ASF detecta irregularidades por más de 67 mdp en un contrato firmado por Cofepris y Ucol

Instalaciones de la Ucol. Foto: Facebook UdeC.oficial Instalaciones de la Ucol. Foto: Facebook UdeC.oficial

COLIMA, Col. (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 67 millones 300 mil pesos en el contrato Cofepris-AD-003-17, firmado entre la Universidad de Colima (Ucol) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde se descubrió un probable daño contra la hacienda pública federal.

Entre otras observaciones, la ASF asentó que la Ucol no acreditó que contaba con la capacidad técnica, material y humana para la realización del servicio solicitado por la Cofepris, y que para cumplir con sus obligaciones no necesitaba subcontratar con terceros más de 49%.

En su informe, el organismo fiscalizador también presumió un perjuicio a la hacienda pública federal por 32 millones 558 mil pesos por la falta de documentación que acredite el servicio prestado por Soluciones Tecnológicas y Habilidades Comerciales SA de CV –empresa creada el 11 de julio 2014–, subcontratada por la Ucol, pese a que no cuenta con atribuciones para prestar servicios de outsourcing.

Se trata del segundo convenio de la Ucol con una instancia federal en el que la ASF exhibe irregularidades, luego de que en 2014 la institución educativa firmó también el contrato AD-CS-DA-SRMS-305/2014 con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para proporcionarle servicio de administración, desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones con un presupuesto máximo de 555 millones 753 mil 774 pesos y mínimo de 130 millones 945 mil 581 pesos.

En este caso, como publicó en su momento la Agencia Proceso (Apro), la Ucol también firmó el contrato sin cumplir con el perfil necesario para ofrecer el servicio, además de que el organismo fiscalizador descubrió inconsistencias y pagos injustificados a la casa de estudios, así como algunas limitaciones de esta última para garantizar los trabajos, pues en materia de certificación de tecnologías sólo se acreditaron las habilidades de 20% de los recursos humanos, y en el caso de las “Certificaciones de PMP” (director de proyectos), sólo 5% del personal contaba con ella.

En entrevista, Leonardo Gutiérrez Chávez, exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), consideró que los contratos firmados por la Ucol con el ISSSTE y la Cofepris encuadran dentro de la llamada “estafa maestra”, dado que en ambos casos se aprecia un modus operandi similar al que se siguió en otras universidades del país.

Destituido de la dirigencia sindical y despedido de la Ucol después de encabezar un movimiento por la transparencia del fondo de pensiones de la institución educativa, Gutiérrez Chávez estimó necesario que los dos contratos señalados anteriormente se incorporen a las investigaciones que se realizan actualmente en torno a la “estafa maestra”.

Dijo que aún podrían surgir más contratos similares suscritos por la Ucol con otras dependencias federales, como la antigua Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En lo relativo al contrato de esta universidad con la Cofepris, señaló el exlíder sindical, tanto la institución educativa como la empresa Soluciones Tecnológicas y Habilidades Comerciales deben demostrar que se realizó el trabajo pactado.

“La universidad no tenía por qué hacer la subcontratación, se supone que tiene personal, y si no lo tiene debió haberse hecho a un lado; nosotros consideramos que sí es una estafa en la que esa empresa es el instrumento para atraer los recursos, no tenemos otra explicación; el servicio pudo haber salido a sobreprecio o probablemente no hicieron ningún tipo de trabajo, por lo que conocer la identidad de los socios es clave para determinar quiénes fueron los beneficiarios”, añadió Leonardo Gutiérrez.

Tras la auditoría realizada, la ASF detectó que la subcontratación de la empresa Soluciones Tecnológicas y Habilidades Comerciales, por parte de la Ucol, tuvo como propósito la prestación de diversos servicios técnicos para la Cofepris, así como la entrega de un sistema informático de administración de proyectos propio de la empresa, que forman parte de los trabajos relacionados con la ejecución del servicio, por el que se le pagaron 32 millones 558 mil pesos.

La ASF indicó que, si bien la Ucol proporcionó evidencia de la facturación a su favor emitida por la empresa subcontratada, así como de las transferencias bancarias de recursos a esa empresa por la cantidad convenida, no entregó evidencia que acredite los servicios proporcionados por el prestador de servicios subcontratado, aun cuando en el contrato se estableció, como requisito para el pago, la presentación del documento que compruebe la entrega y recepción de los servicios.

Al respecto, de la información obtenida del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la ASF verificó que Soluciones Tecnológicas y Habilidades Comerciales S.A. de C.V. declaró ingresos nominales por 25 millones 116 mil 600 pesos que la Ucol le pagó durante 2017, mientras que en el caso de las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, se constató que el prestador de servicios las presentó sin operaciones, por lo que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) causado por las operaciones con la Ucol durante 2017 (4 millones 18 mil 700 pesos) no fue declarado por la empresa referida.

“Cabe señalar que el importe de 2 millones 950 mil 600 pesos más IVA fue facturado a la Ucol en enero de 2018, del cual no se cuenta con información del cumplimiento fiscal por parte del prestador referido”.

Por otra parte, conforme a la facturación generada a favor de la Cofepris, se acreditó que se contrataron 384 prestadores de servicios a los que, en conjunto, se realizó el pago de 43 millones 565 mil 800 pesos; no obstante, durante la visita realizada por personal de la ASF a la Ucol, ésta solo proporcionó evidencia del pago realizado a 253 prestadores de servicios (65.9% del total) por 20 millones 8 mil 300 pesos, y de los restantes 131 prestadores a quienes se debió pagar 23 millones 557 mil 500 pesos, no se presentó evidencia de la liquidación.

El organismo fiscalizador recomendó a la Universidad de Colima fortalecer sus mecanismos de control y seguimiento, a fin de garantizar que los servicios que otorga a instituciones públicas estén relacionados con el objeto social, actividades y facultades establecidos en su decreto de creación e instrumentos normativos; así también, para que emita la evidencia correspondiente que acredite los procesos administrativos que lleva a cabo para otorgar los servicios a los que se obliga, y que se cuente con la documentación justificativa y comprobatoria de los servicios que otorga.

De igual manera, pidió que el SAT instruya a quien corresponda con el propósito de que audite al contribuyente con Registro Federal de Contribuyentes STH140711DW3 (Soluciones Tecnológicas y Habilidades Comerciales), que prestó servicios a la Universidad de Colima, debido a que en sus declaraciones informativas de operaciones con terceros del ejercicio 2017 no reportó las operaciones que realizó con la institución académica referida ni declaró el Impuesto al Valor Agregado de 4 millones 18 mil 700 pesos.

La ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad de Colima o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no vigilaron que el pago a los prestadores contratados para participar en actividades administrativas en la Cofepris se ajustara al tabulador incluido en el contrato número COFEPRIS-AD-003-17 y en su convenio modificatorio, realizando la retención del Impuesto Sobre la Renta correspondiente sobre el monto señalado por el tabulador, lo que ocasionó que de los recursos correspondientes a dicha universidad, se cubrieran 3 millones 568 mil 100 pesos al Servicio de Administración Tributaria.

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