MADRID (apro).- El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, citó a declarar a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como imputadas en el caso Púnica, que investiga el posible financiamiento ilegal del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid. El magistrado también acusa a la empresa Indra como persona jurídica, así como a su expresidente Javier Monzón. El próximo 4 de octubre tendrán que pasar por el Juzgado. En esta nueva decisión del magistrado sobre la mega-causa Púnica, que inició en febrero de 2014, se busca conocer el papel de las dos lideresas políticas en la trama de corrupción liderada por el exconsejero madrileño Francisco Granados, y en el financiamiento del partido entre 2003 y 2011, período en el que la influyente política Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid. Hasta ahora hay 40 políticos y funcionarios públicos imputados, además de tres expresidentes de la Comunidad de Madrid: Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, todos ellos del PP de Mariano Rajoy. El auto del juez es demoledor al considerar que Esperanza Aguirre ejercía la “supervisión” de la supuesta caja b del partido en Madrid, por lo que la acusa de posibles delitos de organización criminal y malversación de caudales públicos, entre otros. De igual manera, el documento señala que Aguirre fue quien en la administración madrileña impulsó a sus manos derechas: Francisco Granados, ya sentenciado por la causa Púnica, e Ignacio González, quien está siendo procesado por el caso Lezo, que involucra entre otros a altos directivos de OHL y su filial en México. A su vez, Cifuentes está imputada por la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández. El juez amplía las imputaciones a dos exconsejeros de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela y Juan José Güemes, dentro de una lista de 40 altos funcionarios, responsables políticos y directivos de empresas. Desde que estalló el escándalo del caso Púnica, Esperanza Aguirre trató de deslindarse y aseguró que no supo de la trama de corrupción para financiar al PP en campañas electorales, y consideraba que a sus consejeros le habían “salido ranas”. Sin embargo, esta es la primera vez que la justicia española la implica directamente. Un informe de la Guardia Civil fechado en marzo pasado implicaba a Aguirre en las presuntas maniobras para financiar ilegalmente las campañas electorales del PP en la Comunidad de Madrid en los años 2003, 2007 y 2011.