CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Jan Jarab, llamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a “marcar una diferencia profunda” con la administración de Enrique Peña Nieto. Y es que –subrayó-- en el litigio internacional ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, Peña se dedicó a “defender la línea de los perpetradores” en el caso de la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla, ocurrida en 2010 y atribuida a policías municipales de Poza Rica, Veracruz. Una prueba del cambio sería aprobar la competencia contenciosa del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) sobre casos individuales, agregó Jarab, al invitar al gobierno de López Obrador a cumplir con la resolución de ese Comité, emitida el pasado lunes 5. En conferencia de prensa resaltó que el actual gobierno tiene “la gran oportunidad” de marcar “una diferencia profunda en cómo va a tratar este caso, y también todo lo que debe de servir de prevención y no repetición, como aprobar la competencia del CED”. Tras destacar que el caso Téllez Padilla es el segundo pronunciamiento del CDH-ONU (el primero fue el de Lydia Cacho) en el que se encontró responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puntualizó que el mensaje que deja la instancia de Naciones Unidas “es que rechaza una forma de actuar del Estado mexicano en el gobierno pasado que consiste en verdaderamente defender la línea de los perpetradores”. De acuerdo con el artículo primero constitucional, la resolución del CDH-ONU tiene carácter de sentencia, por lo que el gobierno de López Obrador está obligado a acatarla en sus términos. Ello, luego de que el caso Téllez fue litigado ante ese órgano por el gobierno de Peña Nieto, registrándose la última respuesta del Estado en noviembre del año pasado. Al retomar el contenido del dictamen, Jarab destacó que en las respuestas que la Cancillería dio al Comité, descartaban que el caso se tratara de una desaparición forzada, porque lo negaban los policías municipales de Poza Rica involucrados en el caso, además de que buscaron la forma de desacreditar a la compañera de Christian Téllez, quien atestiguó los hechos. Para el representante de ONU-DH, el caso Téllez resulta “muy representativo” de los miles de casos de desaparición forzada en México, en los que “son las familias las que exigen que se busque, se investigue y se haga justicia”, y junto a ello están los obstáculos que enfrentan por parte de las instituciones, de manera particular lo ocurrido en Veracruz, donde se “enquistó” la criminalidad que afectó principalmente a los jóvenes. En la conferencia de prensa, la madre del joven desaparecido, María Eugenia Padilla, detalló los obstáculos a los que se enfrentó la familia desde que Christian fue detenido por elementos policiacos en Poza Rica y cómo fue negada su detención por parte de las autoridades, además de la falta de inspección de las instalaciones por parte del Poder Judicial de la Federación, y los intentos de criminalizar a la víctima como a su pareja, testigo de los hechos. Padilla también narró que, a partir del momento en que la familia buscó interponer una denuncia por desaparición forzada en Veracruz, fueron intimidados por las autoridades de procuración de justicia, peritos, policías, agentes del Ministerio Público estatal y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), para que abandonaran el caso, dado el riesgo que corrían sus vidas. La madre de la víctima llamó a López Obrador a que “demuestre que es buen presidente” y cumpla con su compromiso de no poner límites a la búsqueda de desaparecidos. Juan Carlos Gutiérrez, director de I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la organización que representa a Téllez Padilla, externó su extrañeza de que la Cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard, no haya contactado a la organización para acordar el cumplimiento de la sentencia internacional. De igual manera, señaló que a la conferencia fueron convocados representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pero hasta ahora tampoco han buscado a la organización para atender las indicaciones del resolutivo del CDH-ONU. Para el defensor, acudir al órgano de la ONU es una “ventana de oportunidad para abrir el camino de justicia en casos de desaparición forzada”, e informó que además del caso Téllez Padilla, I(dh)eas presentó otros dos ante dicho Comité. Tras detallar que el resolutivo fue elaborado por 18 expertos independientes, Gutiérrez Contreras citó lo dicho por el Comité en torno al caso de Christian Téllez, en el sentido de que “las investigaciones realizadas no parecen haber sido rápidas ni exhaustivas, no se han adelantado con la debida diligencia, no han sido independientes e imparciales, y han sido inefectivas para esclarecer las circunstancias de la desaparición, la suerte y paradero” de la víctima, y para identificar a los responsables. A nivel interno, añadió, no hay ningún avance en la búsqueda de Téllez Padilla ni mucho menos en sancionar a los responsables, algunos de ellos en prisión, acusados de delincuencia organizada, y destacó que el resolutivo de la ONU dio 180 días al gobierno mexicano para dar respuesta al documento. El Comité urgió al Estado mexicano a “llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y eficaz sobre las circunstancias de la desaparición del señor Téllez Padilla”, para lo cual debe tomarse en cuenta “el contexto identificado en el presente caso entre autoridades estatales y grupos de la delincuencia organizada”; en caso de estar vivo, “poner en libertad de manera inmediata” a la víctima, y en caso contrario “entregar sus restos mortales a sus familiares”. Además, investigar y sancionar “cualquier tipo de intervenciones que hayan podido entorpecer la efectividad de los procesos de búsqueda y localización”; procesar y castigar a los responsables, así como “divulgar los resultados de esas actuaciones”; proporcionar servicios de rehabilitación psicológica y médica, así como una reparación integral del daño, “que incluya una indemnización adecuada por las vulneraciones sufridas”. Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), apuntó que ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU hay, desde 2012, 328 casos presentados desde México ante ese órgano, de un total de 492. De los 328 casos mexicanos plasmados en Acciones Urgentes, dijo, 70 no han recibido ningún tipo de respuesta por parte del Estado mexicano.