La ONU sobre el caso Christian Téllez: Estado mexicano responsable de desaparición forzada

Christian Téllez Padilla fue detenido en Veracruz en 2010 por policías presuntamente al servicio de Los Zetas. Foto: Twitter @idheasdh Christian Téllez Padilla fue detenido en Veracruz en 2010 por policías presuntamente al servicio de Los Zetas. Foto: Twitter @idheasdh

GINEBRA (proceso.com.mx).- Por primera vez, en un dictamen que se considera histórico, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusa al Estado mexicano de un caso de desaparición forzada.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que el Estado mexicano “es responsable” del caso de desaparición forzada de Christian Téllez Padilla en Veracruz en 2010, en el que participaron autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos del crimen organizado.

Según la querella, el joven de 30 años conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica,Veracruz, en octubre de 2010 cuando dos patrullas de la policía intermunicipal lo detuvieron y lo obligaron a subir a una de ellas a punta de pistola.

Su esposa Aidée “N”, quien presenció los hechos, y familiares de Christian no pudieron localizarlo en ninguna comisaría. Y aunque presentaron varias denuncias, estas resultaron infructuosas.

“Nosotros observamos que el Comité de Derechos Humanos de la ONU era una ventana de oportunidad para abrir la puerta y el camino de justicia en casos como la desaparición forzada y decidimos presentar tres casos, entre ellos el de Christian Téllez Padilla”, relata a Proceso Juan Carlos Gutiérrez, director general de I(dh)eas. Litigio Estratégico de Derechos Humanos.

Sostiene que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cancillería “utilizó una estrategia de revictimización, de sembrar un manto de dudas sobre las víctimas y de cuestionar la solicitud que hicimos a la ONU”.

Nueve años después de la desaparición de Chistian, el Estado no ha proporcionado ninguna explicación convincente sobre su caso, sostiene el Comité sobre la suerte que ha corrido Téllez Padilla ni sobre su paradero, a pesar de que estaba en manos de las autoridades del Estado la última vez que fue visto con vida.

“Es importante mencionar que el Comité establece que el Estado (mexicano) debe proporcionar una explicación convincente sobre la suerte de la víctima: si se encuentra vivo o muerto, y entregar los restos mortales a los familiares en caso de que haya muerto, sancionar a los responsables y reparar el daño”, remarca Gutiérrez.

Dice que la organización que dirige intenta hacer un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que, por medio de su canciller Marcelo Ebrard “honre la palabra que ha dado en reuniones ante las madres y familiares de los desaparecidos”.

El dictamen del Comité de Derechos Humanos –un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU– es “una sacudida al Estado mexicano”, comenta a su vez a Proceso Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Advierte que, ante la gravedad del problema –que refleja el grado de problemática hay en el país, con más de 40 mil personas desaparecidas–, el Estado mexicano tendrá que aceptar la asistencia de instancias internacionales, pues “es una llamada, una alerta sobre un problema no resuelto, un flagelo que no hemos podido superar”.

Ante los innumerables casos no aclarados, dice el ómbudsman nacional, quien se encuentra en esta ciudad, este dictamen “focaliza la necesidad de que México acepte el envío de comunicaciones individuales al Comité de Desaparición Forzada”, otro de los órganos de tratados de la ONU especializado en la materia.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, director general de I(dh)eas. Litigio Estratégico de Derechos Humanos, organización que llevó el caso al Comité de Derechos Humanos, celebró que “por primera vez en la historia jurídica de la ONU un órgano de tratados se haya pronunciado sobre un caso individual de desaparición forzada y condena al Estado mexicano por violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que es parte”.

El viacrucis legal 

La madre de Christian, María Eugenia Padilla, narra el viacrucis que se inició a partir del trágico 20 de octubre de 2010, el último día que vio a su hijo:

“Cuando fui a denunciar la desaparición de mi hijo me dijeron que tenían que pasar 48 horas; no me recibieron la denuncia. Fui por un amparo de búsqueda y el juez que lo firmó me comentó: su hijo no está aquí”.

Como la señora Padilla le dijo al juez que la esposa de Christian vio que la policía intermunicipal se lo llevó, que no estaba mintiendo, éste le dijo: “A ver señora, yo no estoy diciendo que diga mentiras, simplemente estoy diciendo que posiblemente sí se lo llevó la policía intermunicipal, pero no está en las instalaciones, posiblemente se lo llevaron y lo entregaron a otras gentes”.

La señora Padilla se fue a Tuxpan, acompañada de su nuera Aidée, a sacar una cita con el subprocurador del Norte de Veracruz. Cuando se entrevistaron con el personal administrativo y les relataron los hechos, las secretarias les dijeron que los policías intermunicipales suelen actuar de esa forma cuando aprehenden a presuntos delincuentes.

Decidieron marcharse a la Fiscalía de Xalapa, donde estaba el responsable de atender los secuestros.

El procurador les preguntó si había cámaras en el bulevar Ruiz Cortines, donde fue levantado Christian. La señora Padilla y su nuera le respondieron que sí, pero nunca llegaron los videos. El procurador le pidió a Aidée hacer un mapa y contó que el vehículo en el que se llevaron a Christian dio vuelta a la derecha, pero el procurador puso con el marcador que la vuelta fue a la izquierda.

“Yo lo corregí –cuenta la madre del desaparecido, pero el señor se molestó… Y así siguieron las omisiones y las faltas de respeto.

El fiscal octavo le dijo a la madre de Christian: “Señora, no se preocupe. Yo hoy le entrego a su hijo… No, no, no, hoy no, mañana.

“Seguimos yendo mi hermano y mi nuera a ampliar declaraciones y siempre que me veía me decía: No se preocupe, hoy le entrego a su hijo. Fuimos todo un mes. El último día salió y me dijo: Señora, se deberían de ir a comer. No se preocupe, coman a gusto; hoy le entrego a su hijo.

La señora Padilla, su hermano y su nuera se fueron a comer y empezaron a hacer planes para recibir a Christian.

“Cuando regresamos, pasó el fiscal y me dijo: Al rato, al rato le entrego a su hijo. Me dije: ‘Este hijo de su pinche madre, por qué dice que al rato me va a entregar a mi hijo. Que me lo entregue ahorita’. Mi hermano volteó y me dijo: ‘Tienes razón, déjame ver a este hijo de la chingada’”.

Entonces el hermano de la señora Padilla fue a la oficina del fiscal a decirle que si no les iban a entregar a Christian cuando menos dejaran que su madre lo viera.

“Ay, señor, usted qué cree que soy mago. De dónde lo voy a sacar” –le respondió el funcionario.

Posteriormente, dice la señora Padilla, le mostraron varias fotografías a la esposa de Christian y ella reconoció a dos policías, uno de ellos llamado Pablo García. Le dijeron que iban a investigar, pero no hicieron nada.

En Poza Rica, relata la madre de Chistian, no le quisieron enseñar los álbumes con fotografías. Le dijeron que primero tenía que al jurídico. Al final experto en “todología”, les hizo el peritaje del carro y un retrato hablado en computadora que resultó una caricatura.

Relata: “A nivel federal, en la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada”, que se supone son expertos en desaparición forzada, me tocó una agente del MP. Le pedí checar los tiempos del momento en que (Christian y Aidée) salieron de la casa; lo que pasó (en el trayecto) y cuando se llevaron a mi hijo. Como los tiempos no me cuadraron, (los agentes) quisieron darme a entender que mi nuera le mandó a hacer algo (a Christian) porque a lo mejor tenía un amante. Eso es frustrante”.

Lo peor de todo, sostiene, es que ni siquiera “le dieron seguimiento a mi búsqueda”.

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