Ecos del caso “Lava Jato”: El turbio proceder del juez que condenó a Lula

Lula. La detención. Foto: AP / Leo Correa Lula. La detención. Foto: AP / Leo Correa

La trayectoria de Sergio Moro –el juez que condenó a Lula por el caso Lava Jato y ahora es ministro de Justicia de Jair Bolsonaro– empezó a ser cuestionada hace un mes, cuando se dieron a conocer varias de las conversaciones que mantuvo con el fiscal Deltan Dallagnol para condenar al exmandatario. Desde que el célebre bloguero Glenn Greenwald comenzó a publicar el intercambio de mensajes entre esos personajes se descubrieron las artimañas jurídicas del exjuez para frenar la carrera de Da Silva.

RÍO DE JANEIRO (Proceso).- En abril de 2016 Brasil estaba en un momento de los más críticos de su historia reciente. La presidenta Dilma Rousseff­ –reelegida un año y medio antes– luchaba para evitar su destitución. En el polémico juicio político que el Congreso le siguió un mes después estuvo acompañada por Luiz Inácio Lula da Silva, su mentor y predecesor.

Pese al músculo exhibido en el Parlamento por el Partido de los Trabajadores (PT) –que llevaba 13 años al mando de la mayor economía de América Latina– las opciones de Rousseff se desvanecían con la misma cadencia con la que los fiscales de la operación llamada Lava Jato (lavado de autos) lanzaban, semana tras semana, operaciones para arrestar por corrupción a militantes de ese partido.

Con la destitución de Rousseff, el 12 de mayo de 2016, el PT inició su descenso a los infiernos. El 7 de abril de 2018 tocó fondo con la encarcelación del propio Lula, quien fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción.

La calurosa tarde de ese 7 de abril en Sao Bernardo do Campo, en una manifestación organizada a las puertas del Sindicato de los Metalúrgicos de esa ciudad industrial, el exmandatario lanzó a sus seguidores una promesa antes de entregarse a la policía: “¡Saldré de ésta más fuerte, más verdadero e inocente!”.

Pero mientras el PT repetía públicamente una y otra vez que todo aquello era el resultado de un “golpe” para sacarlo del poder y de esta forma dar un giro de 180 grados a su política de desarrollo social, en las calles de todo el país las cosas se veían de otra forma. Millones de ciudadanos salieron a exigir a la justicia que interviniera y encarcelara a políticos para, de esa forma, detener la sangría de la corrupción y la impunidad.

En ese polarizado escenario una figura pública –la del juez Sergio Moro– parecía tener el apoyo incondicional de las masas. Considerado uno de los personajes más populares de todo el país por su cruzada contra la corrupción, el magistrado era vitoreado al grito de “héroe” en manifestaciones, mientras sus conferencias sobre cómo combatir ese mal endémico en América del Sur llenaban salas de universidades y anfiteatros en Brasil y en el extranjero. Incluso fue invitado al Foro Económico Mundial de Davos.

Un juez parcial

Sergio Moro dejó de ser juez. Abandonó la carrera para ser nombrado ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro y ahora enfrenta un futuro incierto. El antiguo magistrado está inmerso en innumerables polémicas por la revelación de cientos de mensajes privados, según los cuales presuntamente violó la ley para condenar a Lula, manipulando incluso a la opinión pública en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre de 2018.

Un error en el sistema de seguridad de la aplicación de mensajería Telegram fue la puerta de acceso por la que un grupo de piratas informáticos –de al menos cuatro personas– accedió a las conversaciones privadas de un millar de altas autoridades brasileñas (se especula que el propio Bolsonaro fue pirateado, pero hasta la fecha no se han revelado mensajes suyos).

Los ciberpiratas, quienes al parecer actuaron por dinero y no tienen ninguna filiación política, fueron arrestados por la Policía Federal el pasado 26 de julio. Para esas fechas miles de conversaciones comprometedoras que Moro mantuvo durante años con los fiscales de la Lava Jato, en particular con el coordinador de la operación, Deltan Dallagnol, se habían filtrado a la prensa.

El material llegó a manos de Glenn Green­wald, un abogado y bloguero estadunidense, cofundador de The Intercept –un portal que publica investigaciones periodísticas en inglés y portugués–, y comenzó a publicarlo de manera escalonada desde hace un mes. La información ha tenido gran repercusión en Brasil.

Greenwald, residente de Río de Janeiro, es un contumaz reportero acostumbrado a lidiar con casos que involucran a los estamentos más altos del poder. En 2013 fue quien reveló –gracias a la filtración del exagente de la CIA Edward Snowden– la existencia de un sistema mundial de vigilancia de las telecomunicaciones orquestado por Estados Unidos y el Reino Unido.

Por el momento, el conjunto de mensajes revelados muestra la falta de imparcialidad de Moro a la hora de juzgar a los cientos de imputados por el mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas en Brasil, incluido Lula.

En uno de los mensajes, Dallagnol le escribe a Moro para comunicarle que en breve presentará la denuncia criminal contra Lula. El 14 de diciembre de 2016 el entonces juez responde con un emoticón representando una cara feliz, y añade: “Un buen día finalmente”.

En otro, fechado el 7 de diciembre, Moro le escribe a Dallagnol para sugerirle una fuente que habría participado supuestamente en la elaboración de “escrituras (de inmuebles) para transferencias (supuestamente ilegales) de propiedad de uno de los hijos del expresidente (Lula)”:

“Aparentemente la persona estaría dispuesta a dar información. Estoy pasándotela. La fuente es seria”, dice Moro. El fiscal responde: “¡Gracias! Haremos el contacto”; y el otro remata: “Serían decenas de inmuebles”.

Días después Dallagnol llamó a “la fuente” pero ésta no quiso testificar. El representante del Ministerio Público le escribió entonces a Moro: “Estoy pensando incluso en pedir una citación oficial con base en noticia apócrifa”.

El interrogatorio de Moro a Lula, el 10 de mayo de 2017, que acaparó la atención de todo el país, fue también objeto de intenso debate entre los miembros del Ministerio Público que comandan la Lava Jato y el magistrado, una situación incompatible con las prerrogativas de cualquier juicio justo en un estado de derecho.

La estrategia de los abogados de Lula fue siempre la de negar las acusaciones de desvíos y atribuir a la fiscalía una manía persecutoria con tintes políticos contra el expresidente, a quien, según ellos, se pretende condenar sin pruebas.

Esa estrategia no le gustó a Moro. El mismo día del interrogatorio, horas después de la exhibición en televisión de los videos de su tensa audiencia con Lula, el magistrado pidió a uno de los fiscales de la Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, “editar una nota (pública) aclarando las contradicciones de la declaración (del expresidente) con el resto de las pruebas o con su declaración anterior”.

Y, para justificar el pedido, añadió: “porque la defensa (de Lula) ya hizo su ‘espectaculito’”.

Para numerosos expertos y juristas, los mensajes revelan una conducta inapropiada de Moro, cuya imparcialidad como juez fue cuestionada cuando aceptó el cargo de ministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro meses después de condenar a Lula, quien fue inhabilitado políticamente cuando lideraba las encuestas para las presidenciales de octubre de 2018.

La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) expresó “perplejidad y preocupación” al constatar que Moro actuó con la fiscalía para cambiar el orden de las operaciones y, de esta forma, beneficiar la agenda­ política de su conveniencia, además de dar consejos sobre cómo formular denuncias o incluso anticipar cuál sería su veredicto en al menos un proceso.

“No se puede obviar la gravedad de los hechos, lo que exige investigación plena, imparcial y neutra en la medida en que implican a miembros del Ministerio Público federal, exmiembros del Poder Judicial y la posible relación de promiscuidad en la conducción de acciones penales en el ámbito de la operación Lava Jato”, dijo la OAB, que pidió a Moro y Dallagnol renunciar a sus cargos.

“Por el tono de los mensajes parece que Moro participa en las investigaciones: quién va a ser interrogado, quién va a testificar, ir por fuentes”, opinó la abogada Gisele Truzzi, del gabinete Truzzi Abogados. En un artículo para O Globo, ella estima que los mensajes revelan una amistad o cercanía entre Moro y Dallagnol que compromete la neutralidad que se le exige a un juez.

Moro, quien ha recibido un tímido apoyo de Bolsonaro –algo que muchos interpretan como una estrategia política para anular cualquier posibilidad de que el exmagistrado sea candidato a la Presidencia en 2022–, niega las irregularidades y acusa a la prensa de ser “cómplice de criminales” al publicar los mensajes privados obtenidos por los piratas informáticos.

“Está claro que uno de los objetivos es anular condenas, entre ellas la de Lula”, aseguró Moro, que ve detrás de la publicación de los mensajes un intento de los estamentos políticos tradicionales de Brasil para acabar de una vez por todas con la operación Lava Jato.

Apoyos para Lula

Desde que fue condenado en julio de 2017 y encarcelado nueve meses después por recibir un departamento de tres pisos y su reforma por parte de la empresa constructora OAS como supuesto pago de favores, Lula recibió numerosos apoyos dentro y fuera de Brasil de personajes que creen que es víctima de un complot para inhabilitarlo políticamente.

La revelación de los mensajes de Moro y Dallagnol ha reforzado ese argumento, y la semana pasada un grupo de profesionales del mundo jurídico –entre ellos el exministro de la Suprema Corte y exprocurador General de México, Diego Valadés– firmaron un manifiesto –que Proceso publicó en su página en internet el lunes 12– en el que denuncian que “Lula no fue juzgado, fue y sigue siendo víctima de una persecución política”.

El mismo lunes 12 los abogados de Lula presentaron ante el Supremo Tribunal Federal una petición de habeas corpus para anular la condena, así como los demás juicios en curso contra él. Piden que el exmandatario sea puesto en libertad, y que los fiscales de la operación Lava Jato –cuya actuación está siendo investigada por las autoridades– sean declarados parciales, quedando así fuera de juego.

Los abogados de Lula, quien dijo recientemente que prefería pasar 100 años en prisión que “cambiar su libertad por su dignidad”, ya presentaron numerosos e infructuosos recursos ante la mayor instancia judicial del país, pero los vientos pueden ahora haber cambiado a su favor. Por el momento dos de los 11 jueces ya expresaron duras críticas a Moro y a los fiscales tras las revelaciones.

La eventual salida de Lula de prisión supondría un obstáculo para los planes de Bolsonaro, quien con ocho meses de mandato no cesa de acumular polémicas y corre el riesgo de llevar al país a una nueva recesión económica.

La eventual salida de prisión de Lula como “víctima de una injusticia” reforzaría la imagen y el carisma del político más popular del país, quien podría armar una oposición al presidente de extrema derecha.

Este reportaje se publicó el 18 de agosto de 2019 en la edición 2233 de la revista Proceso

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