CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las quejas por filtración de información, omisión y negligencia sobre casos penales desde el interior de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) ya llegaron al terreno de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuyo resultado podría enviar a los servidores públicos responsables a juicios en el Tribunal Administrativo y hasta terminar en inhabilitación laboral. Es el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando la dependencia filtró declaraciones, fotografías y hasta resultados toxicológicos que motivaron a los familiares de las víctimas -Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín, Nadia Vera y Rubén Espinosa- y sus abogados a solicitar un amparo y, tres años y medio después, iniciar una queja ante la Contraloría contra funcionarios de la Procuraduría. El desaseo legal con que fue hecha la investigación hace cuatro años derivó en la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) que, en uno de sus 17 puntos, sugirió a la PGJ indagar sobre la filtración de información del expediente que, a su vez, provocó la revictimización de las cinco personas, entre otras violaciones al debido proceso. El 11 de diciembre de 2018, apenas iniciada la actual administración, los familiares de los afectados y sus representantes legales, entre ellos la organización Artículo 19, iniciaron una queja administrativa por la omisión, negligencia y malos tratos de servidores públicos de la PGJ que, dijeron, se tradujo en "múltiples violaciones a los derechos humanos de todas las víctimas y que se han prolongado en el tiempo desde que comenzó la investigación sobre los hechos hasta la fecha". Para entonces, estaban como procurador, Rodolfo Ríos; como subprocurador de Averiguaciones Previas, Edmundo Garrido; y como fiscal de Homicidios, Marco Reyes. Avances de la Contraloría Sobre los avances en la atención de la queja, Juan José Serrano, contralor general de la Ciudad de México, informó que ya se revisó el estado de la causa penal del caso y que, entre los primeros resultados, se comprobó la falta de diligencias y actuaciones de la PGJ para realizar una investigación apegada a derecho. En particular, detalló, se comprobó que hubo filtraciones de información del expediente a ciertos medios de comunicación. Según los abogados defensores de los familiares, la Procuraduría lo hizo con el fin de desviar la atención pública, privilegiar una línea de investigación y desestimar otras. En entrevista con Apro, Serrano Mendoza explicó que el organismo a su cargo requiere tiempo para empezar a tener resultados, debido a la cantidad de funcionarios que intervinieron en la integración del expediente -que hasta ahora consta de 21 tomos-, por ejemplo; peritos, Ministerio Público, policías preventivos y de Investigación, entre otros. Por lo pronto, afirmó que ya tuvo una conversación con la procuradora Ernestina Godoy y que, en este mismo mes, pedirá una reunión con los familiares de las víctimas para escuchar su postura. Además, a petición de éstos, solicitará la intervención de la Visitaduría General de la Procuraduría y que ésta le presente un avance del cumplimiento de la Recomendación de la CDHDF. Ya con toda la información, agrega el contralor general, se van a deslindar responsabilidades "y si derivan en faltas administrativas graves como corrupción, se podría enviar el caso al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México". Moderado en sus comentarios sobre las consecuencias de las omisiones y falta de actuación de servidores públicos en el caso Narvarte, comenta que primero "hay que evaluar la situación, el acto irregular y, sobre eso, emitir una resolución". Filtración, la constante La queja de familiares de las víctimas y sus abogados contra la Procuraduría capitalina por filtrar información en el caso Narvarte no ha sido la única. En mayo de 2017, Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera, víctima de feminicidio, y sus abogados, acusaron a la Procuraduría capitalina de filtrar información vía Twitter, sobre los primeros resultados de la investigación con la intención de hacer creer que la joven universitaria se suicidó al interior de Ciudad Universitaria. Ya en esta administración, la procuradora Ernestina Godoy ha tenido que enfrentar filtraciones de información en casos como el feminicidio de Aidée Mendoza, estudiante del CCH Oriente; Norberto Ronquillo, de la Universidad del Pedregal; y Leonardo Avendaño, de la Universidad Intercontinental. La semana pasada, el vocero de la dependencia, Ulises Vera, reconoció que la menor de edad que denunció haber sido abusada sexualmente por cuatro policías capitalinos en Azcapotzalco, y su madre, no continuaron la denuncia debido a que perdieron la confianza en la PGJ-CDMX tras la filtración de datos sobre el caso.