Familiares de migrantes desaparecidos piden acompañamiento de activistas

Sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Octavio Gómez Sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones sociales y colectivos de familiares de migrantes desaparecidos en México alertaron sobre el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deje en la indefensión a quienes, desde el extranjero, han solicitado la intervención de las autoridades mexicanas para la búsqueda de sus seres queridos.

Ello, ante la posibilidad de que el máximo tribunal del país avale un acuerdo de la Fiscalía General de la República (FGR) donde admite que las carpetas de investigación sean revisadas únicamente por el quejoso y su representante legal, rechazando la participación de los defensores de derechos humanos.

Este miércoles 14, la Primera Sala de la SCJN someterá a votación el proyecto de amparo en revisión realizado por el ministro Luis María Aguilar Morales, respecto del derecho que tienen los activistas que acompañan a familiares de víctimas de desaparición a revisar expedientes integrados por la FGR.

En un pronunciamiento, los firmantes solicitaron que sea rechazado el proyecto “por ser contrario a los derechos de las víctimas y de las personas de derechos humanos y que, en consecuencia, sea nuevamente turnado para que vuelva a ser estudiado y resuelto a la luz de la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos”.

Para los inconformes, esa resolución desconoce que “el Estado mexicano no tiene capacidad para dotar a todas las víctimas de este país de un abogado que revise su expediente”. Tomando en cuenta que en el país hay al menos “43 mil personas desaparecidas”, la lógica del dictamen establecería que “cada una de esas familias tendría derecho a un abogado criminal”.

A fin de dimensionar el asunto, los activistas recordaron que, según datos oficiales, en marzo pasado la Asesoría Federal tenía 152 asesores, responsables de litigar 15 mil 927 casos, de manera que cada uno atiende 105 expedientes.

De acuerdo con las organizaciones y colectivos, el litigio en revisión 835/2018 fue promovido por seis madres de personas hondureñas desparecidas en México, quienes solicitaron un amparo contra el acuerdo de la Unidad de Migrantes de la FGR, “que negaba su derecho para poder consultar su expediente y ejercer su derecho de acceso a la justicia desde otros países utilizando el Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE)”.

Las madres de desaparecidos estaban en contra de que ese acuerdo les negara, además, que defensores de derechos humanos “pudieran acompañarlos a las diligencias de investigación y revisar el expediente, refiriendo el Ministerio Público que sólo quienes tienen carácter de parte (víctima, ofendido y asesor jurídico, entre otros) pueden llevar a cabo estos actos”.

Recordaron que en un primer momento el juez de Distrito reconoció el derecho de las madres a revisar el expediente y a acceder a la justicia mediante la embajada de Honduras a través del MAE, pero no se pronunció sobre los defensores de derechos humanos, de ahí que las madres solicitaron a la SCJN la atracción del caso para que “el máximo tribunal estableciera un criterio para la resolución de todos los casos”.

Aprobado el proyecto de atracción del ministro Arturo Saldívar, se le encomendó la revisión a Aguilar Morales, quien en su proyecto consideró que el acuerdo de la FGR “no afecta ni compromete en modo alguno los derechos de información, asesoría y coadyuvancia”.

Sin embargo, para los firmantes el proyecto del ministro viola la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU y no considera el alcance de la misma “a la luz del derecho de asistencia jurídica establecido en el artículo 20 Constitucional”, donde se establece que “recibir asesoría jurídica no se limita a la asistencia jurídica, lo cual sería un criterio reduccionista de alcance literal y semántico de la norma constitucional, sino a la vez de los principios y jurisprudencia derivada de derecho convencional”.

Los firmantes agregaron que, de aprobarse el proyecto, este “afectaría no solamente a quienes defienden derechos humanos, sino también al ejercicio profesional eficiente que garantice el pleno acceso a la justicia en procuración de una tutela efectiva para los derechos de las víctimas y los imputados”.

De aprobarse el proyecto, insistieron, se generaría “una relación de discriminación y de exclusión del derecho a la defensa”, pues se limitaría a que sólo los abogados pueden acompañar a migrantes que han sido víctimas en el tránsito por el país, desconociendo que, “ante la ausencia del Estado”, históricamente quienes han asesorado jurídicamente han sido los trabajadores de los albergues, las comunidades religiosas, los defensores de derechos humanos de los migrantes y algunas víctimas

“El señalar que sólo podrá realizar esta labor quien sea abogado, discrimina a las poblaciones más afectadas y deja sin opciones a las personas migrantes que ya enfrentan graves retos para acceder a la justicia en nuestro país”, recalcaron.

Al recordar que son las víctimas, organizadas en colectivos, quienes investigan y buscan a desaparecidos y se apoyan entre sí, sostuvieron que el acompañamiento a víctimas “es una relación de desconfianza y el Estado no puede imponer a la persona en la que debe confiar sin que esto excluya que cuente con la representación legal adecuada”.

De igual manera, resaltaron que el acompañamiento de las personas defensoras en la revisión de las carpetas de investigación “no contraviene los fines del proceso”, por el contrario, atiende al derecho de toda persona individual o colectivamente “a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

Tras subrayar no hay capacidades establecidas para que instituciones del Estado representen a los miles de familiares de desaparecidos de este país, la SCJN –expresaron– “no puede limitar el derecho de la víctima a tener a su lado personas de su confianza”.

Por último, manifestaron que el documento del ministro Luis María Aguilar desconoce los “principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas” fijados por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, “que agrega la mirada multidisciplinaria aportada por las experiencias y conocimientos especiales de los defensores de derechos humanos que beneficia a las víctimas indirectas de personas desaparecidas forzadamente”.

El pronunciamiento contra el proyecto del ministro Aguilar fue firmado por el Comité de Familiares de Migrantes de Progreso, Comité de Familiares Migrantes del Centro de Honduras, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos-El Salvador y la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala.

Y los acompañan 11 colectivos de familiares de desaparecidos en Jalisco, Coahuila, Sinaloa, Veracruz., Tamaulipas y Guanajuato, así como las organizaciones internacionales Due Process of Law Foundation International y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Entre muchas otras, firmaron el documento las organizaciones nacionales Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Artículo 19, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz, y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

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