CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de pasar 11 años en la cárcel por matar a su agresor, a quien intentó denunciar por violencia de género, sin éxito, Yamel logró su libertad anticipada y ayer regresó con sus tres hijos. En un comunicado, la fundación Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLEGAL), que llevó el caso, consideró que el caso de Yamel es un ejemplo sobre la correcta implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en Baja California. En marzo de 2008, después de ocho años de relación y al menos cuatro en los que padeció violencia de género, Yamel terminó con la vida de su expareja, en medio de una discusión. La mujer tomó esa decisión porque, conforme la relación avanzaba, empezó a recibir cada vez con más frecuencia ataques verbales, físicos y psicológicos, incluso fue hospitalizada en más de una ocasión a causa de las golpizas que el hombre le propinaba. Tras un nuevo episodio de violencia, Yamel acudió al Ministerio Público de su localidad, en Baja California, pero las autoridades ministeriales se negaron a abrir la averiguación previa, con el argumento de que la denunciante “no tenía suficientes golpes”. Descorazonada, volvió a su casa y al círculo de violencia en el que vivía con sus tres hijos y el golpeador. De acuerdo con AsiLEGAL, el de Yamel es un caso significativo, dado que recuerda la posición de vulnerabilidad a la que son sometidas las mujeres en el sistema de justicia, “sin apoyo de ningún tipo, a razón de género, y con una absoluta negligencia para atender claras señales, repetidas, de violencia familiar y de género”. La fundación consideró que, durante el juicio por el homicidio calificado en relación de parentesco no consanguíneo, las autoridades ignoraron los elementos de abuso y aislamiento, en el contexto de violencia y adicción que la joven vivía y que fueron perpetuados por su pareja, además de la relación asimétrica en la que se encontraba sumergida con tres hijos y el hombre como único sustento económico. La aplicación de la perspectiva de género hubiera cambiado profundamente el futuro de la vida de Yamel, sostuvo. Sin embargo, en su juicio, los factores para extinguir la culpabilidad por defensa propia, y la de uno de sus hijos, no fueron suficientes y Yamel fue sentenciada a 16 años de cárcel en un Centro de Readaptación Social (Cereso) en Baja California. Luego de obtener el acompañamiento de AsiLEGAL, la organización logró reducir la pena a 11 años con cinco meses y seis días, gracias a la Ley Nacional de Ejecución Penal en Baja California. Según la organización, la audiencia de Yamel marca una pauta en torno la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en Baja California. “Se trata de una victoria prácticamente anunciada”, pues los acuerdos probatorios entre la fiscalía, defensa y representante del Cereso, consiguieron una audiencia fluida y cómoda. En ella, afirmó, cada una de las partes actuó “con buena fe” para promover un único deseo, que al terminó del análisis fue pronunciado por la juez de ejecución: “Salga y diga que la reinserción social sí existe”. AsiLEGAL también expresó que la audiencia de ejecución de Yamel es un ejemplo a seguir en torno a la correcta implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en Baja California, tras la cual podrá continuar su proyecto de vida. Y advirtió que los lastres sociales, los abusos y la incapacidad de responder a éstos pueden servir como recordatorio para las víctimas de lo que una pareja violenta puede destruir. Entrevistada por la organización, durante su primera cena en libertad, Yamel aseguró: “Es como volver a nacer, hasta el aire se respira diferente”. Añadió: “Por supuesto que lo que más me emociona es reunirme con mis hijos, pero también ya quiero poder hacer las cosas por mí misma. Ahí dentro todo lo hacen por ti. Ya no más. Me emociona aprender a vivir de nuevo, quiero trabajar, conseguir una casa y, en su momento, reunirme con mis niños”.