MONTREAL (apro).- En su campaña electoral de 2015 Justin Trudeau prometió que Canadá contaría con un organismo independiente y con marcados poderes para investigar el proceder de sus compañías en el extranjero, un asunto que ha afectado considerablemente la imagen canadiense en distintas zonas del mundo en temas relacionados con el cuidado medioambiental, los derechos humanos y las decisiones de los pueblos indígenas. Hay conflictos –sobre todo de carácter minero– en África, Oceanía y Asia, aunque la mayoría ha tenido lugar en suelo latinoamericano. “Trabajamos con distintos organismos y comunidades, en una larga lista de asuntos, en países como México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Perú y la República Dominicana. Muchos canadienses estamos comprometidos con que las cosas cambien, ya que es un tema que tiene que ver directamente con nuestro país”, comenta a Proceso Kirsten Francescone, coordinadora para América Latina de MiningWatch Canadá. La idea de Trudeau era remplazar a la Oficina del Consejero en Responsabilidad Social de las Empresas de la Industria Extractiva, creada por el conservador Stephen Harper en 2009 y enfocada a la asesoría técnica y a favorecer el diálogo entre partes en conflicto, aspectos considerados de poco impacto. Sin embargo, los constantes retrasos en el calendario, las dudas sobre el alcance de las funciones del nuevo organismo y las preguntas respecto a su independencia reflejan que el compromiso del gobierno de Trudeau ha sido menor del esperado. Y en esto aparece una variable de peso: el cabildeo por parte de las asociaciones mineras. El panorama deja entrever que la nueva entidad seguirá, a grandes rasgos, el mismo camino que la de Harper. Sheri Meyerhoffer fue designada en abril al frente de la Defensoría del Pueblo para la Empresa Responsable (CORE). No obstante, la legitimidad del nuevo organismo se encuentra muy tocada. El pasado 11 de julio, los miembros del consejo consultivo –provenientes de la sociedad civil y de la esfera sindical– de ese organismo dimitieron en bloque a través de una carta. “Sin independencia y sin poderes para investigar, CORE no es más que una promesa rota”, escribió en la misiva Emily Dwyer, coordinadora de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa. Actualmente, sólo figuran en el consejo consultivo representantes gubernamentales y de las compañías. Entre promesas y retrasos La promesa de campaña de Trudeau –convertido en primer ministro tras una contundente victoria en octubre de 2015– de crear un nuevo organismo para la responsabilidad de las empresas en el exterior no fue un tema sacado súbitamente de la chistera. En 2010, cuando ya era diputado, había votado a favor de una iniciativa presentada ante el Parlamento por su par liberal John McKay, en la que se proponían controles más férreos para las compañías con operaciones fuera del país que los que había establecido Harper un año antes. Sin embargo, la iniciativa fue enterrada por la mayoría conservadora. Durante mucho tiempo Trudeau dejó dormir el proyecto, pese a las voces que le pedían actuar con rapidez, tanto de organizaciones no gubernamentales como de académicos. En enero de 2018, más de dos años después de su llegada al poder, los liberales informaron de la creación del nuevo organismo para la responsabilidad de las empresas en el exterior, el cual podría indagar de manera independiente, según lo anunciado. Además de las mineras, las firmas de hidrocarburos y de textiles fueron incluidas. También el gobierno comunicó el establecimiento del comité consultivo. El 8 de abril de 2019 (es decir, 15 meses después), se hizo público que Meyerhoffer estaría al frente de CORE. La noticia fue recibida con limitado entusiasmo por distintos actores. Ella es una abogada con experiencia en cooperación internacional y consolidación de instituciones democráticas, pero también fungió tiempo atrás como cabildera de la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo. El mismo día del anuncio del nombramiento, el gobierno estableció por decreto las responsabilidades de Meyerhoffer, quien aparecía en el documento como “consejera especial del ministro de Comercio Internacional”, elemento que fue blanco de crítica, ya que ponía en entredicho la independencia tan publicitada de su cargo. El decreto precisa que la cabeza de CORE podrá aconsejar a las empresas canadienses sobre prácticas y políticas basadas en conductas responsables, examinar quejas formuladas –por individuos, organizaciones o colectividades– sobre posibles violaciones a los derechos humanos, ofrecer servicios informales de mediación, emitir recomendaciones a las empresas y acompañar su puesta en marcha. También puede sugerir sanciones (por ejemplo, retiro del apoyo comercial del gobierno, pago de indemnizaciones y disculpas públicas), pero tendrá que dirigirlas al ministro de Comercio Internacional. Golpe a la legitimidad En el decreto también aparece que CORE puede “realizar una investigación conjunta de los hechos o, en la imposibilidad, llevar a cabo una investigación independiente de los hechos”. Jim Carr, ministro de Comercio Internacional, dijo que un grupo jurídico externo iba a analizar si Meyerhoffer tendría la facultad de solicitar documentación a las empresas y citar a testigos en sus pesquisas. Carr expresó que la decisión se conocería a principios de junio, pero la respuesta aún no llega. “Como se anunció el pasado 8 de abril, el gobierno ha solicitado una opinión jurídica externa para determinar si se requieren herramientas adicionales para realizar investigaciones creíbles y efectivas sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos. Continuamos evaluando la mejor manera de fortalecer nuestro enfoque hacia una conducta empresarial responsable, tomando en cuenta todos los factores y consejos relevantes”, comenta a Proceso Sylvain Leclerc, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. Cabe destacar que Ben Chalmers, presidente de la Asociación Minera de Canadá, declaró en abril a The Financial Post que su organismo no apoyaba que Meyerhoffer pudiera solicitar documentos y convocar a testigos, ya que los tribunales canadienses estaban para ello. El 30 de abril, Surya Deva, presidente del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, se reunió en Ottawa con representantes gubernamentales, para saber por qué Canadá tardó tanto tiempo en crear el nuevo organismo de responsabilidad para las firmas en el exterior y, de igual forma, para subrayar la importancia de que Meyerhoffer cuente con el verdadero margen de maniobra que requiere su cargo, de acuerdo a la independencia prometida previamente. Deva declaró a la cadena CBC: “Canadá no enviará una buena señal a la comunidad internacional si da marcha atrás con esta promesa”. Pasaron las semanas y, el 11 de julio, los miembros del consejo consultivo provenientes de organizaciones no gubernamentales y de la esfera sindical perdieron la paciencia y dimitieron. En su carta de renuncia, señalaron que el gobierno no brindaba a CORE las facultades de investigación necesarias. “CORE sigue sin los poderes significativos para servir a las comunidades y a los trabajadores afectados”, aparece en la misiva, firmada por representantes de Amnistía Internacional Canadá, la Asociación Quebequense de Cooperación Internacional, MiningWatch Canadá y el Congreso del Trabajo Canadiense, entre otros grupos. Asimismo, criticaron la cercanía de CORE con el Ministerio de Comercio Internacional. Los representantes que abandonaron el consejo consultivo también expresaron lo siguiente: “La única forma en que el gobierno puede restaurar la confianza es reemplazando el mandato de CORE por una orden de conformidad con la Ley de Investigación”, añadiendo que “sería una señal para la sociedad civil y las comunidades afectadas de todo el mundo que esta oficina puede considerarse creíble y que este gobierno está tomando medidas concretas para promover los derechos humanos”. Sin embargo, los firmantes no creen que alguna acción al respecto se dé antes de las elecciones federales (están programadas para el 21 de octubre). “Estas renuncias son lamentables. Damos mucha importancia a nuestro compromiso con las partes interesadas que tienen experiencia directa en el fortalecimiento de prácticas comerciales responsables, tanto en términos de políticas como de implementación”, afirma el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. “La contribución del consejo consultivo y los comentarios de los canadienses que participan activamente en este trabajo han sido invaluables, ya que estamos comprometidos con mejorar la responsabilidad de las empresas canadienses en el extranjero y promover nuestras políticas y prácticas comerciales responsables de una forma que aporten cambios significativos”, agrega. Mandato polémico y cabildeo Otro punto que apareció en el decreto ha causado polémica. De acuerdo a sus funciones, CORE puede examinar una queja presentada por una compañía canadiense que crea ser objeto de un reclamo infundado de violación a los derechos humanos. En enero de 2018, cuando se anunció la creación de CORE, la Asociación de Empresas de Exploración y Desarrollo Minero de Canadá emitió un comunicado mostrando su voluntad de trabajar con este nuevo organismo. También señaló en el documento: “Sin embargo, persisten algunas incertidumbres sobre el futuro mandato y el proceso de la Defensoría del pueblo para la empresa responsable. Por ejemplo, de qué forma las compañías responsables y la reputación de Canadá estarán protegidas contra reclamos malintencionados o frívolos, qué iniciará una investigación y qué constituye un daño”. Organizaciones de la sociedad civil y círculos académicos han mostrado preocupación por este punto del decreto. “Incluir esto fue sorprendente e innecesario, ya que el mandato brinda de por sí a la Defensora del Pueblo la capacidad de desestimar quejas malintencionadas o inconsistentes. Al mismo tiempo, permite a una compañía presentar una queja contra una persona o grupo que haya señalado violaciones a los derechos humanos por parte de la misma empresa. Esto es problemático y puede disuadir a individuos o grupos de canalizar reclamos legítimos a la Defensora del Pueblo”, señala a esta revista Penelope Simons, profesora de Derecho en la Universidad de Ottawa. La opinión de MiningWatch Canadá va en el mismo sentido, según comenta Kirsten Francescone: “Es otro canal más para las compañías, cuando de por sí ya tienen muchas condiciones ventajosas, y complica aún más el mecanismo para las comunidades afectadas”. El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, dirigido por un grupo de abogados canadienses, publicó el 18 de julio un informe que muestra datos sobre las actividades de cabildeo entre enero de 2018 –cuando se anunció la creación de CORE– y abril de 2019 –fecha en que se emitió el decreto sobre sus funciones y se nombró a su responsable–. Según el informe, elaborado con información de la Oficina del Comisionado de Cabildeo de Canadá, existieron 530 reuniones en las que participó la Asociación Minera de Canadá o la Asociación de Empresas de Exploración y Desarrollo Minero de Canadá. En un centenar de las mismas se abordaron temas de carácter internacional. “Cabe señalar que solo se rastrearon los contactos realizados por las dos principales organizaciones mineras. Hubo otros contactos efectuados por compañías mineras individuales durante este período, por lo que las cifras citadas en este informe no representan el alcance completo del cabildeo minero en la colina parlamentaria”, menciona el documento. “La industria minera ha tenido un acceso mucho mayor en los ministerios que las organizaciones de la sociedad civil, especialmente en momentos en que se tomarían decisiones relacionadas con CORE. Nuestros representantes de MiningWatch Canadá constataron que las puertas no se abrían de la misma manera”, apunta Kirsten Francescone. La Coordinadora para América Latina de esta institución canadiense no esconde su desencanto: cree que CORE será prácticamente la misma oficina que creó Harper. “Al final no se consideraron los puntos que la sociedad civil solicitó para contar con un organismo distinto, que funcione de verdad”, agrega Francescone.