CIUDAD DE MÉXICO Proceso).- La puerta occidental del país está en llamas. El Cártel Jalisco Nueva Generación defiende milímetro a milímetro su hegemonía. En Michoacán la pugna contra Los Viagras no conoce mesura. En Guanajuato también ha hecho sentir su poderío frente a otras organizaciones menores, como el Cártel de Santa Rosa de Lima. No hay juego pequeño en la estrategia de la organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La propaganda paramilitar que acompaña las acciones del CJNG implica un desafío serio. El domingo 4 de agosto el CJNG subió a las redes un video donde 10 individuos uniformados con ropa de asalto y portando armas de gran poder rodean a un hombre desnudo, quien según el mensaje sería Adolfo Mendoza Valencia, alias El Michoacano, supuesta cabeza de la plaza de Valle de Santiago, Guanajuato, afiliado al Cártel de Santa Rosa de Lima. Antes de asesinar a esta persona el grupo criminal transmitió un mensaje anunciando que, a partir de ese momento, desplegaría un ejercicio de “limpia” para erradicar a sus adversarios en Guanajuato. De paso el CJNG señaló a diversas autoridades municipales y judiciales como cómplices de sus enemigos. Tres días después, esa misma organización exhibió de nuevo su poderío en los alrededores de Uruapan, Michoacán, pero esta vez para enfrentar a Los Viagras (la antigua Familia Michoacana). La mañana del jueves 8 despertó bañada de sangre: colgados de puentes peatonales algunos y descuartizados otros, amanecieron los cadáveres de trece hombres y de tres mujeres en el libramiento oriente de Uruapan. Donde esa vialidad cruza con la calle Magallanes, la policía encontró otros tres cuerpos envueltos en bolsas de plástico. El CJNG revindicó estos actos de violencia con una manta dispuesta para amenazar a sus enemigos. Esta pugna entre Los Viagras y la organización liderada por Nemesio Oseguera entró en fase de crisis grave hace ya tres meses: el jueves 23 de mayo la fiscalía michoacana reportó un enfrentamiento entre esas dos organizaciones criminales donde habría participado una centena de individuos. En el evento, que duró poco más de una hora, 10 personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas. Las armas involucradas en la refriega fueron de alto poder. Tres días después el horror se trasladó al municipio de Zamora, también en Michoacán, cuando un ejército de ­vehículos y sujetos fuertemente armados atacaron a agentes de la Policía Municipal provocando la muerte de cuatro funcionarios y lesiones graves a una decena de personas. Las patrullas policiales que recibieron el ataque dieron testimonio de la capacidad de fuego del CJNG. A la tragedia de las víctimas se sumaron daños materiales importantes. De toda evidencia esta organización no teme las consecuencias que puedan implicar sus acciones. Está libre la vía para que elimine a sus adversarios y consolide una hegemonía que, según las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, mantiene en al menos 20 de las 32 entidades mexicanas. En un reporte publicado por esa dependencia, el CJNG es valorado como uno de los cinco grupos delictivos más peligrosos del mundo. Mientras tanto, el crecimiento del conflicto no ha encontrado freno por parte del gobierno mexicano, en ninguno de sus ámbitos. En el epicentro de la violencia –el municipio de Uruapan– hoy hay presencia únicamente de 400 efectivos de la Guardia Nacional. La gente se queja del abandono en el que se encuentra la seguridad. La fuerza pública está replegada, por no decir escondida, mientras la expresión de la violencia criminal tiene aterrada a la población civil. La semana pasada comenzó, en el municipio de Valle de Bravo, con una conferencia conjunta ofrecida por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. También estuvo presente el secretario de la Defensa, Luis ­Cresencio Sandoval. Ahí se envió un mensaje contundente a propósito de la cooperación entre ámbitos de gobierno y también entre autoridades diversas. Un acto público similar urge en Uruapan, Michoacán. La población civil lo necesita, porque el ambiente se vive con densidad y temor, pero sobre todo lo merecen las organizaciones criminales que se compartan como si, en efecto, la autoridad legal se hubiera ido de vacaciones. El CJNG no está dispuesto a negociar un solo milímetro de su territorio. Ese es el mensaje principal comprendido en sus desplantes y parafernalia. Hace falta responder que la Constitución ­mexicana y sus leyes defenderán igualmente cada milímetro y a cada habitante de este país. El discurso de la comprensión al origen social de la criminalidad se está agotando. O se comprende a las víctimas inocentes que se hallan a mitad del fuego entre las organizaciones criminales, o bien se es tolerante con los enemigos de la sociedad. Hoy sabemos que la batalla contra estas organizaciones trasnacionales dedicadas al crimen tiene como objetivo obligarlas a operar bajo las coladeras, lejos de la superficie; el Estado mexicano está obligado a garantizar la paz en las calles y los caminos, y eso pasa por enfrentar sin contemplación la propaganda terrorista que tanto el CJNG como Los Viagras se están recetando en su guerra. Nunca más un cadáver en los puentes peatonales ni cuerpos descuartizados ni ejecuciones transmitidas por YouTube. Lo que está en juego es la credibilidad de la estrategia dispuesta por el gobierno federal para enfrentar la inseguridad, tema que, junto con la corrupción, fue el principal reclamo que hicieron en las urnas los votantes de Andrés Manuel López Obrador. Este análisis se publicó el 11 de agosto de 2019 en la edición 2232 de la revista Proceso