Puebla: Riesgos y oportunidades

Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Foto: Miguel Dimayuga Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Foto: Miguel Dimayuga

PUEBLA (Proceso).- La llegada del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta a la gubernatura de Puebla pone fin a un periodo conflictivo, y abre la posibilidad de que el primer gobierno que se autodenomina progresista en la entidad, encabece un proceso de democratización e impulse políticas públicas para combatir los rezagos sociales, la marginación y la profunda desigualdad que ubican a Puebla como el cuarto estado más pobre del país, sólo por debajo de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Las controvertidas elecciones de 2018, así como el largo y difícil proceso poselectoral y, más tarde, el fallecimiento de Martha Erika Alonso y de su esposo el senador Rafael Moreno Valle, sólo 10 días después de que ella asumiera la gubernatura, generó un clima de incertidumbre y polarización en Puebla. El escenario, de suyo complicado, se ha tornado aún más complejo en los últimos meses debido al incremento de la inseguridad y de la violencia vinculadas con la presencia del crimen organizado en el territorio estatal, así como con la afectación de la actividad económica por distintos factores tanto internos como externos.

En ese contexto Barbosa Huerta asumió, el pasado 1 de agosto, la titularidad del Ejecutivo y ofreció un gobierno democrático, respetuoso de la división de poderes y de los derechos fundamentales, a través del cual –dijo– buscará la reconciliación de los poblanos. En el acto también anunció que se auditarán las gestiones del finado Rafael Moreno Valle Rosas, así como de Antonio Gali Fayad y del interino, Guillermo Pacheco Pulido, al revelar que la deuda pública estatal asciende a 40 mil millones de pesos y que existen sospechas de corrupción en obras y proyectos.

En esta coyuntura, la Universidad Iberoamericana Puebla presenta la Agenda institucional: de la reflexión a la acción, que hace una “radiografía” de la entidad y señala los principales problemas existentes, así como, en consecuencia, los retos que enfrenta el nuevo gobierno emanado de Morena. El documento, elaborado por académicos de la institución, plantea propuestas puntuales para hacer frente a cada una de las problemáticas abordadas, entre las que se encuentran: pobreza y desigualdad; política económica y economía social; democracia; violencia e inseguridad; medio ambiente; combate a la corrupción; educación; envejecimiento poblacional; derechos humanos; género e igualdad; migración; derecho a la información y cultura.

Este ejercicio académico se concreta en este momento de cambio de gobierno porque busca ser un insumo para los tomadores de decisiones y sobre todo porque quiere ser un acto de congruencia con la identidad de la Ibero Puebla como una universidad comprometida con la realidad, que dirige los esfuerzos de su labor educativa para construir diagnósticos y propuestas que ayuden a construir condiciones de vida más justas y dignas para las y los ciudadanos.

La universidad, agente de cambio social

La Ibero Puebla, como universidad confiada a la Compañía de Jesús, no puede estar al margen del contexto en el que está inserta; por el contrario, abreva de éste que, al mismo tiempo, la condiciona y la desafía a ser partícipe de los procesos que tienen lugar en la historia concreta.

Coincidimos con Ignacio Ellacuría SJ, quien sostenía que la universidad debe ser una institución que “entre decididamente en el interior de los procesos históricos de transformación” (Sols Lucía, 2016), aportando “elementos para entender la realidad y para transformarla” desde un modo de ser universitario (2016), es decir, a partir de un análisis científico riguroso y de la generación y contraste de ideas encaminadas a cambiar las situaciones y las estructuras que impiden que las personas vivan libre y dignamente.

La Agenda que ofrecemos es un aporte de nuestra comunidad universitaria al proceso de reconstrucción social y cambio político que Puebla tiene la oportunidad de llevar a cabo en los próximos años. Estamos convencidos que la transformación profunda que el estado requiere es responsabilidad de todos: actores políticos, sociales y privados y no sólo del gobierno en turno. El documento, entonces, pretende poner algunos ejes temáticos en la arena pública para discutirlos y que sirvan como insumos para la generación de políticas y proyectos para resolver las problemáticas existentes. Al presentarlo, además, ofrecemos nuestra abierta disposición para profundizar, deliberar y, a partir de ello, construir soluciones a problemáticas y procesos de enorme complejidad.

Deseamos colaborar en la búsqueda de soluciones porque estamos convencidos de que éstas requieren de dos ingredientes fundamentales: a) instituciones públicas sólidas que, bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, genuinamente dirijan su quehacer hacia la mejoría de las condiciones de vida de las personas y b) participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas y programas (Ibero Puebla, 2019).

Así, nos asumimos como ciudadanos dispuestos a participar activamente en los procesos históricos que vivimos, en plena consonancia con lo planteado por el General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa SJ: “Las instituciones bajo nuestra responsabilidad tienen conciencia de su papel ciudadano en los temas que afectan a la sociedad y no queremos para nada estar ausentes de esas discusiones, sino aportar como ciudadanos en una actitud de diálogo respetuoso y abierto. Nuestra comprensión de la realidad y nuestras propuestas para mejorarla deben ser parte de ese diálogo con la sociedad” (2018).

Puebla: rezagos y contrastes

La Puebla que Luis Miguel Barbosa gobernará los próximos años se caracteriza por enormes contrastes: por un lado, su capital es una metrópoli moderna que concentra costosos desarrollos inmobiliarios y atractivos turísticos, aunque con severos problemas urbanos y ambientales y, por otro, hay numerosos cinturones de miseria y regiones rurales al interior de la entidad que presentan grados de marginación significativos, carencia de servicios básicos y de acceso a salud, educación y vivienda.

La pobreza alcanza al 65% de la población estatal, pero se incrementa al 87% cuando se considera a la población con vulnerabilidad por ingresos o carencias (Coneval, 2016). Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en desigualdad (Coneval, 2014). Asimismo, la entidad, como el resto del país, enfrenta el reto de una población que envejece y que demandará nuevos servicios y equipamiento urbano adecuado para enfrentar este fenómeno.

El acceso a derechos fundamentales como la educación se complejiza debido a la dispersión poblacional y a la desigualdad prevaleciente. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.5, por debajo de la media nacional, que es de 9.2 grados. De igual modo, 8.3% de poblanos de más de 15 años son analfabetas y un 18% de jóvenes entre 15 y 29 años carecen de empleo y no están matriculados en ninguna institución educativa. Al tema del acceso hay que añadir el de la calidad de la educación que se imparte y el hecho de que la falta de continuidad en las políticas educativas ha impedido avances significativos en este rubro.

Por otra parte, la actividad económica estatal se ha visto afectada por la incertidumbre y la inestabilidad, y presenta problemas similares a los de otras regiones del país: dependencia de la inversión extranjera directa; economía informal y pocos apoyos para micros, pequeñas y medianas empresas locales.

La inseguridad y el aumento de la violencia también han afectado tanto la actividad empresarial como a la población en general, a tal grado que 8 de cada 10 personas se sienten inseguras en la entidad y el 66.7% la considera como el problema más importante (Inegi, 2018). En el primer cuatrimestre del año Puebla se colocó en el sexto lugar nacional en incidencia delictiva con 25 mil 446 presuntos delitos; en la cuarta posición en feminicidios con 18 (SESNSP, 2019) y en primer lugar en linchamientos tentativos y consumados (CNDH, 2019).

A esa situación se añaden los saldos del autoritarismo prevaleciente durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, que debilitó la división de poderes, colonizó a los órganos constitucionales autónomos, violentó derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta, y persiguió a críticos y opositores. El saldo: en la última medición del Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex, 2018) Puebla ocupa el lugar 27 de 32.

Riesgos y oportunidades

Como advierte esta sintética “radiografía” del estado, la complejidad de los problemas impone retos enormes al nuevo gobierno, pero también a toda la sociedad. Todo cambio político representa riesgos y oportunidades. Las condiciones de la realidad, pero también las dificultades institucionales que hereda este nuevo gobierno son de gran envergadura; en los últimos años el estado entró en una escalada de complejización que hoy compromete para las y los poblanos asuntos tan elementales como el ejercicio básico de derechos.

Ante ello, el gobierno de Barbosa Huerta podría significar un cambio real que, en los términos de la narrativa de la 4T, equivaldría a un cambio de régimen; sin embargo, no se debe soslayar que igual podría significar sólo una alternancia en el poder que se traduzca en un cambio de gobernantes y de colores de partido, pero no en un proyecto político, económico y social que ponga a las personas en el centro de su plan de gobierno y transforme para bien su realidad.

La experiencia a nivel nacional, después de ocho meses de gobierno de AMLO, aún no despeja dudas. Debemos decir que han existido luces y sombras; la experiencia de estos meses podría condensarse en una expresión: lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer.

Hoy por hoy, el mensaje más poderoso en el arranque del gobierno de Miguel Barbosa fue el apoyo del gobierno federal en su toma de posesión. No es un dato menor; Morena ya gobierna buena parte del centro y sur del país, donde además tiene mayoría legislativa. Sin embargo, el optimismo que despierta el enorme impulso que ello podría dar al nuevo gobierno en beneficio de los poblanos, queda ensombrecido a la vista de expresiones recientes como la Ley Garrido (Baja California) y la Ley Garrote (Tabasco) que dan cuenta del riesgo de que esa enorme cuota de poder se traduzca en retrocesos en agendas y derechos ganados por la sociedad mexicana, lo cual sería devastador en términos de calidad democrática.

La Ibero Puebla quiere contribuir con su Agenda para conjurar esas amenazas. Apostamos por un tiempo de transformación para Puebla y confiamos que el nuevo gobierno será fiel a su palabra y construirá una agenda progresista comprometida con el combate a la pobreza y la desigualdad, así como con el fortalecimiento del estado democrático de derecho.

Ibero Puebla. (2019, agosto). Agenda institucional de la reflexión a la acción. Ibero Puebla.

Sols Lucía, J. (2016, diciembre). “El pensamiento de Ignacio Ellacuría acerca de la función social de la universidad”. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, 192-782, 1-11.

Sosa SJ, A. (2018, julio 18). La Educación Jesuita Hoy, Encuentro del P. General, Arturo Sosa S.J. con educadores. Recuperado de https://bit. ly/2Ky7Bqj

*El autor es rector de la Universidad Iberoamericana-Puebla

Este ensayo se publicó el 11 de agosto de 2019 en la edición 2232 de la revista Proceso

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