CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República discutirá en comisiones, este miércoles, un dictamen que prevé insertar el delito de defraudación fiscal en el catálogo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Además, que los delitos fiscales que afecten finanzas públicas sean considerados como amenaza a la seguridad nacional. El proyecto de las comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, señala que hay consenso entre los grupos parlamentarios para aprobar un dictamen que incluye las iniciativas de los senadores Alejandro Armenta (Morena), Samuel García (Movimiento Ciudadano) y Minerva Hernández (Partido Acción Nacional), para combatir la evasión fiscal a través de empresas fantasma que, se calcula, facturan operaciones inexistentes por más de dos billones de pesos. “En el país existen más de 8 mil 500 empresas fantasmas, las cuales son utilizadas para el uso de facturas y comprobantes falsos”, resalta el proyecto. La iniciativa plantea reformar el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que incluya la defraudación fiscal cuando participen tres o más personas de forma reiterada y el monto de lo defraudado supere los 7 millones 800 mil pesos. También se considerará delincuencia organizada la expedición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Según la iniciativa de reforma al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, “se impondrá sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”. La misma pena recaerá en quien permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales falsos. Y cuando el delito involucre a un servidor público en funciones, será destituido e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar un cargo público. El dictamen establece que será una amenaza a la seguridad nacional los delitos fiscales “que por su relevancia y daño o perjuicio al fisco federal afectan las finanzas públicas del país”. De igual manera, propone que al catálogo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales se adicionen, como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa: el contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal y su equiparable, así como la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. El documento destaca que el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, tomó en cuenta las opiniones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Asociación de Bancos de México (ABM). Coparmex acusa "arma política" En un comunicado de prensa, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificó las reformas como una legislación “desorbitantemente punitiva” y consideró preocupante que puedan cometerse injusticias. “Podría haber contribuyentes que, sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente. Al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría derecho a fianza. E incluso, debido a la recién aprobada Ley Federal de Extensión de Dominio, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática”, abundó. También acusó que este tipo de mecanismos crean un “arma política muy poderosa contra empresas y contribuyentes que no sean bien vistos por quienes ejercen el poder”. Añadió: “Lejos de abonar a la construcción de un sistema tributario robusto y seguro, se generaría una inquietud justificada, que pondría en jaque la ya de por sí debilitada confianza empresarial, cuyos niveles están en sus niveles más bajos en más de un año”. Por último, el organismo empresarial llamó a los senadores a no aprobar esta serie de reformas fast-track, y discutir el paquete con el acompañamiento de especialistas.