<em>Pese a que en sus discursos el presidente Piñera se presenta como defensor del medio ambiente –Chile será sede de la próxima Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático–, en los hechos muestra su verdadera cara: ignora las fuentes ecológicas de generación de energía y regresa a la más contaminante, la basada en el carbón, materia prima que, además, no abunda en su país.</em> VALPARAÍSO, Chile (Proceso).- De cara a la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP25), que se realizará en Santiago del 2 al 13 de diciembre, el presidente Sebastián Piñera intenta presentarse como un defensor del medio ambiente y principal promotor del abandono del carbón como fuente de producción de energía. Pero los hechos lo desmienten. El pasado 11 de abril, al anunciar la COP25, Piñera pronunció un discurso en el que expresó que esa cumbre es “una oportunidad para que Chile pueda mostrar al mundo entero” su compromiso con el medio ambiente, no sólo “con intenciones y palabras, sino con hechos y resultados”. El jefe de Estado afirmó en la ocasión que, como país, “estamos trabajando con un sentido de urgencia y con una ambición muy grande (…) en avanzar hacia la descarbonización de nuestra matriz energética”. Este anunció llenó de ilusión a la sociedad chilena, toda vez que las termoeléctricas de carbón (las “carboneras”) se han convertido en el principal símbolo de la contaminación nacional. El 41% de la generación eléctrica en Chile depende de la quema de carbón que realizan 28 centrales termoeléctricas, con capacidad instalada de 5 mil 500 megavatios (MW), pero que producen 91% del dióxido de carbono (CO2) que ensucia el aire chileno. <strong>Plan de Piñera</strong> El pasado 4 de junio Piñera anunció su Plan de Descarbonización que considera tres etapas. En la primera –entre 2019 y 2024– se cerrarán escalonadamente ocho termoeléctricas que producen mil 47 MW, 19% de la capacidad instalada de las centrales de carbón. A finales de este año, las primeras en cerrar sus puertas serán las unidades Tocopilla 12 y 13, de la empresa francesa Engie, que en conjunto tienen una potencia instalada de 172 MW. El cronograma de Piñera detalla la fecha de cierre de otras seis centrales en los siguientes cuatro años. En una segunda etapa, de 2025 a 2040, cerrarían las restantes 20 “carboneras”. La tercera etapa prevé que Chile será “carbono neutral” (no emitirá gases de efecto invernadero) hacia 2050. Pero el anuncio despierta cada vez más críticas entre ecologistas, dirigentes políticos y comunidades afectadas por la contaminación carbonera. La fundación ambientalista Chile Sustentable elaboró –el mismo 4 de junio– una minuta en la que alertó respecto de las omisiones e inconsistencias del plan de Piñera. Puso de relieve que una semana antes de darse a conocer este anuncio, Engie ingresó al Sistema Eléctrico Nacional la nueva termoeléctrica de carbón Infraestructura Energética Mejillones, de 375 MW. Por lo mismo, pese al retiro de las unidades Tocopilla 12 y 13, Chile generará con carbón –este año– 203 MW más que en 2018. Chile Sustentable subrayó también que el cierre de estas dos centrales ya había sido informado por la empresa Engie a inicios de 2018, por lo que no cabía presentarlo como un logro del plan de descarbonización. Por otra parte, esta fundación dio cuenta de que el cierre de carboneras implicará un pingüe negocio para las empresas que se acojan al cronograma de Piñera, pues se incluye el compromiso del gobierno –por conducto de la Comisión Nacional de Energía– de cambiar el Reglamento de Transferencia de Potencia entre Empresas Generadoras a más tardar en 2021. En la modificación se incluirá un nuevo Estado Operativo de Reserva Estratégica (ERE), que puede ser aplicado por un periodo máximo de cinco años a las generadoras de carbón que soliciten retiro y desconexión. “El pago para las centrales que se acojan al ERE será de 60% del actual pago por potencia, que se remunera a las centrales por el servicio de estar operativas al momento en que se les llama a despachar energía al sistema eléctrico”, detalló en su minuta Chile Sustentable. La ONG sintetizó: “De esta forma, la sociedad (chilena) seguirá pagando a las termoeléctricas a carbón, por cinco años adicionales a su fecha de cierre y desconexión”. En entrevista con Proceso la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, expresa que la propuesta de Piñera es “totalmente insuficiente” y destaca que las centrales a cerrarse después de 2025 “no tienen un cronograma especifico de retiro” en un proceso que está “sujeto a la voluntad de las empresas propietarias”. Casi todas las carboneras que operan en Chile son extranjeras: la estadunidense Aes Gener posee 15 unidades; la francesa Engie, nueve; la italiana ENEL, tres. La chilena Colbún posee la restante. En relación con la supuesta “carbono-neutralidad” que alcanzaría Chile en 2050, Larraín remarca que esta promesa es coherente con lo solicitado por la ONU para limitar el calentamiento global entre 1.5 y 2 grados. No obstante, expresa que “el presidente no presentó ningún plan ni programa concreto para lograr dicho objetivo”. Larraín –quien en 1999 fue candidata presidencial– destaca que, al ser el sector eléctrico el máximo responsable de emisiones de CO2, “la principal oportunidad del país para reducir estas emisiones está en el sector de las centrales a carbón”. Hace ver que esas “tienen la capacidad económica y técnica para concretar una rápida descarbonización”. <strong>El engaño</strong> “Lo que el presidente (Piñera) entregó, con un discurso muy rimbombante, es básicamente un acuerdo voluntario de nulo compromiso para las empresas”, señala en entrevista Matías Asún, director para Chile de Greenpeace. “El presidente dice una cosa pero hace otra. Su propio gobierno ha permitido mantener con vida la última mina de carbón”. Se refiere el proyecto Mina Invierno, que desde 2011 opera en la Isla Riesco (en la Antártica chilena) y se ha convertido en la mina a tajo abierto más grande de todas las que han existido en Chile. Su puesta en marcha implicó la tala de 400 hectáreas de bosques, el secado de una laguna de nueve hectáreas y la contaminación del río Chorrillos y del seno Otway. En la actualidad este proyecto está detenido en tribunales por organizaciones ambientalistas que han logrado detener de las detonaciones con dinamita, que comenzaron en febrero, autorizadas por el gobierno pese a no formar parte del proyecto original. Sin embargo, el Ejecutivo –de la mano de los inversionistas– hace todo lo posible por evitar que la mina sea clausurada. El ministro de Minería, Pablo Terrazas, declaró el 26 de junio al portal de noticias EMOL que “el gobierno ha estado muy preocupado” por las resoluciones del Tribunal Ambiental de Valdivia que, a su parecer, “impiden que la empresa pueda seguir funcionando” y que el Ejecutivo “está respaldando las acciones que ha llevado adelante en los tribunales el Servicio de Evaluación Ambiental, para buscar levantar las medidas precautorias”. Asún define como “muy insuficiente” el plan descarbonizador de Piñera: “Lo primero que resalta es que las centrales que más daño han hecho y que están obsoletas seguirán funcionando cinco años más”. Afirma que un plan de este tipo, para ser efectivo, “debiese estar acompañado de un ejercicio proactivo de cobrarles a las centrales a carbón por el negocio de haber contaminado tantos años, en las que se han llamado ‘zonas de sacrificio’”, en referencia a las comunas donde se concentran las termoeléctricas. “Los niños con plomo en sangre; los años de vida perdidos; las altas tasas de cáncer; las intoxicaciones; los daños al turismo, a la pesca artesanal y a los cultivos costeros; la pérdida de plusvalía del suelo; los problemas cognitivos asociados a la contaminación; los abortos espontáneos; los días de escuela perdidos por las reiteradas crisis de contaminación; la presencia de arsénico, plomo y otros metales pesados en el suelo y en el fondo marino; los varamientos de carbón; los derrames de petróleo; los problemas asociados a la intoxicación de trabajadores”, dice Asún. Sigue: “Mientras más se sabe sobre las zonas de sacrificio, más en evidencia queda que detrás del ‘exitoso’ modelo económico y energético chileno hay un patio trasero muy vergonzoso y miles de familias tienen que aguantar la respiración para poder salir de sus casas, como ocurre en Quintero-Puchuncaví”. Argumenta que el hecho de que esas externalidades no estén incorporadas en los costos las carboneras “supone que en Chile hay un subsidio oculto para que las energías fósiles sigan funcionando”, y estima que una forma de corregir el daño sería obligar a las empresas a que paguen “por todas las externalidades negativas que van generando”. Complementa: “Habría que promover en forma agresiva las energías renovables no convencionales (ERNC) y así permitir que Chile tenga energía más barata y también mayor estabilidad geopolítica, menos dependencia de combustibles?importados”. Casi la totalidad del carbón, petróleo y gas que Chile ocupa en sus procesos productivos son importados. “Nos estamos conformando con ser un país que habla bonito, pero es muy importante que entre el dicho y el hecho no haya una brecha tan grande como la que estamos viendo ahora”, reflexiona. <strong>El Estado paga</strong> En las pasadas elecciones presidenciales (17 de diciembre) Sebastián Piñera contendió contra el senador independiente Alejandro Guillier, quien representaba a la hoy extinta coalición de centroizquierda Nueva Mayoría. En entrevista, el sociólogo y periodista Guillier pone en contexto el problema: “Chile tiene un problema de matriz energética, que está muy cargada a las centrales termoeléctricas. Pero no genera carbón propio –salvo Mina Invierno, que no produce un carbón de gran calidad–, no produce casi petróleo ni gas natural”. En contrapartida, señala: “Lo que tiene Chile es un enorme potencial para producir energías renovables, que podrían sostener todo el desarrollo” del país. Por lo mismo, estima que se necesita “urgentemente” encontrar alternativas energéticas. Subraya que recientemente se ha avanzado en construir una matriz energética más equilibrada y saludable, destacando en esta materia la promulgación de la Ley sobre Licitaciones Eléctricas (2016), que define como “un caso de política pública muy exitosa, porque efectivamente redujo sustancialmente los precios de la energía, aumentó la competencia y diversificó la matriz”. Recuerda que esa normativa –impulsada por el ministro de Energía de Michelle Bachelet– “permitió el incremento de las ERNC (en la matriz energética) de 6% a 18%”. Pero hace ver que “ahora estamos chocando en el avance hacia las ERNC, particularmente hacia la fotovoltaica, que representa más de la mitad de las energías renovables”. El senador piensa que para acelerar esa transición hay que quitar “los incentivos perversos” que tienen las energías tradicionales. Reclama: “Chile tiene el diésel más barato de América Latina: ¡Cómo un combustible tan contaminante tiene ese beneficio!”. En relación con el Plan de Descarbonización, el legislador revela que fue resultado de “un acuerdo” entre las generadoras y el gobierno de Piñera: “¡No es que el gobierno les golpeó la mesa (con un plan), sino que estas empresas le manifestaron que estarían disponibles a colaborar al cambio climático cerrando una cantidad de plantas… pero resulta que la mayoría de las plantas que ellos ofrecieron cerrar estaban obsoletas hace muchos años y ya no era rentable modernizarlas”. Guillier recalca que el plan de descarbonización “no es obligatorio ni vinculante” y que las empresas “podrían dilatar el cierre de sus plantas”. Afirma que al ritmo planteado por Piñera, Chile no podrá cumplir con el Acuerdo de París 2015 (sobre cambio climático) en el que se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 30%, de aquí a 2030. <strong>Este reportaje se publicó el 4 de agosto de 2019 en la edición 2231 de la revista Proceso</strong>