Autoridades de la CDMX caen en contradicciones en caso de policías ligados a menor violada

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Foto: Eduardo Miranda La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El caso de la violación sexual de una menor de 17 años en la alcaldía Azcapotzalco, presuntamente por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el pasado 3 de agosto, trae de cabeza a las autoridades capitalinas quienes, en al menos dos ocasiones en diferentes días, han caído en contradicciones respecto a los avances de la investigación.

Este martes, alrededor de las 11:00 horas, el vocero de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX), Ulises Lara, aseguró en conferencia que los uniformados no han sido ubicados ni hay imputados directos sobre el caso, pues no tienen pruebas científicas en contra de nadie.

Siete horas después, en un video difundido en su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que “seis elementos policiacos han sido suspendidos de sus funciones mientras la investigación sigue abierta”.

El pasado viernes 9, la mandataria local y el jefe de la policía, Jesús Orta, también cayeron en contradicciones. Por la mañana, al salir del gabinete de seguridad, el funcionario informó a la prensa que los cuatro elementos presuntamente involucrados en el delito denunciado, estaban localizables, en sus funciones y sin riesgo de fuga, pues hasta ese momento la PGJ-CDMX “no los había requerido”.

Un par de horas después, en entrevista por separado, la exdelegada en Tlalpan aseguró que los policías señalados “no se reincorporan a sus funciones… Se inició la denuncia y a partir de ahí se está haciendo la investigación”.

En el video de este martes 13, Sheinbaum Pardo destacó las acciones emprendidas por su gobierno en favor de la protección y el acceso a la justicia para niñas y mujeres y aseguró que en ninguno de los casos habrá impunidad, pero tampoco fabricación de culpables.

Más temprano, por misma red social, compartió la carta que envió a Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, en la que solicitó su apoyo para garantizar la protección de los derechos de la menor víctima, en particular, con lo relacionado a la “asesoría jurídica, debida diligencia y debido proceso, desvictimización, dignidad, principio pro víctima, interés superior de la niñez, máxima protección, no criminalización, no victimización secundaria y participación conjunta”.

Identifican a “provocadores”

Respecto a la protesta que ayer realizaron decenas de mujeres para exigir justicia en el caso de la menor víctima y demandar freno a la violencia contra las capitalinas, -algunas de las manifestantes con rostros cubierto dañaron los edificios de la PGJ-CDMX y la SSC, y agredieron al titular de ésta, Jesús Orta-, Claudia Sheinbaum aseguró que identificaron a “provocadores” que generaron la violencia.

“Hoy ví algunas imágenes de la manifestación y ahí fue donde me percaté igual que muchas personas de que había personas que son… Estaban en la protesta. Ya que cada quien saque sus propias conclusiones”, dijo en entrevista al término de un acto oficial.

Por su parte, la procuradora Ernestina Godoy mencionó que la dependencia a su cargo investiga la posible participación de grupos infiltrados en los hechos. Agregó que se inició una carpeta de investigación por los daños generados a las sedes de las dependencias, aunque el ministerio público determinará sí existe otro delito que se pueda tipificar.

“Hay muchos videos que se tomaron y estamos ubicando, porque había gente que genuinamente estaba protestando y había quienes no, entonces lo vamos a hacer con cuidado”, dijo, aunque no descartó la participación de grupos políticos.

En tanto, el vocero de la Procuraduría, Ulises Lara, dijo que el tema de grupos infiltrados es parte de la investigación, pero “la intervención de los partidos no es porque hayamos encontrado una credencial o cosa por el estilo, no tiene que ver con un hecho de acusación o de carácter criminal”.

En conferencia por separado, añadió que las imputaciones que se puedan hacer serán por los hechos, no por la militancia de los manifestantes.

Por la mañana hubo versiones de que miembros del PRD y exfuncionarios del gobierno anterior participaron en la protesta, pero la funcionaria no los señaló directamente.

Sin embargo, la dirigencia nacional de dicho partido se deslindó de los actos de vandalismo, condenó que se le quiera vincular con los hechos y exigió a los gobiernos capitalino y federal tomar acciones más eficientes para prevenir y sancionar abusos de autoridad de los policías. Incluso, adelantó que presentará una denuncia contra el gobierno de Sheinbaum y Jesús Orta, “por su inacción y complicidad” en el caso de la menor supuestamente violada por policías.

Sobre la agresión en su contra, cuando una manifestante le lanzó diamantina rosa por la espalda, Orta Martínez negó haberse sentido amenazado en ese momento y dijo que no presentará cargos contra la agresora. Luego, lamentó que no hubiera condiciones para dialogar con las quejosas.

Protesta es un derecho: FLEPS

Tras las protestas de ayer, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) urgió al gobierno de Sheinbaum a “abstenerse de actos y declaraciones que criminalicen la protesta” y aseguró que “el reto principal es atender las causas de la misma: la violencia feminicida que enfrentan día a día las mujeres”.

Así respondió a la acusación que hizo la jefa de gobierno de la movilización de las mujeres no fue una protesta, sino “una provocación”.

En un comunicado, la organización recordó que la Constitución de la Ciudad de México dice que “las autoridades tienen estrictamente prohibido realizar actos que den pauta a la criminalización del ejercicio de la protesta, es decir, que intenten amedrentar o inhiban el ejercicio de este derecho, esencial para la participación ciudadana a través del espacio público”.

También aclaró que está vigente el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones, expedido en marzo de 2017, “mismo que es de observancia obligatoria, protege el derecho a la protesta y debe aplicarse en contextos de manifestaciones públicas”.

Y calificó de “preocupante” que la mandataria y la procuradora Ernestina Godoy declaren que iniciarán investigaciones penales contra las manifestantes. Eso, dijo, es “un claro acto de intolerancia de la autoridad” y de continuar los procesos penales, “estaríamos frente a la configuración del uso faccioso y selectivo del derecho penal, es decir, de actos de criminalización en contra del libre ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión”.

Por lo pronto, con el hashtag #NoMeCuidanMeViolan, la organización Resistencia Femme convocó en su perfil de Facebook a una manifestación el próximo viernes 16 a las 18:30 horas en la Glorieta de Insurgentes, justo detrás de la sede de la policía capitalina.

“Trae tu diamantina rosa y cerremos las calles”, escribieron sobre una fotografía del momento en que al secretario de Seguridad, Jesús Orta, le cayó ese polvo rosa por la espalda el lunes pasado.

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