COLIMA, Col. (apro).- El presidente municipal de Armería, Salvador Bueno Arceo había sido vinculado a proceso como imputado del delito de violencia intrafamiliar, por haber agredido físicamente a su esposa, la presidenta del DIF municipal, Silvia Saucedo Rivera. Sin embargo, al final de la audiencia de vinculación, el juez de control concedió, a petición del imputado y su defensa —con la anuencia de la ofendida—, la suspensión condicional del proceso por un plazo de seis meses, bajo las condiciones de reparar el daño, residir en un lugar determinado, recibir terapia psicológica y no volver a ejecutar actos de violencia intrafamiliar hacia la víctima. El pasado 10 de julio, el edil de Armería fue denunciado penalmente por su esposa, debido a que le causó varias lesiones en la cara y en la cabeza, ocasionadas con el puño y con la cacha de una pistola. Aunque el caso provocó indignación y muestras de apoyo de organizaciones defensoras de mujeres hacia la víctima, ésta desistió de la denuncia días después e incluso apareció en un acto público del DIF de Armería acompañada por el alcalde, pero las investigaciones continuaron porque el delito se persigue de oficio. Y tras realizar las indagatorias correspondientes, el Ministerio Público resolvió turnar la carpeta de investigación a la autoridad jurisdiccional, con la imputación a Bueno Arceo como responsable del delito señalado. La suspensión condicional del proceso otorgada al presidente municipal de Armería es un planteamiento que incluye la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones, a fin de garantizar la tutela de los derechos de la víctima y en caso de cumplirlas, se puede dar lugar a la extinción de la acción penal. Extraoficialmente, trascendió que el edil aceptó pagar a su esposa 50 mil pesos por concepto de reparación del daño causado por la agresión física. Luego de que se conoció el retiro de la denuncia penal contra el alcalde, organizaciones defensoras de las mujeres presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) un escrito Amicus Curiae con el propósito de contribuir con la investigación del caso. Clementina Nava Pérez y Evangelina Flores Ceseña, representantes legales del Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” A.C. y la Fundación Ius Género A.C., respectivamente, demandaron la correcta aplicación del Código Penal de Colima y el Código Nacional de Procedimientos Penales para llevar a cabo una investigación pronta y expedita, basada en el principio de celeridad procesal, en el plazo y término que fija la ley. También habían demandado que el alcalde acusado solicitara licencia para separarse de su cargo mientras se desarrollaba la investigación por el delito que se le imputaba.