En la 4T, despidos a rajatabla y sin diagnósticos

Una de las varias protestas que se han dado afuera de Palacio Nacional. Foto: Miguel Dimayuga Una de las varias protestas que se han dado afuera de Palacio Nacional. Foto: Miguel Dimayuga

La burocracia federal ha sufrido en carne propia la reducción del gasto gubernamental que el presidente López Obrador prometió desde su campaña electoral. Prácticamente todas las dependencias han recortado plazas, de preferencia las de honorarios, pero también de confianza y de todos los niveles salariales. La drástica medida provoca las protestas de miles de exempleados públicos, que se suman a las de los afectados por la eliminación o sustitución de al menos 18 programas sociales.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Laura Lara fue despedida como inspectora federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en plenas vacaciones de diciembre de 2018. Con un mensaje de WhatsApp fue notificada de que debía presentarse a firmar su baja. Paradójicamente, su trabajo era velar los derechos de los trabajadores. Su sueldo no llegaba a los 10 mil pesos.

Ella es una más de cientos de trabajadores del Estado, como decenas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Sector Salud, el programa Prospera y Notimex, que de diciembre a julio protestaron afuera del Palacio Nacional en contra de los recortes gubernamentales.

En los primeros nueve meses de su administración, Andrés Manuel López Obrador hizo de la austeridad su sello de gobierno.

De diciembre de 2018 a julio de 2019 se dio por terminada la relación laboral de 7 mil 837 trabajadores de base, confianza y honorarios de la administración pública federal, de acuerdo con información pública y datos obtenidos vía transparencia de 17 dependencias, organismos descentralizados e instituciones de gobierno.

Aunque el presidente ha asegurado que las medidas están enfocadas en eliminar los “privilegios” y erradicar los abusos, pues los altos funcionarios incluso cargaban las cirugías plásticas al seguro de gastos médicos (“se estiraban a costa del erario”), las dependencias han aplicado indiscriminadamente los recortes, afectando también a trabajadores de base y operativos.

Un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado, titulado El alcance de los objetivos de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que estas medidas para adelgazar el aparato burocrático se han realizado sin diagnósticos ni evaluaciones:

“La reducción de la plantilla laboral, por ejemplo, pareciera ser una medida cuya instrumentación se plantea como homogénea sin que exista un diagnóstico organizacional que permita identificar las necesidades particulares en materia de recursos humanos que se requieren para el cumplimiento óptimo de las funciones encomendadas a cada dependencia o entidad.”

Muestra de ello es que la Secretaría de Salud eliminó a decenas de directores, subdirectores y jefes de área, pero también a trabajadores de soporte y administrativos. De los mil 104 trabajadores que fueron dados de baja del 1 de diciembre al 15 de julio, 17 tenían un sueldo bruto de más de 200 mil pesos, 89 superior a 100 mil pesos, 174 entre 100 mil y 60 mil pesos, 392 entre 60 y 30 mil pesos, y 432 ganaban menos de 30 mil pesos brutos.

“Dado que el énfasis de la reforma está en la promoción del valor de la austeridad en el sector público, es importante que una instrumentación se acompañe de un diagnóstico claro de la situación de las distintas dependencias y entidades”, añaden las autoras del estudio citado.

De las casi 8 mil bajas totales contabilizadas con información pública, la mayoría fue reportada como “renuncia” y las restantes como sujetas al “programa de separación voluntaria”, “despidos” o “terminación de contrato”.

Sin embargo, algunas dependencias, como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), omitieron brindar la información requerida y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) manifestó su incompetencia al responder que no existe la información solicitada.

A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respondió que no tenía registro de bajas por las “medidas de austeridad del gobierno”, pese a que en febrero empleados sindicalizados de la dependencia protestaron ante el Palacio nacional por los “despidos masivos”.

A la fecha no se tiene una cifra oficial del número total de despidos. El presidente dijo en su conferencia matutina del 3 de julio que su gobierno daría la cifra de los funcionarios de “alto nivel” que salieron de sus puestos, pero eso no ha ocurrido. Ese día estimó que los despidos “no llegaban ni a 3 mil” y justificó las críticas por los recortes asegurando que “hay muchas resistencias”.

Sin embargo, la cifra de los despidos puede ser superior. El 30 de mayo la SFP dijo que la administración pública federal incluye 1 millón 320 mil 175 puestos y que 8% de ellos (113 mil) es personal de confianza de mando y enlace, que sería el afectado por los recortes.

Además, informó que se habían reducido 34% de las plazas por honorarios al 15 de mayo, al pasar de 14 mil 807 a 9 mil 726, es decir, que 5 mil 81 trabajadores perdieron sus empleos.

El temido memorándum

El pasado 19 de agosto López Obrador negó que su política de austeridad sea la responsable de miles de despidos. Durante su conferencia matutina de ese día fue cuestionado por los recortes en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex). El presidente culpó “a los conservadores” de distorsionar la realidad:

“Resulta que los conservadores, nuestros opositores, han convertido la austeridad en limitaciones de lo fundamental, es decir ‘hay austeridad y por eso no hay medicinas, hay austeridad y por eso no se están renovando los equipos médicos en hospitales, hay austeridad y por eso se está despidiendo a trabajadores’. Falso, falso.”

Prosiguió: “Claro que hay inconformidad. Los que vivían sin trabajar, los que ganaban hasta 700 mil pesos mensuales, pues están inconformes, pero se tienen que ir dando cuenta de que ya no puede ser lo mismo”.

López Obrador dijo que la austeridad es que los funcionarios aprendan a vivir en la justa medianía, como decía Benito Juárez, y que “no tiene nada que ver con despedir trabajadores”. A decir del presidente, había muchos “burócratas” que se mantenían en el gobierno “para simular que se apoyaba la ciencia, la tecnología, lo que está de moda, la innovación tecnológica”.
Por eso reclamó: “Basta de manipulación”.

No obstante, en muchas otras oficinas gubernamentales no se evaluó el desem­peño de los empleados para separarlos de sus puestos. La decisión respondió al cumplimiento del memorándum presidencial del 3 de mayo, que se convirtió en la regla de oro de la austeridad.

Esa orden señalaba que los recortes se tenían que hacer sin afectar a trabajadores de base, pero que antes del 31 de mayo deberían eliminarse “las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que fueron creadas injustificadamente durante el gobierno de Felipe Calderón” y desocuparse las plazas que no habían sido autorizadas por el gobierno.

En cumplimiento de esa instrucción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó en julio que devolvió 535 plazas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “en apego a las medidas de austeridad y la restricción presupuestal”.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) promovió un ajuste estructural para reducir gastos de operación y generar ahorros a la federación. Se trató de la indemnización de 688 servidores públicos, de un total de mil 85 que ocupan plazas vinculadas al Servicio Profesional de Carrera en las distintas entidades federativas. Según la Sader, a 288 se les ofreció regresar a su plaza de base reservada.

Pero los ajustes comenzaron desde la llegada de la actual administración. En diciembre y enero, el SAT despidió a casi 2 mil trabajadores luego de un “análisis organizacional que busca evitar duplicidades de funciones”, mientras que Petróleos Mexicanos (Pemex) acordó desde el 26 de marzo reducir su plantilla laboral en 341 plazas, luego que su consejo de administración aprobó fusionar sus empresas subsidiarias: Pemex Perforación y Servicios con Pemex Exploración y Producción (PEP), y Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) con Pemex Etileno.

“En administraciones pasadas se fragmentó a Pemex en diversas filiales, aumentando la burocracia y los gastos de la empresa, por lo que la actual administración se ha dado a la tarea de fusionar distintas empresas subsidiarias a fin de mejorar prácticas corporativas”, señaló la empresa productiva del Estado en un comunicado.

Para compactar el gobierno, reducir gastos burocráticos y combatir el despilfarro, además del mencionado memorándum la administración lopezobradorista echó mano de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobada a finales de 2018, y de la Ley de Austeridad Republicana, que será avalada en septiembre por la Cámara de Diputados. Dicha ley pone límites al gasto público y permite que esos ahorros sean destinados “a proyectos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo” o al destino que “por decreto” el presidente determine.

Programas recortados

Desde su campaña presidencial, López Obrador anunció que había demasiados programas sociales, por lo que algunos se fusionarían y otros desaparecerían. En el gobierno de Enrique Peña Nieto había 150 de esos programas y cuando terminó su sexenio el número de pobres era de 52.4 millones, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“Partimos de la concepción de que la política social asistencialista basada en la focalización y asignación de subsidios condicionados está agotada, ya que, a pesar de que ha contenido el crecimiento de la pobreza extrema, el número de personas en condiciones de vida precarias es casi idéntico al que había hace 25 años”, respondió López Obrador al Coneval durante la campaña, el 11 de junio de 2018.

En estos nueve meses del autodeterminado gobierno de la Cuarta Transformación, se han eliminado 18 programas sociales implantados en sexenios anteriores y se crearon 14 nuevos, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, según un análisis del Coneval.

De la Secretaría de Bienestar se eliminaron programas como el de las Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadores, que fue sustituido por una ayuda económica con el Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras; el de Atención a Jornaleros Agrícolas; Empleo Temporal (PET), que era operado por la SCT y Semarnat, y los Comedores Comunitarios que en la Ciudad de México fueron rescatados por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, aunque con cambios en su operación.

Además, López Obrador desapareció el programa Prospera, que sexenio tras sexe­nio cambiaba de nombre y apoyaba con servicios de salud, educación y nutrición a familias en pobreza extrema. En su lugar se creó el programa de Becas para el Bienes­tar Benito Juárez, con el que estudiantes recibirán una ayuda económica hasta la universidad.

De igual forma la Sader canceló el de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (Progan), y Sedatu los de Prevención de Riesgos, Consolidación de Reservas Urbanas y Apoyo a la Vivienda.

La Secretaría de Turismo (Sectur) desa­pareció el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable, y el de Pueblos Mágicos no recibió recursos en el presupuesto de la SHCP en 2019.

También desaparecieron Pro México, que según el presidente se usaba para “pagar favores” y en sus oficinas alrededor del mundo trabajaba “puro recomendado”, y el Fondo Nacional del Emprendedor (Inadem), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía (SE).

En los primeros nueve meses de gobierno, las polémicas medidas de austeridad han causado varias renuncias de alto nivel.

El 21 de mayo Germán Martínez dimitió como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, acusando una “injerencia perniciosa” de funcionarios de la SHCP que imposibilitan la operación del instituto y ponen “en riesgo la vocación igualitaria y de justicia y prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”.

El 9 de julio renunció el propio exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, porque, dijo en sus redes sociales, “en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia”.

En cambio, el extitular del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, fue removido de su cargo en julio pasado luego de que señaló que, de acatar una medida como la de no contratar personal eventual y reducir 69% de la plantilla laboral total, la institución prácticamente dejaría de funcionar.

Este reportaje se publicó el 1 de septiembre de 2019 en la edición 2235 de la revista Proceso

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