SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- Con una marcha y una misa en la plaza central, alrededor de un millar de indígenas, encabezados por sobrevivientes de la masacre de Acteal, exigieron el desarme de los grupos civiles armados que aún operan en Chenalhó y que –advirtieron-- amenazan con otra tragedia. A 10 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberó a los primeros 20 autores materiales confesos del multihomicidio perpetrado el 22 de diciembre de 1997, indígenas tzotziles de la organización civil Las Abejas de Acteal exigieron que sean llamados a cuentas no sólo los autores materiales, sino los autores intelectuales que siguen en la impunidad. Entre ellos, mandos policiacos y militares, así como el gobernador Julio César Ruiz Ferro y el presidente de la República de aquel entonces, Ernesto Zedillo, “porque fueron cómplices de ese crimen de lesa humanidad”. Desde la iglesia del Barrio San Martín, en las afueras de San Cristóbal de Las Casas, indígenas originarios de Chenalhó y de otros municipios de la región de los Altos marcharon durante dos horas hasta llegar a la “Plaza de la Resistencia”, encabezados por los sobrevivientes de la masacre y líderes religiosos, como los sacerdotes Marcelo Pérez Pérez y Pedro Arriaga. En la plaza, frente a la Catedral de San Cristóbal de Las Casas, los asistentes participaron en una misa, pero minutos antes los líderes indígenas de Acteal tomaron la palabra para exigir justicia por los 45 hombres, mujeres y niños que fueron masacrados en diciembre de 1997 a manos de un grupo paramilitar formado y entrenado en la comunidad Miguel Utrilla Los Chorros, la más grande de Chenalhó, de donde eran originarios la mayoría de los casi 80 indígenas que estuvieron presos como autores materiales de la matanza. Destacaron que el 12 de julio de 2009 salieron de la cárcel los primeros 20 indígenas, por inconsistencia y violación al debido proceso. Y, así, poco a poco los demás abandonaron la prisión, hasta que no quedó uno solo. La condición fue que los supuestos asesinos no regresaran a sus comunidades de origen, pero muchos de ellos desobedecieron la medida. Guadalupe Vázquez Luna, joven indígena tzotzil sobreviviente de la masacre, dijo que un día como hoy, pero en 2009, “la mal llamada” Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó y liberó a 20 paramilitares, autores materiales de la masacre de Acteal, con el argumento de que la Procuraduría General de la República fabricó evidencias para inculpar a los detenidos, además de encontrar “irregularidades en el debido proceso”, pero en realidad –subrayó-- era una estrategia política para evitar la investigación hacia los principales autores intelectuales de dicha masacre. Ese acto de impunidad en Chiapas –abundó-- se cometió durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero y del presidente Felipe Calderón. Los paramilitares, añadió, fueron liberados y premiados con cinco hectáreas de terreno, viviendas y una pensión mensual. Actualmente estos agresores caminan libremente cerca de Acteal sin ningún remordimiento. La mujer sostuvo que la impunidad y la burla, pero ante todo la memoria y dignidad de sus hermanos masacrados, los impulsó a realizar la marcha-peregrinación para exigir justicia verdadera y digna por la masacre. Uno de los oradores en el mitin mencionó que en la matanza de Acteal no sólo murieron 45 personas, más los cuatro no nacidos, también fueron lesionadas 26 personas, algunas de gravedad, y hasta la fecha siguen sin sanar sus heridas, como en el caso de Catarina Méndez Paciencia, quien recibió siete impactos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Pese a la gravedad de sus lesiones, “nuestra compañera es un ejemplo de dignidad, de resistencia y de gran conciencia”, soltó. “Así como Catarina y otros sobrevivientes conscientes, lo que buscamos es conocer la verdad y la justicia verdadera”, indicó. Durante el acto, los indígenas emitieron una condena de culpabilidad en contra de los autores intelectuales de la masacre de Acteal: Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México; Emilio Chuayffet Chemor, exsecretario de Gobernación; Julio César Ruiz Ferro, exgobernador de Chiapas; Miguel Ángel Aguirre Cervantes, exsecretario de la Defensa Nacional, y Mario Renán Castillo, quien fuera comandante de la VII Región Militar y responsable de la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 94. También, Jorge Enrique Hernández Aguilar, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Homero Tovilla Cristiani, exsecretario general de Gobierno; Antonio Pérez Hernández, exsecretario para la Atención de los Pueblos Indígenas; Uriel Jarquín Gálvez, exsubsecretario general de Gobierno; David Gómez Hernández, exsubprocurador de Justicia Indígena de la Procuraduría de Justicia de Chiapas, y el general retirado Jorge Gamboa Solís, excoordinador general de la Policía del estado. El presidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal, Juan Vásquez, destacó que a 10 años de que la SCJN ordenó la liberación masiva de los paramilitares, hoy los autores materiales de la masacre de Acteal en la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, cuna de los paramilitares, han vuelto explícitamente a ejercer violencia en contra de integrantes de la organización civil. Por ejemplo, precisó, el pasado sábado 10 fueron destruidas las casas y pertenencias de sus compañeros José Vázquez Entzín, Antonio Ramírez Pérez, Alonso Ruiz López, Alonso Jiménez Méndez y Pedro Jiménez Méndez, a manos de simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En Chenalhó nunca hubo una campaña de desarme real, y la violencia, como en aquel 1997, ha vuelto y amenaza con perpetrarse otra matanza similar o de peor magnitud, remató.