CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En Estados Unidos las armas están relacionadas, desde su constitución como nación, con el miedo de los blancos a perder el control frente a los indios y, después, con los esclavos. Ahora los inmigrantes ilegales serían el dedo que jala el gatillo. No se trata tanto de lo que el presidente Donald Trump dice o aprueba como racismo, sino más de lo que su electorado –los blancos pobres jóvenes– siente con respecto a su país. Una de las creaciones culturales del Estados Unidos de la posguerra fue la satisfacción inmediata, el impulso como persecución del propio deseo. Esto se revela en el uso de las armas: 96 muertes diarias, de las cuales dos terceras partes son suicidios. De no tener el arma durante el impulso, quizás se salvarían esas vidas. Pero además de la satisfacción del impulso, existe el imaginario de toda guerra: si el otro no existiera, mi vida sería mejor. Matarlo, mejora mi situación. Matarlo me hace sentir más seguro, en control. Tampoco se trata de que, quien disparó al azar en un lugar público, sea un loco. La multiplicación por cuatro de las matanzas desde el gobierno de Ronald Reagan –cuyo plan fue “dejar de mantener a los flojos y exterminar a los universitarios”– dice mucho de sus causas racionales. La historia de la famosa Segunda Enmienda a la Constitución, la que se refiere a qué hacer con las armas y la defensa, tiene dos momentos: la presión de los estados esclavistas sobre el redactor James Madison en 1791 y una decisión de la Suprema Corte en 2008. En esos 200 años se pasó de permitir milicias estatales a un supuesto “derecho individual de portación de armas de asalto”. Vale la pena volver sobre esta historia. En su estancia en París, Thomas Jefferson recibió las objeciones a la sección 8 del artículo primero de la Constitución, vía el redactor Madison, y los artículos de periódico, de Hamilton, por ejemplo. El problema con la redacción inicial era que daba la facultad al Congreso de formar una milicia nacional. Nadie quería establecer un ejército formal para Estados Unidos porque, además de que era una confederación, los Padres Fundadores habían desconfiado desde el principio de una organización que, en tiempos de paz, tenía la tentación de dar golpes de Estado. Esa era la experiencia europea. A esa convicción, el sur esclavista antepuso- otro miedo: que la facultad del Congreso de formar una milicia nacional tentara a los esclavos para, cumpliendo con el servicio militar, liberarse de sus contratos en las plantaciones. Hay que recordar que mientras en el resto del continente la esclavitud estaba prohibida, en Estados Unidos se reivindicó como un derecho a la propiedad. Así que, en 1787, la víspera de Navidad, Jefferson se sentó en su mesa del Hotel de Langeac en los Campos Elíseos y les pidió a Patsy, de 15, y a Polly, de nueve, que lo dejaran un momento solo. Miró a los dos esclavos que le acompañaban: James y Sally Hemings, los mejor educados de Monticello, su plantación. Madison, él mismo dueño de una plantación llamada Montpellier, le había escrito sobre las adecuaciones que pedían los sureños de un nuevo país de 13 estados que nació de una compañía británica (la de las Indias Orientales de 1607) y que se hizo al despojar a los indios de sus tierras, y explotarlas con el trabajo esclavo de los negros traficados desde África. Por esa forma de civilización, se habían formado milicias de los blancos, las slave patrols, que perseguían a los esclavos fugados, revisaban cada mes que no tuvieran armas, y ejecutaban cateos, órdenes, confiscaciones. Esas milicias dieron origen a toda la gama de la violencia de los blancos, desde las policías locales hasta el KKK, pasando por los bandidos, los cowboys, los cazarrecompensas; toda la mitología romantizada de la matanza. Era a esas milicias a las que se buscaba proteger mediante la Segunda Enmienda. Para lograrlo, sólo se cambió una palabra: en vez de “país”, se puso “estado”. Así, lo que decía “la milicia regulada es la mejor forma de seguridad para un país libre”, quedó como garantía de los estados esclavistas. Hasta la fecha son los blancos los que portan armas. En 1966, cuando Bobby Seale, dirigente de las Panteras Negras, decidió presentarse armado a un acto público del senador californiano Ronald Rea-gan, lo que estaba haciendo era poner de manifiesto que la Segunda Enmienda era sólo blanca. Después de ese incidente, comenzaron las prohibiciones para portar armas en público. Las armas en Estados Unidos cargan su contenido racista. Todos los asesinos masivos, desde el de la Universidad de Texas en 1966 hasta el del Walmart en El Paso de la semana antepasada, dicen que “van de cacería”. Resuena ahí una forma de mirar la pertenencia a un país del que Woodrow Wilson expresó a inicios del siglo XX: “Nos apropiamos de las bestias de carga (en referencia a los esclavos negros) y limpiamos la mala herencia (en referencia a los indios americanos)”. Ese país, el de los blancos armados, es el que usa la Segunda Enmienda contra las demás partes, los afroamericanos, los inmigrantes hispanos, los asiáticos. Cuando se aprueba, los ciudadanos sólo son los propietarios blancos que pagan impuestos. Una franja que hoy se siente amenazada por los trabajadores inmigrantes, las mujeres, los musulmanes, que ahora también votan y tienen derechos. Pero la Segunda Enmienda sufre otro cambio: la interpretación de los jueces el 26 de junio de 2008. En una enmienda que hablaba claramente de milicias estatales, se lee ahora un “derecho individual” a portar armas. El juez Antonin Scalia propuso que esa posesión de armas se aplicaría igual que los derechos de libre expresión, de acuerdo a las creencias del entonces presidente George W. Bush. Así, las armas pasaron de ser herramientas de una forma de seguridad regulada a un derecho de protegerse en lo individual. Lo que fue una garantía para el estado policiaco de las plantaciones esclavas del sur, con Bush se convirtió en una forma de libertad de propiedad y expresión. La controversia llegó a la Corte después de una historia de 30 años que comienza cuando Reagan se convierte en el primer presidente financiado por la National Rifle Association (NRA) y se opone a que las armas sean registradas. Armarse se convierte en una libertad y, en el exceso retórico, las corporaciones armamentistas apelan al derecho a la rebelión “en caso de que el gobierno se vuelva opresivo”. ¿Cómo se mide esa “opresión”? En que pretenda regular la compra de armas. El argumento circular provocó, por ejemplo, una guerra en las redes y la Wikipedia contra el presidente Barack Obama que –aseguraban– iba a encerrar a los blancos portadores de armas en campos de concentración y los pensaba reeducar. Era la pesadilla esperada: un afroamericano, que no debería ser siquiera ciudadano, era el presidente y, por tanto, iba a querer minar el único símbolo de control de los blancos en un Walmart, un rifle de asalto. Lo que le ha sucedido a la justicia estadunidense en estos años desde la masacre de la Universidad de Texas en 1966, es tortuoso. En 1976, por ejemplo, un juez propuesto por Reagan en la Corte, James Lane Buckley, sentenció que el dinero a las campañas políticas que se otorgaba por parte de las corporaciones, entre ellas las de armas, no podía ser censurado porque era parte de la libertad de expresión. Como muchos de nuestros jueces actuales en México, Lane Buckley tampoco “encontró evidencias de un intercambio de dinero por políticas o contratos”, sólo una eufemística “atracción de simpatías”. La razón por la que una asociación lesiva al público como la NRA pudo comprar los apoyos del excandidato republicano a la Presidencia, John McCain, o del senador Marco Rubio, es porque la Corte no consideró esa relación como corrupta. Mientras la justicia no sanciona esto, sucedieron las matanzas del Cine Aurora en Colorado; la de la iglesia en Sutherland Springs; la de una carretera a Las Vegas; la de Columbine; la de las secundarias en Connecticut y Florida. Y la de El Paso. Click, click, click. Esta columna se publicó el 11 de agosto de 2019 en la edición 2232 de la revista Proceso