En abril, médicos y maestros iniciaron una nueva oleada de protestas que se han prolongado hasta la fecha. A su demanda de mejoras en el sistema de salud y educación se sumaron sindicatos, organizaciones de enfermeras, estudiantes de secundaria, universitarios y dirigentes comunitarios. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (CHEP), que aglutina a las firmas más grandes del país, estima que las pérdidas por día de protesta ascienden a mil 500 millones de lempiras (61.2 millones de dólares). Mientras tanto la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reconoció pérdidas que superan los 100 millones de lempiras (más de 4 millones de dólares) luego de más de 30 días sin impartir clases. Éstas se reiniciaron el pasado lunes 8. A criterio de Mercedes Pérez, de la CASM, con la reelección de Hernández el pueblo de Honduras perdió la única esperanza que le quedaba: un nuevo gobierno y el sueño de que todo estaría mejor. “Tenemos un gobierno que ejerce represión, un gobierno militarista que destina la mayor parte de sus recursos a fortalecer una élite, un elefante blanco que no nos da resultados”, indica Pérez en entrevista. <strong>Crisis económica</strong> Los daños económicos suceden en un país históricamente señalado como el más pobre de América, sólo por encima de Haití. Según datos de la ONG Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), de 2010 a 2018, 656 mil personas pasaron a ser pobres para totalizar casi 6 millones de éstos en un país de poco más de 9 millones de habitantes. De esos 6 millones, 3.8 viven en extrema pobreza: subsisten con menos de un dólar diario. El economista Ismael Zepeda, del Fosdeh, dijo a periodistas que el gobierno ha estado muy enfocado en temas vinculados con la crisis política y no en temas estructurales, como la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el subempleo. Lo más grave es que en esos ocho años el gobierno ha invertido más de 337 mil millones de lempiras (más de 13 mil 762 millones de dólares) en el combate de la pobreza. “Es como tirar sal al océano. Ese gasto no está focalizado en realidad al combate a la pobreza, porque los costos de operación de la burocracia son demasiado altos. Por ejemplo, cuando van a entregar cinco bonos a un municipio pobre, van en carros blindados y con viáticos pagados que representan hasta tres veces más de lo que le dan a una persona al año”, indicó Zepeda. Para el expresidente del Colegio de Economistas de Honduras y vicerrector universitario Julio Raudales esta debacle de la sociedad hondureña comenzó hace 10 años, con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales. En una década se registró una caída en el crecimiento económico, que pasó de un promedio de 4.1% a 3.7% en la actualidad, una deuda pública que subió de 8 mil 649 millones de dólares en 2009 a 16 mil 556 a principios de 2018. Pero además es palpable un franco deterioro en los servicios públicos de electricidad, agua potable y transporte, según este académico, que fue secretario de Planificación y Cooperación Externa en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014). Y el deterioro en la macroeconomía también ha tenido un impacto en el empleo. En 2010 el número de personas en subempleo era de 924 mil 668, mientras que para 2018 subió a 2.5 millones, según datos del estatal Instituto Nacional de ­Estadísticas. La falta de empleos formales provoca que muchos hondureños se conviertan en emprendedores de pequeños negocios: tiendas de abarrotes (pulperías), talleres, lavado de carros, servicios de transporte y unidades productoras de zapatos y otros bienes. Según datos del CHEP, hasta 70% del empleo es generado por micro y pequeñas empresas, y unos 2 millones de personas se autoemplean. Sin embargo, estas iniciativas tampoco son garantía de nada a causa de la alta criminalidad. Muchos de estos negocios están bajo la amenaza constante de pandillas de extorsionadores. Por ejemplo, uno de esos emprendedores, a quien llamaremos EF-523 (el número de su denuncia ante la policía), fundó el bar y restaurante Itaroa en San Pedro Sula en octubre de 2016. Al principio, como todo negocio, tuvo dificultades administrativas y de rentabilidad, pero los verdaderos problemas llegaron en febrero de 2017 cuando miembros de una organización criminal, que se identificaron como Pandilla 18, les solicitaron el pago de 10 mil lempiras (408 dólares) para dejarlos trabajar. Determinados a seguir con su proyecto decidieron pagar, pero días después les dijeron que debían alistar 30 mil lempiras (mil 224 dólares). Al darse cuenta de que la extorsión iba en aumento decidieron cerrar el negocio en abril de 2017, seis meses después de su apertura. EF-523 tuvo que salir del país mientras que un socio que tenía debió dejar su vivienda y reubicarse en otra ciudad. En mayo de este año EF-523, creyendo que su primera experiencia era historia, decidió volver a Honduras y buscar a su socio para reiniciar su proyecto. Sin embargo, los criminales los volvieron a ubicar y les pidieron 20 mil lempiras, que se pactaron para ser entregadas el 25 de junio. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAP) tendieron una emboscada para atraparlos, pero los delincuentes se dieron cuenta y no llegaron. Dos días después los comerciantes fueron interceptados y golpeados por desconocidos. Y les dieron una nueva oportunidad: una semana más para hacer el pago, plazo que se venció el pasado jueves 4. No ­cumplieron. “Estoy en un callejón sin salida. El domingo (7) mi compañero y yo fuimos perseguidos nuevamente. Ya no es para seguirnos pidiendo dinero, ahora nos buscan para quitarnos la vida”. Un día después de esta declaración se fue de Honduras nuevamente. En esta misma condición están miles de pequeños y grandes comerciantes. A mediados de julio, con motivo de su primer aniversario, la FNAP dio a conocer que había detenido a casi mil 700 extorsionadores y que su trabajo había evitado el pago de 51.6 millones de lempiras (2.1 millones de dólares). Sin embargo nadie tiene cifras de los que sí pagan y cuánto, porque el “negocio” de la extorsión abarca muchos rubros. En los últimos años son muchos los motoristas y ayudantes de autobuses, taxis y mototaxis que han sido asesinados porque los propietarios de las unidades en algún momento se negaron a pagar incrementos en las cuotas. Pero también han asesinado o han hecho huir a dueños de pulperías, cafeterías, tiendas de ropa o pequeños talleres. EF-523 pudo irse con su pasaporte en mano, pero miles se van sin nada. La CASM tiene registrado el caso de 15 miembros de una familia desplazados por amenazas similares. Ellos se fueron en una de las caravanas, pero días después los deportaron y ahora se mantienen casi encerrados en sus casas, sin poder ir a trabajar y sobreviviendo de cualquier manera, porque no pueden dedicarse a ninguna actividad económica. Y es que el terror puede ser paralizante en un país que ha registrado 37 matanzas (ejecuciones de tres personas en adelante) desde enero hasta el 28 de junio, totalizando 129 muertes. Hasta junio la Policía Nacional reportó mil 854 homicidios, y de seguir esa tendencia se superarán los 3 mil 682 registrados en 2018, cuando la tasa alcanzó 40 crímenes por cada 100 mil habitantes, lo que ubicó a Honduras en el cuarto lugar de América como el país más violento, después de Venezuela, El Salvador y Jamaica, hecho que el gobierno pregona como un “logro”, luego que en 2014 ocuparan el primer lugar mundial en homicidios, con una tasa promedio de 104 por cada 100 mil habitantes. Sea la violencia, la pobreza o la crisis política, la gente sigue huyendo por miles cada semana. En la CASM estiman que son entre 300 y 400 hondureños los que salen cada día y un número similar es deportado. <strong>Este reportaje se publicó el 4 de agosto de 2019 en la edición 2219 de la revista Proceso</strong>