ONU pide al gobierno de AMLO investigar asesinatos de migrantes en México

La delegación mexicana ante el Comité de la ONU. Foto: Tomada de Twitter @marthadelgado La delegación mexicana ante el Comité de la ONU. Foto: Tomada de Twitter @marthadelgado La delegación mexicana ante el Comité de la ONU. Foto: Tomada de Twitter @marthadelgado La delegación mexicana ante el Comité de la ONU. Foto: Tomada de Twitter @marthadelgado

GINEBRA (proceso.com.mx).- El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD en inglés) pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llevar a cabo una investigación expedita e independiente sobre los asesinatos de un migrante hondureño en Saltillo y un haitiano en Tapachula.

El CERD, en el marco de la sustentación del informe de México sobre su cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió informes a la delegación mexicana sobre el asesinato de Marco Tulio Perdomo Guzmán “cuya muerte fue consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de la fiscalía general del estado de Coahuila’’.

El relator del CERD para México Silvio José Albuquerque, reconoció que al parecer las circunstancias del asesinato de Perdomo no indican que el operativo tenía objetivos de control migratorio.

“Sin embargo, la acción de los funcionarios de la fiscalía general con el uso de fuerza letal pudo haber sido motivada por xenofobia y alimentada por odio racial”, remarcó Albuquerque.

El segundo caso, continuó el experto, tiene que ver con un migrante haitiano en el centro de detención migratoria de Tapachula. La muerte del migrante de nacionalidad haitiana, cuyo nombre no se ha hecho público, ocurrió en la madrugada del 6 de agosto.

“Varios testigos apuntan que la víctima en los días anteriores a su muerte tuvo un tratamiento discriminatorio por parte de los agentes públicos del centro de atención de Tapachula, una práctica habitual en aquel centro de detención contra migrantes, sobre todo haitianos’’, remarcó.

En su respuesta sobre los hechos en Coahuila el representante de México, Cristopher Ballinas Director General de Derechos Humanos de la SRE, explicó que la muerte de Perdomo no fue producto de “una redada sino de un operativo contra la delincuencia organizada donde lamentablemente esta persona perdió la vida”.

Con respecto al caso de Tapachula, Ballinas lamentó los hechos y recalcó que “aquí es donde nosotros hacemos un llamado precisamente a los diferentes mecanismos de Naciones Unidas’’.

México se está enfrentando a flujos inusuales de migración y a la luz de ello el gobierno de AMLO hace un llamado para que las diversas agencias de la ONU se manifiesten “para poder complementar los esfuerzos que está haciendo el gobierno’’, llamó.

Los flujos son inusuales, han crecido 5 veces en un año “lo cual está rebasando las capacidades institucionales de México por lo cual necesitamos de su ayuda para crear esquemas regionales de responsabilidad compartida’’, urgió.

Guardia Nacional y las cuestiones migratorias

El relator del CERD, un órgano de tratados de la ONU formado por 18 expertos independientes, increpó a la delegación mexicana liderada por la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la cancillería Martha Delgado sobre el uso de la Guardia Nacional en asuntos migratorios.

“¿Cómo justifica México las operaciones de la Guardia Nacional creada a principios de 2019 en cuestiones vinculadas a la migración?’’, lanzó el experto.

El miembro del Comité de la ONU puso en duda la compatibilidad de las operaciones de la Guardia Nacional para frenar el flujo migratorio con la Convención contra la Discriminación Racial de la que México es parte.

Tras señalar que la GN había desplegado 15 mil elementos en el norte del país para detener el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos y 6 mil a la frontera sur con el objetivo de frenar el flujo migratorio proveniente de América Central y ampliar de forma significativa el programa llamado “Remain in Mexico’’, Albuquerque demandó explicaciones sobre si la Guardia Nacional era un nuevo ejército de la fuerza policial “habilitado para actuar como agentes de migración’’.

Observó que entre enero y mayo de este año México detuvo a 74 mil migrantes, un aumento del 36% en comparación con el mismo periodo del año pasado y el número de migrantes deportados se triplicó de 5717 en 2018 a 15654 en abril de 2019.

“¿Cuáles fueron los criterios y la base legal de las medidas relativas a la detención y la expulsión de los migrantes y sus familias?’’, preguntó el experto brasileño.

Con respecto a la GN el colombiano Pastor Murillo consideró que México dio un paso “que podría percibirse como una acción desesperada al reformar su catálogo constitucional para la militarización y la incorporación de fuerza militar en el control de la seguridad nacional, “es un hecho que ha tenido lecturas encontradas’’ por varios actores.

Cuestionó al gobierno sobre cómo están disipando las preocupaciones y el impacto que tienen que ver con “medidas desesperadas” como la creación de la GN y la garantía de los derechos fundamentales.

Al tomar la palabra la experta española María Verdugo subrayó que de acuerdo a la incorporación legislativa en el artículo 5 transitorio nacional del registro de detenciones “se exime a la GN de registrar las detenciones que realicen por motivos de migración, lo que lógicamente abre mucho el campo tanto a que esas detenciones sean arbitrarias o se hagan por perfil racial’’.

“Quería saber ¿si esto es así y si hay voluntad de modificarlo?’’, demandó.

Al responder en nombre de delegación mexicana, Erika Martínez funcionaria de la Misión de México, señaló que la Guardia Nacional “es una instancia civil” que apoya al Instituto Nacional de Migración en resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentren.

Recordó la firma del acuerdo con la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos con el fin de capacitar a los elementos de la GN para cumplir con los más altos estándares de derechos humanos.

Corrigió sobre las cifras arriba mencionadas por el experto del CERD sobre deportados aclarando que “de los más de 70 mil migrantes presentados en el primer semestre de este año más de 48 mil adultos y casi 22 mil menores fueron apoyados para su retorno asistido a su país de origen y sólo 1186 fueron deportados”.

Discurso de odio contra migrantes en México

Albuquerque expresó la preocupación del CERD por el aumento en el discurso de odio contra migrantes en el país.

“Preocupa al Comité que el aumento de las caravanas de migrantes esté acompañado del incremento de los discursos de odio contra este grupo de personas vulnerables, este hecho no ocurre en las redes sociales sino también en los medios de comunicación tradicional que se refieren a los migrantes con expresiones como holgazanes y delincuentes’’, manifestó.

Albuquerque mostró curiosidad por saber qué medidas ha adoptado el gobierno de AMLO  ante el incremento de los discursos de odio en contra de personas migrantes.

En este sentido el Relator solicitó al gobierno que proporcione las cifras sobre los casos registrados de migrantes desaparecidos, cuántos de esos casos fueron investigados y cuántos llevados a la justicia.

Martínez, de la delegación México, dijo que si bien la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no ha recibido financiamiento adicional ante la severa crisis migratoria que vive el país y “el incremento exponencial de las solicitudes de refugio”, se cuenta con el apoyo de la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR).

Y en cuanto al aumento del rechazo a los migrantes y prácticas de perfilamiento racial indicó que entre 2012 y 2019, más de 5 mil agentes del INM recibieron capacitación en derechos humanos y se realizó una guía con CONAPRED para evitar dichas prácticas.

En este sentido la experta del CERD María Verdugo mostró su sorpresa por la reducción del presupuesto de la COMAR en un 20% y cuestionó por qué el gobierno de AMLO no destina más recursos frente a la dimensión de la crisis.

“Entiendo que la problemática migratoria de México es alarmante y que es muy complicada’’, dijo Verdugo quien exhortó al gobierno de la 4T a utilizar otras dependencias públicas para responder a esa situación de “emergencia social’’.

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