Agricultores denuncian que pagan hasta 150 mil pesos por corralón y grúas
PUEBLA, Pue. (apro).- Productores de hortalizas de la zona de Tecamachalco denunciaron que, además de ser víctimas de constantes robos de sus vehículos y cosechas por parte de la delincuencia organizada, padecen abusos por parte de las autoridades estatales que los obligan a pagar hasta 150 mil pesos por corralón y arrastre de grúa cuando las unidades son recuperadas.
Armando Lozano, representante de los productores, señaló que a diario en esa zona se registran entre cinco y seis robos ya sea de los vehículos o de las cargas, lo que ha generado graves problemas para esta zona productiva.
En el distrito de riego de Tecamachalco, al mes se exportan a Estados Unidos alrededor de 500 tráileres de producción de cilantro, actividad que genera más de 40 mil empleos.
Elías Zárate, representante legal de exportadores de hortalizas, denunció que los agricultores de esa región son doblemente víctimas, pues no sólo padecen a la delincuencia organizada que asola el llamado “Triángulo Rojo”, sino además sufre por la aparente complicidad que se da entre la Fiscalía del Estado y el servicio de grúas.
Narró el caso de un productor llamado Edgar Ortiz a quien le roban un tractocamión, pero dejan en el lugar sólo la caja refrigerante y que cuando acude al Ministerio Público, los empleados de la Fiscalía le insisten en que no presente denuncia pues su mercancía está a salvo en la caja y que lo mejor que puede hacer es ir al corralón para recuperarla.
“Pero cuando llega al corralón de las grúas Bolaños, que son las que operan en la zona, se encuentra con que tiene que pagar 80 mil pesos por el remolque de dos kilómetros que se hizo del termoquin, es decir, lo que no le quitó la delincuencia, se lo van a quitar los propietarios de las grúas”, relató.
Otro caso que mencionó es una compañía de gas que opera entre Tehuacán y Tecamachalco, a la cual le han robado 11 vehículos, los cuales ya tienen en el corralón más de año y medio, pero que la empresa no los puede liberar porque a la fecha la suma adeudada alcanza los 3 millones de pesos.
Además, refirió que las personas y empresas afectadas por este tipo de situaciones se enfrentan al problema de que la empresa Bolaños se niega a expedirles factura por los cobros que les hacen para recuperar sus vehículos robados, por lo que presume que podría haber una situación de evasión de impuestos.
El señor Justo Galicia narró que hace tres meses sujetos armados lo despojaron de un camión torton que utiliza para comercializar abonos en la región.
A la media hora de que se lo quitaron, el camión apareció chocado en la misma carretera, por lo que tres horas después ya estaba en el corralón.
Cuenta que ahora no sólo le cobran 60 mil pesos por el arrastre, sino que también le piden que pague los daños que generó el vehículo en el accidente, aunque presentó denuncia por el robo.
El activista Hilario Gallegos dijo que hay elementos para presumir que hay una complicidad entre las bandas delincuenciales, la Fiscalía del Estado y la empresa operadora de las grúas, pues apenas ocurren los robos y en un par de horas las unidades ya están en los corralones.
Indicó que los cobros son tan altos que muchos de los productores ya no pueden recuperar sus vehículos que necesitan para comercializar sus cosechas y tienen que rentar unidades que les elevan los costos de producción y los están llevando incluso a la quiebra.
Los agricultores pidieron la intervención del gobierno estatal para acabar con estas prácticas que surgen a la par de que las bandas del crimen organizado se asientan en la región para operar el robo de combustible a Pemex.
Ahora, la actividad del huachicol se ha reducido por el cierre de los ductos, pero los grupos delictivos mudaron sus actividades al robo en carreteras, donde los productores de hortalizas son una de las principales víctimas.
Uno de los productores comentó que cuando les roban las cosechas que ya van empacadas y listas para exportación, las bandas delictivas llegan con plásticos para emplayar y etiquetas que usan para sobreponer en los empaques de los productos y los comercializan bajo otra razón social. Incluso presumen que de esta forma igual los exportan a Estados Unidos.