CIUDAD DE MÉXICO (apro). - La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que las reformas que próximamente serán discutidas en el Senado, la cuales pretenden clasificar como crimen organizado la evasión fiscal, pueden provocar “incertidumbre jurídica” a las empresas y los contribuyentes honestos por medio de la aprobación de “legislación extremadamente punitiva”. “Las reformas planteadas amenazan a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente. Preocupa mucho que, en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras, pudieran darse injusticias. Confundiendo empresas que realizan operaciones legales con aquellas que realizan operaciones fantasmas debido a cuestiones puramente operativas como la forma en la que se da de alta o baja en el SAT”, señaló el organismo patronal en su mensaje semanal. Lo que es aún más grave, agregó, es que podría haber contribuyentes que, sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente. “Al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría derecho a fianza e, incluso, debido a la recién aprobada Ley Federal de Extensión de Dominio, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática”, aclaró. Para el organismo, presidido por Gustavo de Hoyos Walther, estos mecanismos crean un arma política muy poderosa contra empresas y contribuyentes que no sean bien vistos por quienes ejercen el poder. “De esta forma, lejos de abonar a la construcción de un sistema tributario robusto y seguro, se generaría una inquietud justificada, que pondría en jaque la ya de por sí debilitada confianza empresarial, cuyos niveles están en sus niveles más bajos en más de un año”, acotó. La Coparmex señaló que debido a los efectos que esta iniciativa podría ocasionar, no puede ser votada sin un análisis extenso y consensuado con todo el sector productivo. “Es necesario construir una Ley cuya implementación no devenga en más problemas y una mayor incertidumbre. En principio, combatir la defraudación, elusión y evasión fiscal es una política adecuada. Sin embargo, estas reformas tan importantes no pueden ser aprobadas en “fast-track”, como se tiene contemplado”, acotó.