La inoperancia de las comisiones

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Foto: Miguel Dimayuga (Archivo) Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Foto: Miguel Dimayuga (Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A Napoleón suele atribuírsele la frase: “Si quieres que algo no se resuelva, crea una comisión”. El Estado mexicano es una muestra clara de la verdad de estas palabras. Las comisiones que sus diversos gobiernos han creado con la finalidad de enfrentar los graves problemas de violencia y violación a derechos humanos que el país arrastra y acumula desde la guerra sucia, no han servido para maldita la cosa.

La Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, creadas por la administración foxista para esclarecer y castigar los crímenes de la guerra sucia y enfrentar los feminicidios en esa parte de la frontera del país, concluyeron en tres densos informes que duermen en los archivos de la Segob.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) –para esclarecer la verdad de los 43 muchachos de Ayotzinapa– y la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos (CBI), instituidas durante el gobierno de Peña Nieto, tampoco solucionaron algo: mientras la verdad de Ayotzinapa siguió tan enredada como cuando nos enteramos de la tragedia, las víctimas de la violencia y de la violación a los derechos humanos se acumularon sin encontrar justicia.

La administración de Calderón no estableció ninguna comisión. Su labor fue auspiciar y dejar que la muerte blandiera su guadaña a placer.

La 4T, que durante su campaña a la Presidencia de la República, y en su condición de régimen electo, prometió enfrentar seriamente el problema, volvió a crear, como si se tratara de un caso aislado, una nueva Comisión de la Verdad para Ayotzinapa y preservó, tal y como se crearon, la CEAV y la CBD. Con excepción de que la 4T cambió al comisionado de la CBD por una comisionada, y Gobernación se apresura a sustituir al comisionado de la CEAV que renunció el pasado 7 de junio, todo sigue igual o peor que en el pasado: la criminalidad aumenta y la impunidad y la injusticia, pese a los golpes mediáticos y peroratas de la 4T, continúan, como en los dos sexenios anteriores, su inexorable marcha macabra.

¿Habría que decir que Napoleón tenía razón?

No lo creo. Si las comisiones referidas son disfuncionales, no es porque sus comisionados carezcan de la estatura moral y del conocimiento necesario para llevar a buen puerto la misión que se les encomendó. Su fracaso y su inoperancia se debe a la ausencia de comprensión, por parte de las autoridades, de la dimensión de la tragedia y a la falta de voluntad política para apoyar a las comisiones. Sin el sostén político y económico del gobierno, ellas se vuelven máscaras, cortinas de humo o administradoras del dolor.

La CEAV y la CBS son dos buenas y necesarias comisiones para enfrentar la terrible tragedia humanitaria del país. La 4T hizo bien en conservarlas. El problema, como le sucedió al peñanietismo, es que la 4T ni entiende la dimensión del problema que esas comisiones atienden ni la manera en que deben operar.

Recuerdo que, poco antes de que se hicieran los Diálogos por la Verdad, la Justicia y la Paz, Jacobo Dayán y yo nos reunimos con AMLO. Hablamos largo. AMLO reconoció que la violencia, la justicia y la paz eran los temas prioritarios de la nación. Dijo también que en esos temas –de los que declaró no saber nada– lo ayudáramos. Lo hicimos. Le explicamos lo que es la justicia transicional y le entregamos a la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación una serie de documentos, elaborados por organizaciones expertas en el asunto, para trazar juntos una verdadera política de Estado en materia de justicia y paz.

Eso no ocurrió. Lejos de ello, en el caso de la CEAV, han continuado con la misma política asistencialista y llena de trabas y candados burocráticos que se estableció con Peña Nieto. En el de la CBD, han reducido la búsqueda de desaparecidos a fosas –sin un plan de corto, mediano y largo plazo para intervenirlas– y olvidado –como si de lo que se trata es sólo de encontrar muertos– las cárceles y las redes de trata.

Mientras no se comprenda con seriedad la dimensión de nuestra tragedia humanitaria; mientras el Ejecutivo se resista a crear una gran Comisión de la Verdad con apoyo internacional y arropada directamente por él para investigar y castigar a quienes han usado y usan al Estado y sus instituciones para formar redes de complicidad con el crimen organizado; mientras la consigna presidencial sea darle la espalda al pasado y realizar justicias selectivas; mientras el problema de las víctimas se reduzca a atender sólo casos particulares como Ayotzinapa; mientras el Presidente no ponga a todas las instituciones del Estado en consonancia con la CEAV y la CBD para atender los diversos niveles que la reparación a las víctimas exige, mientras continúe viendo en las críticas de sus aliados a enemigos, estas comisiones, creadas para atender lo extraordinario de nuestra tragedia humanitaria, seguirán el destino que Napoleón trazó para ellas y el país persistirá en su larga y cada vez más espantosa pendiente hacia tinieblas más densas.

El infierno no tiene fondo. Puede ser tan ancho y profundo como nuestra ignorancia, nuestra incomprensión, nuestra soberbia y nuestra cobardía lo quieran y lo permitan.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, y rescatar los cuerpos de las fosas de Jojutla.

Este análisis se publicó el 11 de agosto de 2019 en la edición 2232 de la revista Proceso

Comentarios

Load More