Derroche y opacidad en la renta de las nuevas patrullas de la CDMX

La jefa de gobierno durante la entrega de las nuevas patrullas. Foto: Miguel Dimayuga La jefa de gobierno durante la entrega de las nuevas patrullas. Foto: Miguel Dimayuga

Hace poco más de un mes el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, se ufanó por sus nuevas patrullas (rentadas) en las que, dijo, se invertirán más de 3 mil millones de pesos en los primeros tres años de su gobierno. La funcionaria incluso presumió que ese programa es una muestra de transparencia, austeridad y cero corrupción. Lo cierto es que los vehículos son arrendados a una empresa –Total Parts and Components– a sobreprecio y el concurso de licitación fue restringido y opaco.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El pasado 1 de julio, un año después de los comicios que la llevaron a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre una inversión de 3 mil 299 millones 689 mil pesos para el arrendamiento de mil 855 patrullas por tres años.

Eso implica un ahorro de 221 millones de pesos al rentar los vehículos policiales por ese periodo, declaró públicamente Sheinbaum. Y aunque presumió que ese programa es una muestra de transparencia, austeridad y cero corrupción, el proceso fue opaco, sin una licitación pública, con un concurso por invitación restringida y hay sospechas de simulación y sobreprecio en el arrendamiento de los vehículos.

En diciembre de 2018, apenas estrenado el nuevo gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX compró 93 unidades Sedán Charger 2019 y pagó 678 mil 500 pesos por cada una, mientras que por cada uno de los mil 105 Sedán Charger modelo 2019 arrendados por un periodo de 36 meses, la administración de Sheinbaum deberá pagar 2 millones 189 mil 824 pesos. Es decir, pagará el triple por la renta que por la compra de cada una de las patrullas.

Sheinbaum y la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital, Luz Elena González Escobar, dijeron que el contrato se le adjudicó a la empresa mexicana Total Parts and Components, en un concurso al que presuntamente se invitó a las 11 arrendadoras más grandes del país.

Según González Escobar, el proceso de arrendamiento, incluido el sondeo de mercado, la convocatoria y las propuestas los firmaron por cada una de las aseguradoras.

Un mes después, la convocatoria del concurso aún no aparecía en la plataforma Tianguis Digital, donde la administración pública de la CDMX transparenta los procedimientos de contratación del gobierno; tampoco había registro del arrendamiento en la sección de compras públicas de Datos Abiertos de la capital.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2233, ya en circulación)

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