Elementos de la Guardia Nacional son acusados de robar e intimidar a un activista en Chiapas

domingo, 11 de agosto de 2019 · 23:04
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- Elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron acusados de robar 200 piezas de tilapia y de intimidar y pretender detener a un activista bajo resguardo del mecanismo de protección a defensores humanos de la Secretaría de Gobernación. El Movimiento Campesino Regional Independiente, adherido a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (MOCRI CNPA MN), denunció que los hechos ocurrieron ayer sábado después del mediodía en el municipio de Amatán, al norte del estado de Chiapas, donde a principios de año fue asesinado uno de sus líderes Noé Jiménez Pablo. Rigoberto Montejo Montejo, de 19 años, fue sorprendido por unos 20 elementos de la GN que se trasladaban en dos camionetas, quienes de forma sorpresiva ingresaron a la zona de estanques donde se encontraba laborando, esto dentro de la empresa colaborativa de la organización social campesina a la que pertenece. Lo anterior a las afueras del ejido Cerro Blanco en el municipio de Amatán. “Ingresaron violentamente al área de trabajo y encañonando al compañero, como este se encontraba lavando los estanques se le ordenó que saliera, comenzaron a catear el pequeño techado de lonas que se usa para protegerse de la lluvia, guardar la herramienta y como cocina”. “Ahí el compañero fue interrogado de manera intimidatoria pues en varias ocasiones lo golpearon en la cabeza diciéndole que ya sabían que él pertenecía a la delincuencia organizada y lo amenazaron que si no daba el nombre de sus jefes se lo iban a llevar a él, mientras sufría estas agresiones verbales fue golpeado en varias ocasiones y amenazándolo, por lo que el compañero solo expreso con quien se trabaja la producción de tilapias”, dijo la organización social. Dijo que, entre burlas, los elementos uniformados se llevaron aproximadamente 200 piezas de tilapias, que se encontraban listas para entregar un pedido. Y antes de retirarse amenazaron que si denunciaba lo sucedido “iban a regresar por él y se lo iban a llevar y ya nunca volvería, evidente amenaza de desaparición forzada”. Además, se llevaron herramientas de trabajo como dos equipos de radios de comunicación -en Amatán no hay señal telefónica, los radios son el medio de comunicación usual- y una computadora laptop HP que se encontraba en el lugar, así como el producto antes mencionado. Minutos después, a las 13:05 horas, los mismos elementos de la Guarda Nacional que presuntamente amenazaron a Rigoberto, pasaron sobre la carretera en el ejido Cerro Blanco Amatán, y se detuvieron abruptamente frente a la oficinas del MOCRI CNPA MN. Ahí se encontraba un vecino de nombre Oswaldo “N” y su familia, a quien le preguntaron que en donde se encontraba Eduardo Montejo Díaz, de 20 años. “Eduardo, quien se encontraba en la oficina, salió e inmediatamente le ordenaron que abriera la camioneta, y que pusiera las manos sobre la puerta de la camioneta, y de manera golpeante comenzaron a preguntarle de quién era la camioneta, y de manera muy concreta le dijeron a Eduardo que él tiene una denuncia por robo de coches, y que de manera puntual esa camioneta es robada, así como que en esa casa se operaban actos ilícitos, en eso uno de los elementos le dijo a quien comandaba algunas palabras en clave propia de su jerga, haciendo alusión a las cámaras que están instaladas”, narró la organización en su denuncia. Eduardo negó que la camioneta fuera robada, y ante el cuestionamiento de por qué tenían cámaras de videovigilancia afuera de la oficina, el campesino le respondió que estas cámaras forman parte de las medidas precautorias dictadas por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y que él era una de los beneficiarios de dichas medidas. Señalaron que los elementos de la GN por fin se retiraron pero se llevaron los pescados que ya estaban empacados y los equipos de radio comunicación. La organización refirió que, días antes, la GN había estado en contacto con miembros de la familia de Félix Juárez Pérez, “quien fue uno de los líderes paramilitares que desalojaron al movimiento Por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán el pasado 17 de enero cuando desaparecieron, torturaron y asesinaron a los líderes de esta organización, Noe Jiménez Pablo y José Santiago Álvarez Gómez, “crímenes que aún continúan en total impunidad pues no hay ningún detenido aun cuando estos fueron plenamente identificados”. Destacó que Eduardo y Rigoberto son hijos de Armando Montejo López y Celestino Montejo Díaz, del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacan, quienes fueron asesinados el 19 de diciembre de 2014 por la banda paramilitar “Los Diablos” que comandaba el entonces presidente municipal Enoc Díaz Pérez, quien estuvo preso un año en el penal de El Amate y hoy está en libertad, y es el operador de Morena en esa región. La organización dijo que desde que llegaron los miembros de la Guardia Nacional frente a la oficina Eduardo, éste se identificó y les informó que se encuentra integrado y es beneficiario de Gobernación, y pese a esto a la Guardia Nacional no le importo amenazar a Eduardo. “Es importante resaltar que creemos que el actuar de estos elementos se limitó a no agredir más al compañero gracias a la existencia de estas cámaras que sirvieron de manera intimidatoria para evitar alguna detención arbitraria”, dijo el MOCRI CNPA MN. Indicaron que esta agresión en contra del MOCRI CNPA MN se da inmediatamente después de haber terminado de participar en la caravana por la Libertad, la Vida y La Justicia donde junto con otras organizaciones caminaron del 3 al 8 de agosto desde Chiapas hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Esto, para instalar un plantón frente al Palacio Nacional, para denunciar así la militarización de Chiapas, la criminalización de la protesta social y justicia para Noé Jiménez Pablo. “Para nosotros es evidente que este acto de intimidación es en contra de toda la organización, y que los cuerpos policiacos siguen estando al servicio de los grupos de poder y caciques políticos regionales y que hoy en represalia por haber protestado nos han amenazado de manera directa a través de este nuevo grupo de represión, y a más de seis meses del asesinato de nuestros compañeros no han hecho ni una detención pero si amedrentan a la organización”, concluyó.

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