CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la orden dictada por un Juzgado Federal para restituir a Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el servicio de escoltas y la protección que se le concedió desde septiembre de 2016. El excolaborador de Enrique Peña Nieto, acusado de sembrar pruebas en el caso Ayotzinapa y quien supuestamente ayudó a construir la llamada “verdad histórica”, tiene asignados con cargo al erario público a 24 escoltas, cuatro carros blindados y cuatro más con cargo al erario público, que le brindan servicio a él y a su familia. Originalmente esa protección se la asignó la Procuraduría General de la República (PGR) hasta el año 2021, según los acuerdos acuerdos A/091/2019 y A/070/2018, expedidos por el entonces procurador Alberto Elías Beltrán, quien actualmente es investigado por la justicia mexicana. Sin embargo, luego de asumir la titularidad de la nueva FGR, Alejandro Gertz Manero decidió retirarle la protección a Zerón de Lucio, el pasado 27 de junio. Dos semanas después el exfuncionario federal impugnó “actos fuera de juicio” por la “orden de retiro del servicio de escolta y seguridad” que ordenó la FGR, según el expediente 1004/2019. Tras una primera negativa y posterior confirmación, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encabezado por Laura Gutiérrez de Velasco, confirmó concederle medidas precautorias contra el retiro de la escolta, por considerar que, de no hacerlo, Zerón y su familia corren peligro. “De no concederse la suspensión contra del retiro del otorgamiento del servicio de protección y seguridad que requiere la parte quejosa (...) se les podría causar daños irremediables (a él y a su familia) sobre su vida, seguridad e integridad, por el peligro latente que corren aquellos exservidores públicos que ocuparon un cargo en un área estratégica de seguridad nacional”, detalló. En respuesta, la FGR solicitó formalmente retirar la protección mediante un recurso de revisión, de acuerdo con un oficio presentado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa. “Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de suspensión en que se actúa”, se lee en la notificación de la impugnación.