TOLUCA, Edomex. (apro).– Daniel García Rodríguez y Felipe Reyes Alpízar podrán llevar en libertad el proceso que se les sigue por el homicidio calificado de la exregidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamés Pérez, ocurrido en 2001. Un juez penal de primera instancia del Poder Judicial del Estado de México adscrito al Distrito Judicial de Tlalnepantla determinó procedente sustituir la prisión preventiva oficiosa por otras medidas cautelares. La revisión de la medida cautelar fue ordenada por el Tribunal de Alzada, en apego a tratados internacionales y en respuesta a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) y Amnistía Internacional. Los imputados esperan en prisión, desde hace 17 años, una sentencia que no se ha dictado. Con la medida, podrán seguir su proceso en libertad, pero deberán presentarse periódicamente a las audiencias, no podrán salir de la entidad y portarán un brazalete electrónico. Además, no podrán tener contacto con los ofendidos o sus familiares, por lo que tampoco podrán acercarse a sus hogares. Adicionalmente, a los ofendidos se les concedieron medidas de protección, como atención médica, psicológica y jurídica. El juzgador detalló que las medidas se aplicarán inmediatamente a los procesados, pero el brazalete electrónico les será colocado hasta agotarse los requisitos para su colocación ante la autoridad penitenciaria.   Denuncian tortura La defensa denunció “graves violaciones de los derechos humanos” de sus representados, pues fueron detenidos de manera arbitraria, sometidos a tortura, se violó el debido proceso, no fueron juzgados en un tiempo razonable y la prisión preventiva ha implicado un plazo excesivo. En tanto, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que Daniel García fue detenido por negarse a firmar una declaración que le habían preparado para señalar presuntos actos de corrupción del expresidente municipal y el presidente municipal electo para el periodo 2000-2003 en Atizapán de Zaragoza, los panistas Juan Antonio Domínguez Zambrano y Salvador Vázquez Herrera, quienes fueron sus jefes. Reyes Alpízar Ortiz fue detenido “sin orden de presentación ni de aprehensión” el 25 de octubre de 2002, en Tlalnepantla, cuando esperaba el autobús que lo llevaría a su casa, en el estado de Hidalgo. Además, fue presuntamente sometido a golpes, descargas eléctricas, asfixia, quemaduras, inyecciones, entre otras formas de tortura, para obligarlo a firmar una confesión prefabricada –en la que acepta acompañar al asesino de la edil– sin conocer su contenido, al grado que tuvo que ser solicitada una ambulancia de la Cruz Roja para trasladarlo al hospital especializado en traumatología, pero el Ministerio Público hizo constar que sólo fue llevado para medirle la presión sanguínea.